La reciente publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) del Estado de Zacatecas marca un punto de inflexión en el andamiaje institucional local en materia de rendición de cuentas. Con la desaparición del extinto Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) y la creación del nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo de Zacatecas”, se abren nuevas expectativas y también complejos desafíos para garantizar el derecho ciudadano a saber.
Así lo expresó Norma Julieta del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien celebró la publicación de la nueva ley, aunque advirtió que “el reto principal será socializarla, que la gente sepa a quién reclamar cuando no se le entregue información”.
Del Río Venegas subrayó que esta nueva norma armoniza los principios de la LGTAIP, pero va más allá al incluir disposiciones con sentido social y operativo que responden a las necesidades específicas del contexto zacatecano. “Zacatecas se coloca a la vanguardia con una ley que no solo replica estándares nacionales, sino que los mejora con una visión de inclusión, austeridad y utilidad social de la información”, señaló.
Entre las innovaciones que destacó la comisionada se encuentra la redirección ágil de trámites no relacionados con transparencia hacia las unidades competentes, lo que simplifica procesos y evita la burocracia. Además, resaltó la implementación de acciones específicas para facilitar el acceso a grupos vulnerables, como personas con discapacidad o adultos mayores, mediante formatos accesibles y culturalmente pertinentes.
Otro avance relevante es la posibilidad de entregar grandes volúmenes de información en medios portátiles, como USB o discos compactos, con cuotas justas y opciones de gratuidad cuando el solicitante aporte sus propios dispositivos. “Es una medida progresiva que reduce barreras económicas y amplía la accesibilidad al derecho a saber”, precisó.
La ley también otorga facultades ampliadas a las autoridades garantes para ordenar respuestas a solicitudes ignoradas y realizar verificaciones oficiosas. Este cambio, explicó Del Río Venegas, agiliza los procedimientos de acceso a la información y fortalece la rendición de cuentas.
Asimismo, celebró la integración obligatoria de todos los municipios al Subsistema Estatal de Transparencia, con mecanismos de apoyo para localidades pequeñas que enfrentan limitaciones presupuestarias. “Esto garantiza equidad territorial y evita que la falta de recursos sea una excusa para negar el derecho de acceso a la información”, afirmó.
Otro punto clave es la promoción proactiva de información útil para la vida cotidiana, especialmente en temas de salud, seguridad y programas sociales, con el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la publicación y reutilización de datos. “La transparencia debe servirle al ciudadano, no quedarse en los portales institucionales”, subrayó.
Además, destacó la facultad de la nueva autoridad garante para realizar revisiones aleatorias de portales y emitir dictámenes vinculantes, un mecanismo que refuerza la supervisión y la certeza ciudadana frente al incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Un nuevo modelo institucional: Transparencia para el Pueblo de Zacatecas
La excomisionada reconoció que la creación del órgano Transparencia para el Pueblo de Zacatecas representa un cambio estructural derivado de la reforma constitucional local de 2024, que apostó por la simplificación orgánica y la eficiencia administrativa tras la desaparición del extinto Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).
Dicho órgano, adscrito a la Secretaría de la Función Pública, fungirá como autoridad garante principal del Poder Ejecutivo, con facultades para resolver recursos de revisión, realizar verificaciones oficiosas, atender denuncias, aplicar sanciones y promover la cultura de la transparencia. También brindará apoyo subsidiario a municipios pequeños y coordinará políticas integrales dentro del Subsistema Estatal de Transparencia, junto con los tres poderes y órganos autónomos.
Las disposiciones transitorias de la ley establecen que el titular de Transparencia para el Pueblo deberá ser nombrado por el gobernador en un plazo máximo de 15 días hábiles, mientras que el traslado de personal y recursos deberá completarse en 30 días. Paralelamente, la Secretaría de la Función Pública deberá ajustar su normatividad interna para que el nuevo órgano cuente con un marco operativo funcional desde el inicio.
Una estructura compleja
Sin embargo, también advirtió sobre la complejidad institucional que implicará la implementación de la nueva estructura. Según explicó, el modelo replicará en lo local lo ocurrido con la reforma nacional que sustituyó al INAI, dispersando las facultades en diversos órganos garantes.
Este esquema, dijo, podría generar confusión en la ciudadanía: “Antes, si un juez no te contestaba, acudías al IZAI. Ahora tendrás que recurrir a la unidad garante del Poder Judicial. Si es un diputado, al Congreso. Si es un sindicato, a la Junta de Conciliación. Es más complejo para el ciudadano, porque ya no sabrá a quién dirigirse”.
Además, precisó que el nuevo órgano desconcentrado no tendrá competencia sobre datos personales, ya que esa atribución quedará en manos de la Secretaría de la Función Pública, que también coordinará la Plataforma Nacional de Transparencia.
Retos y evaluación
Para Del Río Venegas, los principales retos del nuevo sistema son la socialización, la capacitación y la coordinación institucional. “La academia, los empresarios, los medios y los estudiantes deben entender el nuevo mecanismo. Si no se socializa, el ciudadano no sabrá ante quién recurrir cuando le nieguen información”, advirtió.
Por ello señalo que el principal indicador para medir la eficiencia del nuevo órgano será el número de recursos de revisión resueltos, especialmente aquellos que favorezcan al ciudadano. Recordó que, tras el proceso de entrega-recepción, el organismo inició sus funciones el 3 de junio y, de 499 recursos pendientes, desechó el 99 por ciento y solo resolvió uno, en favor de la dependencia.
Subrayó que las resoluciones deben emitirse en tiempo y forma, con análisis de fondo y no mediante desechamientos por tecnicismos o errores menores en las solicitudes. Enfatizó que la verdadera medición de la transparencia no está en el número de plataformas o campañas publicitarias, sino en los resultados concretos.
