La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, afirmó que concluye lo que calificó como la “era de la Corte neoliberal”, instaurada a partir de la reforma judicial de 1994 impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Según la togada, durante casi tres décadas el máximo tribunal avaló la supresión de derechos sociales y abrió la puerta a la entrega de recursos nacionales a intereses privados y extranjeros.
En un artículo de opinión, Batres sostuvo que dicho periodo implicó un quiebre con la tradición constitucional mexicana, que históricamente privilegiaba los derechos laborales, la propiedad ejidal y comunal, el interés público y la rectoría económica del Estado. Subrayó que, bajo la cobertura de reformas estructurales, se desmantelaron las capacidades económicas del Estado en sectores estratégicos como agricultura, minería, electricidad y petróleo, en beneficio del libre mercado.
La ministra recordó que, además de las transformaciones económicas, el neoliberalismo impuso cambios políticos, administrativos y judiciales que consolidaron un modelo elitista. La conversión de la SCJN en tribunal constitucional –con figuras como la acción y la controversia constitucional– permitió, dijo, declarar inconstitucionales leyes que impedían la privatización de bienes nacionales, como el ejido, el subsuelo minero, el petróleo y las pensiones a través del sistema de ahorro para el retiro.
Batres agregó que la reforma judicial de 1994 homologó el sistema penal mexicano con el de Estados Unidos, alineando tanto la política económica como la de seguridad con los intereses de América del Norte. A su juicio, con la salida de la Corte creada en 1995 concluye una etapa de “devastación económica, social y judicial sin precedente en la historia moderna del país”.
En contraste, celebró que la nueva integración de la SCJN abra paso a la recuperación de principios constitucionales ligados al bienestar colectivo. “Enhorabuena”, expresó, al considerar que se cierra un ciclo donde se privilegió el interés privado sobre el bien común.
Por su parte, el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz informó que las ministras y ministros de la Nueva Corte continúan sus reuniones de trabajo para preparar el inicio de funciones. En la cuarta sesión revisaron proyectos de acuerdos generales que permitan dar mayor celeridad y acceso a la justicia, así como discutir la conformación del Órgano de Administración Judicial.
El comunicado oficial destacó que entre los acuerdos figura la regulación de audiencias públicas en las que la ciudadanía, especialistas y organizaciones podrán participar de manera abierta mediante un sistema automatizado y aleatorio. Asimismo, se convocará al pueblo de México a conmemorar el próximo 1 de septiembre lo que calificaron como un “acontecimiento histórico”: el nacimiento de una Corte que busca reconciliar la justicia con el pueblo.
Por otro lado, el próximo presidente de la Suprema Corte, en entrevista con Jenaro Villamil, afirmó que, si bien no se está refundando la República, sí se están modificando sus ejes vertebrales, especialmente en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El ministro electo también señaló que su objetivo como virtual futuro presidente de la SCJN es transformar al Poder Judicial para que esté “a la altura de las reformas constitucionales” impulsadas en los últimos años, las cuales destacó por su enfoque social y progresista.
Por último, Hugo Aguilar Ortiz señaló que en México pasaron 30 años de omisión respecto al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, vigente desde 1991. Afirmó que durante los gobiernos neoliberales este instrumento fue prácticamente ignorado, lo que derivó en la vulneración sistemática de los derechos de los pueblos originarios. Además, advirtió que esta omisión se agravó con decisiones de la Suprema Corte que, en algunos casos, implicaron un abuso del derecho de consulta.
