■ Es oportuno que se empiecen a gravar los ingresos por ganancias bursátiles, aseveran
■ Debilidad hacendaria es fruto de decisiones políticas sujetas a intereses económicos de grupos
Una reforma fiscal para la equidad social y el fortalecimiento del Estado.
Escapar del círculo vicioso: impuestos mediocres que nos condenan a bienes públicos mediocres.
Al Congreso de la Unión:
A las dirigencias de los partidos políticos:
A la opinión pública:
Los avances innegables que México ha tenido en las últimas décadas para edificar un sistema político que refleje el pluralismo de su sociedad, contrastan con la incapacidad para resolver los problemas de la pobreza masiva y la extrema desigualdad. De hecho, las precarias condiciones de vida de millones de mexicanos y la persistencia de la injusticia redistributiva ponen en riesgo no sólo el avance y la consolidación democrática, sino la cohesión misma y la convivencia social de la nación.
No es casual que la desigualdad social se haya mantenido inalterada a lo largo de nuestra historia y que al mismo tiempo, el Estado mexicano mantenga su añeja debilidad fiscal y su pobre capacidad para incidir en la distribución del ingreso entre la población.
En los últimos 30 años, México ha instrumentado decenas de reformas estructurales pero ninguna de ellas ha sido pensada ni ejecutada para corregir la desigualdad. Por eso, edificar un genuino Estado social democrático de derecho tiene como su misión principal y desafío más importante la equidad social. Y una pieza indispensable en ese objetivo es el fortalecimiento fiscal del Estado.
Se ha documentado cómo México se ha mantenido en una recaudación fiscal que desde 1943, ronda apenas 9.3 por ciento del PIB; que esto representa un promedio tres veces inferior al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que es más baja que la media latinoamericana y, lo que es peor: su nivel de recaudación en los hechos, hace inviable dar cumplimiento a los derechos que la Constitución consagra para todos los habitantes de nuestro país.
No hay posibilidad de ampliar los derechos, de construir un proyecto común e incluyente para los mexicanos si no se resuelve la trampa de la fragilidad fiscal del Estado mexicano. A la fecha, parte de esa debilidad se ha buscado subsanar con los recursos que aporta en petróleo a las finanzas públicas (monto que significa una tercera parte del gasto gubernamental), pero además de insuficiente, esa salida es pasajera y depredadora: los recursos del subsuelo son finitos y usamos ese activo no renovable para financiar el gasto corriente de la administración pública en curso –sea del signo que sea- en vez de destinarlo a la inversión que pueda generar ingresos sostenibles en el futuro.
Por eso afirmamos: la edificación del Estado democrático que requiere México pasa inevitablemente por contar con una sólida hacienda pública, que sea capaz de aumentar drásticamente –en 10 puntos del PIB a lo largo de la década- la recaudación tributaria y que, al gastar, ponga prioridad en el crecimiento económico y la redistribución, de tal suerte que el índice de nuestra desigualdad después de impuestos y transferencias sea sensiblemente menor al que producen por si solas, las fuerzas mercado.
La debilidad hacendaria del Estado mexicano no es una fatalidad: es fruto de decisiones políticas –o de la falta de ellas- sujetas una y otra vez a intereses económicos de grupos particulares, de la pervivencia y expansión de nociones estrechamente individualistas que anulan la visión del interés general, así como de actores políticos que creen que sus decisiones están sujetas ante todo, al aplauso fácil y relegan el componente de responsabilidad que debería de ser intrínseco a la actividad política.
De cara a la deliberación actual de las propuestas económicas que hizo llegar el Ejecutivo al Congreso de la Unión; y de cara a la reelaboración propuesta por la Cámara de Diputados, sostenemos que en ellas hay avances muy importantes, que existen elementos de una reforma hacendaria defendible porque cambia las coordenadas de la discusión que había sido hegemónica en los último lustros y porque implica un giro al timón en las decisiones económicas:
-se retoma la idea de que la política fiscal debe ser progresiva (al subir ISR);
-comienza a cancelar privilegios y a afectar intereses ilegítimamente coagulados por décadas;
-se crean nuevos impuestos a las ganancias y
-porque se rompe con la idea de una política económica ajena al ciclo económico.
Así, tímidamente, México empieza a dejar atrás, por fin, algunos de los fundamentos del “Consenso de Washington”.
