Académicos coincidieron en que el Cuarto Informe del gobernador David Monreal Ávila revela un gobierno sin rumbo definido, carente de planificación y marcado por la precariedad económica, la fragmentación institucional y la ausencia de resultados en materia de derechos sociales, salud, educación y seguridad.
Durante el segundo día del Foro de Evaluación del Cuarto Informe de Gobierno, realizado en el auditorio de la Unidad Académica de Economía de la BUAZ, los ponentes hicieron un llamado a reconstruir el tejido social mediante empleo, educación y participación ciudadana.
Rebeca Contreras Rodríguez expuso la relevancia del agua y el medio ambiente dentro del Plan México 2030, destacando la meta de sostenibilidad ambiental, que promueve inversiones responsables con enfoque social y ecológico. Señaló que el agua es un recurso estratégico e irremplazable con distribución desigual. Mencionó que el Plan Nacional Hídrico 2024–2030 incluye 17 proyectos de infraestructura, entre ellos la presa de Milpillas, y una inversión de más de 488 millones de pesos destinada a perforación de pozos, ampliación de redes, uso de energía solar y micro medición para reducir fugas.
Por su parte, Roberto Soto presentó diversos indicadores que evidencian la desigualdad persistente en Zacatecas en materia de PIB, empleo, ingreso y bienestar. Criticó la falta de coherencia en las prioridades del Gobierno estatal, que destina recursos a eventos como la Carrera Panamericana, el Congreso Charro y otros festivales, en lugar de atender las necesidades sociales de la población. Con ironía, se señaló que la familia Monreal parece haberse especializado en organizar espectáculos y celebraciones, más que en impulsar políticas de desarrollo reales.
Pascual García Zamora ofreció un análisis crítico del sistema de salud mexicano, al que calificó como fragmentado, desarticulado y con graves deficiencias estructurales. Señaló que la coexistencia de múltiples instituciones (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Marina y el sector privado) ha generado un modelo desigual y difícil de coordinar, donde la población sin seguridad social continúa siendo la más desprotegida.
Explicó que el Gobierno federal busca centralizar la atención médica mediante el IMSS-Bienestar, con una visión social del derecho a la salud; sin embargo, este proceso enfrenta conflictos políticos y administrativos entre la federación y los estados, además de problemas crónicos como el desabasto de medicamentos, la precarización laboral del personal y la falta de claridad en las responsabilidades institucionales.
Respecto a Zacatecas, García Zamora fue especialmente crítico al describir una fractura profunda entre el Gobierno estatal y el federal, provocada por la falta de coordinación, comunicación y voluntad política. Afirmó que el gobierno de David Monreal actúa “en una realidad alterna”, sin atender las directrices federales ni enviar a tiempo los reportes necesarios para el abasto de insumos médicos, lo que agrava la crisis sanitaria.
Esta pugna, dijo, también se refleja en la rivalidad entre el delegado federal del IMSS-Bienestar y el secretario estatal de Salud, situación que paraliza la operación y distribución de recursos.
Juan Francisco Valerio Quintero cuestionó la falta de planeación urbana y la opacidad en el manejo de los recursos públicos, al referirse a la construcción del viaducto elevado. Señaló que la obra no fue discutida ni aprobada por la Legislatura, sino incluida arbitrariamente dentro del rubro genérico de “infraestructura”. Denunció que los fondos destinados provinieron del descuido de carreteras, escuelas y hospitales, lo que generó carencias graves en servicios básicos, incluso en salud, al desviar recursos que debían atender a la población.
Valerio Quintero calificó el proyecto como una obra financiada con dinero mal empleado, violando la Ley de Austeridad y Presupuesto, que obliga a usar los remanentes para el pago de deuda pública. Subrayó que su oposición no fue por capricho, sino por razones legales, técnicas y morales, pues experiencias internacionales demuestran que muchas ciudades han tenido que demoler segundos pisos costosos e ineficientes.
Concluyó advirtiendo sobre la falta de planeación urbana y criticando la visión limitada del desarrollo que se reduce a atraer grandes tiendas comerciales, responsabilizando a la ciudadanía de no repetir los mismos errores al elegir a sus gobernantes.
Durante su participación, Mónica Chávez realizó una crítica puntual al informe gubernamental de Zacatecas, señalando la falta de una verdadera incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas del estado. Subrayó que, aunque el Plan Estatal de Desarrollo contempla como ejes transversales los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la transparencia, en la práctica estos principios no se reflejan de manera estructurada.
Destacó la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos, la ausencia de mecanismos efectivos contra la violencia de género y la insuficiencia presupuestal para atender a las víctimas. Asimismo, cuestionó que los programas destinados al empoderamiento femenino reproducen estereotipos tradicionales al concentrarse en oficios vinculados al cuidado y la estética, en lugar de promover oportunidades reales de desarrollo económico.
Criticó que el Gobierno presuma logros mínimos mientras siguen pendientes reformas legales clave, como la creación del Banco de Igualdad Sustantiva, la aplicación del principio de paridad en el gabinete y la implementación de la ley “3 de 3” para impedir que agresores ocupen cargos públicos. Resaltó que la igualdad sustantiva no puede lograrse con discursos o talleres, sino con políticas estructuradas, recursos suficientes y una visión económica que permita a las mujeres participar plenamente en el desarrollo de Zacatecas.
En su análisis, Francisco García Zamora calificó la administración de Monreal como un gobierno de “gobernanza asistencialista y cuartelaria”, centrado en repartir apoyos federales y en reprimir a los sectores críticos. Criticó el manejo autoritario y familiar de la administración, donde se reparten cargos entre allegados, y señaló la ausencia de políticas públicas con visión de desarrollo. Cuestionó el gasto en seguridad, carente de resultados y sin control, y sostuvo que tanto el Gobierno estatal como el federal no han entendido la profundidad de la penetración del crimen organizado en el tejido económico y social.
Propuso retomar experiencias internacionales, como los planes de desarrollo humano integral y paz aplicados en Colombia, para reconstruir el tejido social mediante empleo, educación y participación ciudadana. Finalmente, convocó a las nuevas generaciones a sumarse a la construcción de una agenda alternativa para Zacatecas 2025-2050, basada en 14 ejes de desarrollo humano integral, subrayando que solo la participación ciudadana sostenida podrá transformar el futuro del estado.
