La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves mantener firme la sentencia que obliga a Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp., a pagar un crédito fiscal por 2 mil 868 millones 853 mil 516 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), monto que incluye el impuesto sobre la renta, el impuesto empresarial a tasa única, así como actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.
Por unanimidad, el pleno de la llamada “nueva Corte” avaló el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien revocó un acuerdo emitido en febrero por la entonces presidenta Norma Piña Hernández, que había admitido el amparo directo en revisión 276/2025 promovido por la minera. El fallo de Batres se dio al resolver el recurso de reclamación 105/2025 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La ministra explicó que la empresa solicitó aplazar la resolución del asunto bajo el argumento de que mantenía conversaciones con autoridades fiscales para llegar a un arreglo. Sin embargo, Batres precisó que “no existe ningún tipo de mecanismo alternativo de solución en la normativa aplicable”, por lo que la Corte desechó la petición de la minera.
La compañía canadiense alegó la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Código Fiscal de la Federación (CFF), al considerar vulnerados sus derechos a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia. No obstante, Hacienda sostuvo que el caso carecía de interés constitucional o excepcional, posición que la Corte respaldó.
En su resolución, el máximo tribunal consideró que el tema no implicaba una cuestión novedosa o de derechos humanos que justificara su revisión. “Respecto al artículo 92, fracción II, de la Ley del ISR vigente en 2012, no existe pronunciamiento excepcional, pues el sistema tributario permite desestimar los planteamientos de la quejosa”, señaló el proyecto.
Además, el tribunal recordó que la empresa ya había promovido otros amparos sobre los artículos 34-A y 36 del Código Fiscal y el 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales habían sido resueltos previamente por la Corte y su Segunda Sala. En consecuencia, no se acreditó el interés excepcional que justificara mantener abierto el recurso, y se revocó el acuerdo firmado por Piña Hernández el 10 de febrero pasado.
Operaciones en Zacatecas
La compañía First Majestic Silver Corp. inició operaciones en Zacatecas en enero de 2013 con la mina El Toro, ubicada en el municipio de Chalchihuites, en los límites con Durango. El entonces gobernador Miguel Alonso Reyes encabezó la inauguración de la primera etapa del complejo, junto con el director ejecutivo de la trasnacional, Keith Neumeyer, y el empresario Ramón Dávila Flores, director general de la filial mexicana.
En esa ocasión, la empresa anunció una inversión de 100 millones de dólares para poner en marcha el proyecto, que empleó a 750 trabajadores y proyectó la extracción diaria de mil toneladas de concentrado mineral, principalmente plata, plomo y zinc.
First Majestic reportó que la mina cuenta con una planta tratadora que permite recuperar 80 por ciento del agua utilizada en sus procesos, con el fin de reducir la contaminación de los mantos freáticos.
De acuerdo con datos corporativos, la compañía posee 70 concesiones mineras que cubren 2 mil 159 hectáreas alrededor de la mina Del Toro, y aunque en enero de 2020 suspendió temporalmente las operaciones de minería y molienda “para mejorar flujos de efectivo y márgenes de beneficio”, mantiene la propiedad total del yacimiento.
First Majestic, que cotiza en las bolsas de Toronto, Nueva York y Frankfurt, produjo en 2012 9.1 millones de onzas de plata, equivalentes a 6.5 por ciento de la producción nacional, con proyectos en Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México y Zacatecas.
Con esta resolución, la Suprema Corte pone fin a una disputa de más de una década entre la trasnacional canadiense y las autoridades fiscales mexicanas, al confirmar que la minera deberá cubrir el adeudo de casi 2 mil 900 millones de pesos, marcando un precedente en la fiscalización del sector extractivo en el país.
