■ Explican que piden 15 mdp por cercos y una presa, no considerados en el convenio inicial
Este domingo un grupo de habitantes de la comunidad San Tiburcio, en Mazapil, fue desalojado “con lujo de violencia” por elementos de la Policía Estatal, cuando mantenían tomada la entrada a la unidad minera Camino Rojo, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, aseguró el comisariado ejidal, César García Sánchez.
Esta intervención de las autoridades para replegar a los pobladores que se manifestaban en contra de esta compañía se suma al desalojo de los ejidatarios de la localidad Mesas, del mismo municipio, que se produjo dos días antes, el viernes de la semana pasada, en la mina Peñasquito, también regentada por la empresa canadiense.
García Sánchez narró que “el domingo se presentaron policías estatales en la comunidad de San Tiburcio para retirar a las personas que pacíficamente se estaban manifestando al frente de Camino Rojo. Siete personas fueron golpeadas, (…) inclusive pegando con la culata de los rifles y agarrándolos de la espalda contra la pared, (…) y nosotros queremos que esto se sepa. (…) Tenemos derecho a manifestarnos”.
Expuso que uno de los motivos por los que decidieron realizar la protesta frente a la entrada de la explotación fue el incumplimiento de los acuerdos que alcanzaron hace un año con la compañía y, a raíz de los cuales, todavía se les deben aproximadamente 24 millones de pesos.
Recordó que, con los empresarios, se estableció que por las 2 mil 497 hectáreas que ocuparía la unidad se pagarían 64 millones de pesos para el 26 de febrero de 2013, en una sola emisión, y posteriormente se les daría a los habitantes 10 millones de pesos anuales por continuar extrayendo el mineral.
No obstante, precisó también que “queremos renegociar” este convenio, aparte de revisar otros pagos que están pendientes por acordarse con los directivos de la mina. Entre estos últimos, los afectados destacaron que se encuentran los denominados “bienes distintos a la tierra”, en los que se engloban una serie de cercos así como una presa.
Para poder ocupar estos últimos terrenos, comentaron, la empresa ofreció una cantidad cercana a los 3 millones de pesos. Sin embargo, los ejidatarios están solicitando 15 millones.
Por su parte, el regidor Jesús Guadalupe Torres aseguró que “no estamos negados a dialogar y sí dispuestos a mediar las cosas para evitar las consecuencias de paros, porque también perjudicamos a nuestros compañeros en la misma empresa”.
Varios de los ejidatarios que ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer estos hechos aseguraron que responsabilizan a la empresa Goldcorp y a Gobierno del Estado “si algo le sucede a nuestras familias y a nosotros”.
Uno de los vecinos afectados, Juan Jesús Carmona Sánchez, concluyó que “no es posible que esos (los empresarios mineros) se llevan la riqueza de nosotros, del pueblo mexicano y de Zacatecas, y que Gobierno del Estado no haga nada por nosotros, no es justo que manden a la fuerza pública”.
Diputados piden a Gobierno del Estado interceder por campesinos de Mazapil
Además del desalojo que la Policía Estatal hiciera el pasado viernes de ejidatarios que tenían tomada la mina Peñasquito, el fin de semana se actuó de manera similar y se dejaron siete heridos en la comunidad San Tiburcio, en Mazapil, donde campesinos reclaman a la trasnacional Goldcorp, propietaria de la mina Camino Rojo, la renegociación del contrato de explotación de sus tierras, acusó la diputada perredista, Eugenia Flores.
En sesión de la Comisión Permanente de la 61 Legislatura, detalló que el pasado fin de semana un grupo de ejidatarios se manifestó en la mina Camino Rojo para exigir un pago justo por el uso de sus tierras. Sin embargo, lejos de llegar a acuerdos, fueron desalojados por la policía. De modo que la legisladora hizo un exhorto al Ejecutivo a no ser cómplice de la represión e invitó a sus homólogos a emitir un pronunciamiento formal a favor de los zacatecanos.
La perredista explicó que los ejidatarios aceptaron en febrero de 2013 firmar un convenio con la empresa canadiense para recibir 64 millones de pesos a cambio de la explotación de mil 700 hectáreas, sin embargo Goldcorp no ha cumplido y se ha apropiado de 2 mil 700 hectáreas de tierra. Ante esa situación, los inconformes han pedido renegociar el contrato y hacer como en otros estados, donde el pago sea mensual y no en una sola emisión.
El pronunciamiento de rechazo a la represión fue respaldado por los perredistas Iván de Santiago y Juan Carlos Regis, así como por el petista José Luis Figueroa, pero el resto de los asistentes a la sesión de extracción priísta, panista y ecologista evitó opinar y se ignoró la posibilidad de un exhorto formal para que el Ejecutivo respalde a los zacatecanos no a los canadienses, además de que sólo sea un interlocutor y coadyuve pero no con el uso de la fuerza pública.
Juan Carlos Regis aludió también al desalojo de ejidatarios que hubo el pasado viernes en la mina Peñasquito en el mismo municipio, donde incluso la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) giró ordenes de aprehensión en contra de siete manifestantes y se encarceló a dos, a fin de lograr que la negociación sea más barata para los campesinos y a todas luces favorable a la trasnacional.
Ante la demanda de los ejidatarios que algunos diputados consideraron legítima, insistieron en reprobar los golpes que recibieron los manifestantes el fin de semana, “como Poder Legislativo se tiene que hacer un pronunciamiento enérgico, para que se les asesore a ejidatarios y no se les deje aislados”.
Sobre todo porque Camino Rojo puede tener una problemática igual o mayor que Peñasquito, por ende, requiere el aval del Ejecutivo ante un escenario donde lo que priva es la ley del más fuerte y el que puede comprar a las autoridades. Si bien Regis reconoció que las mineras dan miles de empleos, lo hacen a costos muy elevados.
Tanto De Santiago como Regis, Figueroa y Flores se pronunciaron porque la Comisión legislativa de Economía Industria y Minas tenga acercamientos y haga un pronunciamiento al respecto, para tratar de evitar más chantajes por parte de las mineras, quienes no cerrarían la fuente de empleo porque tienen fuertes inversiones.
Figueroa agregó que los conflictos mineros no son un tema exclusivo del semidesierto, sino que pasan cosas similares en San Martín, en Fresnillo, en El Coronel, donde se tiene el mismo modus operandi de las empresas.
Durante la misma sesión el diputado del Partido Verde, Cuauhtémoc Calderón, planteó que el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo, debe comparecer ante la Legislatura para explicar las estrategias en materia de ataque al secuestro, toda vez que Zacatecas está dentro de los 10 estados del país donde más se padece.
Finalmente, los diputados convocaron al segundo periodo extraordinario de sesiones el próximo jueves a las 8 horas, con el objetivo conocer y resolver lo referente a la designación o ratificación de cuatro consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).
