Lo que el Wall Street Journal llamó “la crisis de civilización en México”, refiriéndose a la sangrienta etapa, iniciada con lo que a nivel doméstico hemos llamado “la guerra contra las drogas”, se explica, no solo por el contexto de violencia y criminalidad de los grupos de la delincuencia organizada que combaten contra el Estado y las fuerzas de seguridad, sino, como lo explica el texto ya citado de Guadalupe Correa-Cabrera y Tony Payan, La guerra improvisada. Los años de Calderón y sus consecuencias, por deficiencias de forma y fondo en el proceso de las políticas públicas en nuestro país, y más allá, en las características institucionales y políticas que predominan, antes y posteriores a ese período. Como lo exponen los autores: (…) lo complejo que resulta hacer política pública en México, en parte por la pobreza de las contribuciones teóricas de la academia en el estudio del quehacer de las políticas públicas, en parte por el personalismo de la gobernanza en el país y en parte por la debilidad inherente de las instituciones en general, todo lo cual lleva a entender lo difícil que es establecer procesos transexenales casi en cualquier materia de gobierno. México parece vivir no una vida nacional sino muchas vidas de seis años cada una”.
Lo pero de todo quizá, sea que dicho proceso no ha venido sino a empeorar tal contexto. Si bien existe ya una amplia gama de actores y estudios en materia de políticas de seguridad, y hemos logrado emprender debates tan duraderos como nuestra propia desgracia en común, respecto a sus nefastas consecuencias, nos queda por entender de qué forma, la vorágine de violencia que no para, terminara por agravar nuestra crisis de civilización; no solo en los actos inhumanos, ni siquiera bestiales, que vemos un día sí y otro también suceder en nuestras calles, al alcance de la vista y conciencia de nuestras comunidades enteras, incluida la niñez, sino en el impacto que todos estos actos tendrán en las instituciones públicas, más allá de las fiscalías rebasadas y un sistema de justicia, de por sí repleto de desafíos, aún antes de la situación catastrófica que nos rodea. La crisis de civilización no solo tendrá sus repercusiones en lo social, moral, ético y político, lo tendrá en lo institucional, aún más en un período que no podrá entenderse sin el fenómeno que provocó la pandemia del COVID-19. Nuestras instituciones, todas, no solo las de justicia, sino ahora también las de salud, y pronto, con tales consecuencias, las económicas y las de política social, tendrán que enfrentarse a un deterioro que va más allá de lo estatal.
Tales reflexiones son más que necesarias para comprender el nivel del reto que espera a las actuales y próximas generaciones de tomadores de decisiones: hay que darse prisa por recuperar los años perdidos en el camino a la cultura del Estado de Derecho que tanto admiramos y buscamos replicar en México, y para eso, primero, hay que reconocer que tenemos por recuperar, décadas de proceso civilizatorio.
@CarlosETorres_
