Por unanimidad, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó diversos puntos de acuerdo, entre ellos el presentado por el diputado Alfredo Femat Bañuelos, mediante el cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a convocar un foro nacional de análisis sobre la iniciativa de Ley General de Aguas, con el fin de escuchar a los sectores sociales antes de su dictaminación. Asimismo, se aprobó la renuncia del maestro Francisco Enrique Pérez Compeán al cargo de magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con efectos a partir del 24 de agosto de 2025. Entre las iniciativas presentadas Jaime Emanuel Esquivel Hurtado propuso fortalecer la vigilancia y aplicar con rigor la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en espacios deportivos, ante los recurrentes actos de violencia registrados en estos lugares.
En sesión ordinaria de este 21 de octubre, el pleno aprobó el punto de acuerdo presentado por el diputado Alfredo Femat Bañuelos, mediante el cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a convocar un foro nacional de análisis y debate sobre la iniciativa de Ley General de Aguas enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo es que, en un ejercicio de parlamento abierto, se escuchen las voces de los sectores sociales involucrados antes de dictaminar la propuesta federal.
Durante la sesión, se recordó que la iniciativa presidencial busca fortalecer la rectoría del Estado en la administración de las aguas nacionales, reformar la actual Ley de Aguas Nacionales y expedir la nueva Ley General de Aguas. Sin embargo, legisladores zacatecanos expresaron que el tema ha generado preocupación entre productores agrícolas, ejidatarios y comuneros, por las implicaciones que podría tener para el uso del recurso hídrico en el campo.
Entre las inquietudes planteadas por los sectores rurales se mencionan la creación de un nuevo régimen sancionador con amplias facultades para la Autoridad del Agua, la imposición de multas de alto monto, la incorporación de nuevos tipos penales, el fin del régimen de transmisión de derechos entre particulares, así como la reasignación discrecional de volúmenes de agua y nuevas restricciones para la captación pluvial o el otorgamiento de concesiones.
Por su parte, el diputado Jaime Emanuel Esquivel Hurtado presentó una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a fortalecer la vigilancia y aplicar de manera estricta la normativa que prohíbe el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios deportivos públicos y privados de la entidad.
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que esta propuesta surge ante los constantes episodios de violencia registrados en unidades deportivas, que han dejado de ser espacios de sana convivencia para convertirse en escenarios de riñas y disturbios.
Advirtió que este tipo de hechos, además de ser preocupantes desde el punto de vista social, violan las leyes estatales vigentes. La Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de Zacatecas prohíbe expresamente la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios deportivos, mientras que la Ley de Justicia Comunitaria considera como infracción el consumo de alcohol en lugares públicos no autorizados.
Pese a ello, el legislador lamentó que exista permisividad institucional, lo que ha permitido que personas ingresen con bebidas alcohólicas a unidades deportivas, incluso en eventos donde participan menores de edad. Esta omisión, dijo, pone en entredicho la aplicación de la ley y afecta la confianza ciudadana en las autoridades encargadas de garantizar el orden público.
El Pleno también aprobó un exhorto dirigido a los 58 ayuntamientos de Zacatecas para que conformen de manera integral, funcional y operativa sus Órganos Internos de Control (OIC), con el fin de garantizar una supervisión efectiva en el uso de los recursos públicos.
Al presentar la propuesta, la diputada Ma. Teresa López García destacó que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en 2015, tuvo como objetivo establecer bases sólidas y uniformes para prevenir la corrupción, la discrecionalidad y la falta de transparencia en las instituciones públicas. En este sentido, explicó que los OIC municipales son piezas clave para consolidar una gestión pública honesta, al ser responsables no sólo de investigar y sancionar posibles irregularidades, sino también de promover valores éticos en el servicio público.
La legisladora enfatizó que, aunque la ley obliga a los municipios a contar con estos órganos, aún hay administraciones que presentan rezagos o carecen de una integración adecuada, lo que debilita los mecanismos de control interno.
Se aprobó también por unanimidad la renuncia del maestro Francisco Enrique Pérez Compeán al cargo de magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, efectiva a partir del 24 de agosto de 2025.
Finalmente, se presentaron dos iniciativas relevantes orientadas a la protección de derechos y la atención social. La diputada Dayanne Cruz Hernández propuso una reforma integral a diversas leyes estatales (entre ellas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes Orgánicas de la Administración Pública, de los Municipios, de la Feria Nacional de Zacatecas, de Cultura Física y Deporte, y de la Universidad Autónoma de Zacatecas) con el propósito de establecer la obligatoriedad de implementar Puntos Violeta en dependencias públicas, ferias, festivales, eventos culturales, deportivos o turísticos, así como en instituciones educativas.
Estos espacios seguros estarán destinados a brindar protección, atención y acompañamiento inmediato a mujeres que sufran o estén en riesgo de violencia, fortaleciendo la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y garantizando el derecho a una vida libre de violencia en todo el estado.
Por su parte, el diputado Pedro Martínez Flores presentó la iniciativa de Ley de Adopciones para el Estado de Zacatecas, con la finalidad de asegurar que niñas, niños y adolescentes crezcan y se desarrollen en un entorno familiar. Señaló que contar con un marco jurídico claro y con enfoque de derechos humanos permitirá evitar que menores permanezcan institucionalizados por tiempo indefinido y garantizará que todos tengan la oportunidad de integrarse a una familia que les brinde cuidado y estabilidad.
