En medio de reiterados cuestionamientos por la cancelación del viaducto elevado, el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, compareció ante la 65 Legislatura, la tarde de este martes, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila. Aseguró que el caso del viaducto “seguirá el mismo procedimiento que cualquier otra obra”, y que cuando se cumplan los tiempos procesales se practicarán las auditorías correspondientes.
“Si alguien piensa que vamos a proteger o a ocultar algo, eso no va a pasar”, dijo. “Nunca fuimos alcahuetes de la corrupción”, enfatizó el funcionario.
La petista Renata Ávila resaltó por citar el informe escrito, al señalar en la página 45 la realización de 30 fiscalizaciones directas a dependencias estatales “sin precisar cuántas derivaron en sanciones o recuperación de recursos”; en la página 37, la existencia de comités de ética “sin indicadores de desempeño”; y en la página 55, la creación del Museo Virtual de la Corrupción “sin datos sobre acciones efectivas”. “La fiscalización sin consecuencias es mero procedimiento administrativo”, advirtió. También pidió saber qué porcentaje de contratos públicos se adjudicaron por licitación y qué resultados ha tenido el protocolo de atención a denuncias por acoso dentro de la dependencia.
González Romo respondió que el protocolo “ya se aplica y es de los más avanzados del país”, elaborado por servidoras públicas de la Secretaría, e informó que los casos de obra pública con participación migrante son revisados con “mayor rigor”. Sobre los comités de ética, indicó que se continúa su integración en coordinación con la Secretaría de la Honestidad federal.
El diputado Eleuterio Ramos Leal (PRD) cuestionó el proceso de sustitución del Izai, pidiendo garantizar que no exista retroceso en el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. El secretario aseguró que las unidades de transparencia “mantienen todas sus facultades” y que la desaparición del instituto “no implica extinción del derecho ciudadano”.
Añadió que durante un tiempo él mismo fue “el mayor solicitante de información pública en Zacatecas” y que su compromiso es mantener una institución de avanzada que conserve ese derecho.
Recordó que los entes públicos están obligados a entregar la información solicitada y mantener actualizados sus portales.
Informó que durante la administración se han atendido 16 mil 811 solicitudes de información con 99% de cumplimiento, y que se prepara una Ley de Transición Gubernamental para digitalizar los procesos de entrega-recepción y fortalecer la trazabilidad de los documentos.
El morenista Martín Álvarez Casio abordó la coordinación con los municipios y mencionó el caso de un ciudadano de Fresnillo al que se le cobraron 25 mil pesos por copias de facturas solicitadas vía transparencia. González Romo confirmó el hecho y dijo que se trató de “una violación al derecho de acceso a la información”, recordando que las copias simples cuestan 20 centavos y que las solicitudes digitales “no deben generar cobro alguno”.
El panista Jesús Badillo, a quién el funcionario le señaló deficiencias lectoras, preguntó cuántas investigaciones se han iniciado por la obra cancelada del segundo piso, cuántos expedientes están en trámite y qué medidas existen para impedir que los responsables ocupen nuevamente cargos públicos. González Romo respondió que “el viaducto llevará el mismo procedimiento que cualquier otra obra, con la misma celeridad y transparencia”, y reiteró que “no se protegerá a nadie”.
El priista Carlos Peña Badillo acusó al secretario de actuar “con un nivel de trauma y obsesión totalmente descarado” y sostuvo que la obra del segundo piso, desde su origen, “estaba mal integrada”, citando la terminación anticipada del contrato con Grupo Hycsa y la falta de conciliación sobre los 547 millones de pesos pagados, de los cuales el gobierno busca recuperar 300 millones.
“Es tiempo de ir con el psiquiatra; usted no está loco, sólo está desesperado”, dijo el legislador citando la letra de una canción.
El funcionario replicó: “Ofrezco una disculpa por el tono, pero no soporto a los corruptos. Ni siquiera usted se atrevió a defender al exgobernador más corrupto de la historia.”
Ma. Teresa López (PAN) acusó al secretario de “ineficiencia” por no iniciar procedimientos contra los miembros de la junta directiva del Issstezac. “Ayúdele al gobernador renunciando”, dijo. González Romo contestó que presentó su renuncia “en blanco desde el primer día” y que continuará en el cargo “mientras se mantengan firmes los principios éticos”.
En su mensaje inicial, el secretario destacó los programas Trámite Honesto y Tómbola Patrimonial. El primero, explicó, ofrece acompañamiento gratuito a ciudadanos en trámites dentro de Ciudad Administrativa, con más de 200 beneficiarios. El segundo realiza revisiones aleatorias de declaraciones patrimoniales —49 de 50 mil 361 en el último ejercicio— contrastadas con datos bancarios, registrales y vehiculares.
Finalmente, informó sobre 364 inhabilitaciones de exfuncionarios y 646 investigaciones en curso, de las cuales 60 corresponden a faltas graves turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa. Mencionó indagatorias contra exdirectivos del Cobaez por abuso de funciones, así como procedimientos relacionados con el proyecto Milpillas y una red de abogados que operaba en tribunales laborales.
