El artículo 82 de la CPEUM, enumera los requisitos para ser presidente, pero ninguno exige escolaridad, que sepa leer y escribir; ni que haya cursado la secundaria, ni preparatoria. Tampoco que haya estudiado alguna licenciatura. Mucho menos posgrados como maestría o doctorado. Ni que sea profesionista.
Sin embargo, el presidente de la República, ejerce funciones como jefe de Estado y como Jefe de Gobierno.
Muchas son sus responsabilidades en diferentes áreas y materias. Por sí solo no es posible el dominio de todas y cada una de las actividades que debe desempeñar para el cumplimiento de sus responsabilidades. No todo lo sabe ni lo conoce, por eso nombra a los miembros de su gabinete que deberían ser especialistas en la materia que se les encomienda. De esta manera encontramos a los Secretarios de Salud; Hacienda y Crédito Público; Relaciones Exteriores; Gobernación; Defensa Nacional; Educación Pública; Seguridad y Protección Ciudadana; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; Infraestructura y Comunicaciones y Transportes; Anticorrupción y Buen Gobierno; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Cultura; Turismo; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Secretaría de las Mujeres; Consejería Jurídica del Ejecutivo y Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones.
En los dos últimos gobiernos el titular del poder Ejecutivo, ha concentrado todas las funciones y prácticamente no han permitido que los secretarios correspondientes realicen las propias e informe sobre su ejercicio.
Bajo este criterio, sin dominar la política exterior y con desconocimiento del marco jurídico mexicano y norteamericano, la presidenta Claudia Sheinbaum, actualmente ha generado y protagonizado de manera gratuita un enfrentamiento con el abogado norteamericano Jeffrey Lichtman, asesor legal tanto de Ovidio El Ratón Guzmán López, como de su padre Joaquín El Chapo Guzmán.
Crónica del enfrentamiento:
El viernes de la semana anterior, Guzmán López se declaró culpable ante una Corte en Chicago, de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico, como parte del acuerdo con Estados Unidos por lo que podría librar la cadena perpetua si colabora con las autoridades de aquel país. Su abogado Jeffrey Litchman participó en el acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia. Conoce en qué términos se logró. Conoce y autorizó lo que les ofreció para que alcanzara la protección no sólo para él y su hermano, sino también para 17 miembros de la familia. Por razones de confidencialidad, no puede dar a conocer nada de lo pactado, por tener acceso a información sensible del Cártel de Sinaloa desde el juicio de Joaquín Guzmán hace más de cinco años.
Sheinbaum ha sido insistente en que México debe conocer lo relacionado con ese juicio. Horas antes, en su mañanera del propio viernes 11 del mes actual, opinó sobre los criterios que se están dando, señaló la falta de coherencia de la política estadounidense con los narcotraficantes, que por un lado los considera terroristas, y por otro, hace acuerdos.
Por su parte el abogado, al salir de la audiencia así respondió: parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos fueron traídos a la Unión Americana.
Puso como ejemplo del por qué considera que EE.UU. no informa al gobierno de México sobre los acuerdos con el hijo de El Chapo: la exoneración por parte del gobierno mexicano en favor del general Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien aquel país acusó de proteger organizaciones criminales. Añadió que los altos mandos militares y distintos gobiernos, durante cuatro décadas han mostrado escasa voluntad para actuar contra los principales capos del narcotráfico, señalando directamente la pasividad sobre la figura de Ismael El Mayo Zambada, ex líder y cofundador del Cártel de Sinaloa.
Desde Culiacán, en gira de trabajo Claudia Sheinbaum consideró las declaraciones, como irrespetuosas totalmente de la institución presidencial y señaló que no se establecen relaciones de complicidad con nadie.
Lichtman respondió: la presidenta debe examinar la herencia de sus predecesores, antes de emitir juicios sobre el proceso judicial de Estados Unidos. Al parecer la presidenta de México está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos. Puede convocar a tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo de México (y yo mismo), sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante, que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano. Tendré más que decir al respecto en breve.
Finalmente, la presidenta amenazó con demandar en México al abogado por difamación. Ya lo hizo.
Observaciones:
Primera.- Según el DOF publicado el 13 de abril de 2007, se derogaron los artículos del 348 al 355 del Código Penal Federal que establecían los delitos de difamación, injurias y calumnias. En consecuencia, quedaron despenalizados.
Segunda.- La “demanda”, debió presentarse en EE.UU. Pero es el caso de que, en ese país, existe un criterio donde el abogado está protegido, porque las declaraciones realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales, gozan de protección absoluta, para que quienes se desempeñen en una función pública puedan hablar libremente, para representar comprometidamente a sus clientes, sin temor a represalias o riesgos financieros.
