La violencia que enfrentan las infancias en México, en particular en Zacatecas, no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como el resultado de condiciones estructurales que se entrelazan y perpetúan desigualdad, marginalización y ausencia de políticas públicas. Así lo advirtió el especialista Mario Soulé Pérez durante la conferencia “Infancias violentadas: violencia estructural, desaparición y reclutamiento infantil”, organizada por el Ateneo Nacional de la Juventud, capítulo Zacatecas.
El evento contó con la presencia de la directora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Maricela Dimas Reveles, así como del diputado local Santos Antonio González Huerta y la diputada Isadora Santivañez Ríos, quienes coincidieron en la necesidad de visibilizar la gravedad del problema y generar mecanismos de prevención y atención integral.
Soulé Pérez planteó que reducir la desaparición y el reclutamiento de menores a una relación de causa-efecto sería un error: “Si no entendemos la desaparición desde el contexto multifactorial que la provoca, no podremos diseñar soluciones de fondo. La violencia es resultado de un sistema complejo donde confluyen la pobreza, la desigualdad social, la marginación y la falta de oportunidades”, explicó.
De acuerdo con datos expuestos en la conferencia, en México el 34.5% de la población está en riesgo de caer en pobreza extrema si permanece más de tres meses sin empleo. Esta precariedad, señaló, tiene efectos directos en las familias y, en consecuencia, en la niñez: “Con 200 pesos al día se pretende sostener hogares completos; esa situación genera frustración, violencia intrafamiliar y abandono escolar”.
El especialista subrayó la diferencia entre violencia directa, institucional y simbólica. Mientras la primera es la más evidente (cuando existe un agresor y una víctima identificables), las segundas suelen pasar desapercibidas, pero tienen un efecto igual de destructivo.
“La violencia institucional se da cuando el Estado no garantiza los derechos humanos, y la simbólica ocurre cuando los discursos normalizan la desigualdad, como la idea de que el pobre lo es porque quiere. Ambos tipos de violencia, unidos, consolidan estructuras que reproducen exclusión y generan espacios propicios para que los niños sean víctimas de maltrato, abuso, desaparición o reclutamiento”, explicó.
El panorama descrito resulta alarmante: cuatro de cada seis niños que nacen en condiciones de pobreza mueren pobres, perpetuando un ciclo difícil de romper. Además, la falta de acceso a educación de calidad y servicios básicos incrementa las probabilidades de que menores abandonen la escuela para trabajar, lo que los hace más vulnerables a contextos delictivos.
Soulé Pérez enfatizó que las infancias no se limitan a la niñez temprana, sino que abarcan también la adolescencia.
“Un joven de secundaria o bachillerato sigue siendo infancia en términos de desarrollo psicoemocional. Si se expone a violencia, las secuelas pueden manifestarse en trastornos de personalidad, depresión, ansiedad o incapacidad para establecer lazos afectivos sanos”, señaló.
Otro de los puntos centrales fue la manera en que la sociedad contribuye a la reproducción de la violencia mediante la estigmatización.
“Cuando señalamos a quienes viven en barrios marginados como peligrosos o indeseables, reforzamos su exclusión. Esa discriminación genera baja autoestima, pérdida de identidad social y la percepción de ser ciudadanos de segunda”, advirtió el conferencista.
Este contexto, agregó, conduce a que niños y adolescentes busquen pertenencia en grupos que les ofrecen reconocimiento, aunque estén ligados a la delincuencia.
“El reclutamiento se entiende mejor si vemos que muchos menores encuentran en las pandillas o en el crimen organizado la figura de protección que no hallan en sus familias o instituciones”, puntualizó.
Uno de los reclamos más reiterados fue la falta de programas gubernamentales para detectar y atender la violencia infantil.
“Hoy no existen políticas claras en materia de criminología para prevenir el maltrato o acompañar a las víctimas. Un niño violentado tiene que pasar por múltiples instancias antes de acceder a asistencia mínima”, lamentó Soulé.
La crítica se extendió al ámbito educativo, donde, aseguró, no se cuenta con psicólogos ni trabajadores sociales suficientes para detectar señales tempranas de violencia. “Los protocolos están en papel, pero en la práctica la Secretaría de Educación carece de personal especializado. Sin diagnóstico clínico oportuno, muchos casos se pierden hasta que las consecuencias son irreversibles”, explicó.
Finalmente señalo que uno de los principales problemas en México es la fragmentación de responsabilidades entre distintos niveles de gobierno. Las fiscalías estatales carecen de protocolos unificados y, con frecuencia, no colaboran con la Federación en casos de desaparición o reclutamiento. La Comisión Nacional de Búsqueda ha denunciado públicamente la falta de acceso a bases de datos, el manejo deficiente de evidencias y la revictimización de familiares durante las denuncias.
Por su parte, Sipinna ha sufrido recortes presupuestarios y debilitamiento institucional, lo que limita la ejecución de programas efectivos de prevención, monitoreo y atención integral.
En 2023, la Secretaría de Hacienda redujo en más del 30 por ciento los fondos destinados a políticas públicas para la niñez en situación de vulnerabilidad. Esta combinación de factores contribuye, dijo, a una elevada impunidad, ya que más del 95 por ciento de los delitos contra menores relacionados con desaparición o reclutamiento no llega a sentencia condenatoria.