La propuesta hacendaria no es la que nosotros hubiésemos formulado (véase el libro Equidad social y Parlamentarismo, Siglo 21, 2012), pero dado nuestro intenso pluralismo y en una perspectiva reformista, la lógica del todo o nada, es tan estéril como irresponsable, por lo que creemos que la oportunidad que hoy se abre en el Congreso debe ser oportunamente aprovechada, aquí y ahora.
La política económica debe tener como prioridad el crecimiento y la generación de empleo. Por ello es bienvenida la ruptura con el dogma del “déficit cero” –que fue más una ficción contable que una realidad en los últimos años- y la introducción de la idea de equilibrio presupuestal estructural que reconoce a un gobierno actuante y no contemplativo del ciclo. Hay un campo abierto para definir la regla del balance estructural que debemos adoptar, pero de entrada debe retomarse la idea de que el déficit no es per se condenable, sino un instrumento que debe utilizarse oportuna y responsablemente por el Estado cuando la economía está en la fase recesiva del ciclo, como es nuestro caso.
No puede haber prioridad mayor que el crecimiento y el empleo: sólo así se abate la pobreza, sólo así hay generación de empleo e incorporación productiva de las familias a la economía y sólo así podremos evitar que el “bono demográfico” se siga dilapidando de modo históricamente irreparable.
Es un acierto que el Ejecutivo renunciara a la receta –pretendidamente única- de subir la recaudación sólo a través de los impuestos al consumo y, por tanto, que se proponga aumentar el impuesto sobre la renta a las personas físicas (ISRPF) de mayores ingresos. También debe encomiarse que la Cámara de Diputados haya subido la tasa máxima de 32 por ciento que proponía el gobierno a 35 por ciento y que haya diferenciado entre los individuos que perciben 500 mil pesos al año de aquellos que ganan 3 millones o más (queda margen, por cierto, para subir la tasa máxima del ISRPF: en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, es de 40 por ciento).
Es oportuno, también, que se empiecen a gravar los ingresos por ganancias bursátiles y que las bebidas endulzadas contribuyan más decididamente al gasto general del Estado, pero también como instrumentos que ponen en el centro la salud pública.
En materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), nos parece pertinente que el gobierno no propusiera generalizar el impuesto a alimentos y medicinas por dos razones: por su efecto de corto plazo en el ingreso de las familias de menores ingresos (gastan 46 por ciento de su ingreso en alimentos) y porque son precisamente esas capas sociales, las que han padecido más los efectos del encarecimiento mundial de las materias primas y de los alimentos.
Ahora bien, como muy pocas veces, se ha desatado una intensa y masiva campaña contra el incremento al IVA en algunos productos y servicios y su generalización en el territorio. Nuestra definición es que no debe haber tratos especiales; que los llamados estímulos fiscales son la puerta para los privilegios fiscales y para arbitrariedad que acaba engendrando corrupción en la toma de decisiones: ¿qué producto o servicio, qué sector o qué zona han de tener un trato privilegiado? Desde nuestra perspectiva, debe avanzarse a un sistema fiscal lo menos discrecional y lo más parejo posible.
En materia de gasto debe hacerse un esfuerzo por abandonar la inercia y ha de priorizarse la inversión pública. La construcción de infraestructuras tiene efectos positivos sobre múltiples sectores de la economía y posibilita mayor crecimiento en el futuro. La decisión de gasto de un ejercicio, 2014 en este caso, tendría que inscribirse en una estrategia de crecimiento de mayor plazo.
En nuestra opinión, las propuestas del Ejecutivo para crear un Seguro de Desempleo y una Pensión Universal deberían ser el eje de toda la discusión fiscal, subrayando que la propuesta del Ejecutivo es embrionaria y por eso, de alcance limitado.
En otras ocasiones hemos dicho que México necesita, urgentemente, un mensaje igualitario de cohesión social, una estructura básica para la igualdad y la redistribución. Por eso no deberían desecharse estas iniciativas y por el contrario, deberían aprovecharse como oportunidad para poner los cimientos de un Estado de bienestar digno de tal nombre dentro de la ambiciosa tarea de revisión del gasto público y dentro de una estructura de rendición de cuentas y transparencia, que todavía no tenemos.
Una vez que las reformas a las leyes que impactan los ingresos han transitado -incluso con algunos recortes que no compartimos- por la Cámara de Diputados, es imperativo que el Senado no deponga el interés general, el mensaje esencial de cohesión social, al de los grupos que despliegan una abierta campaña de presión sobre el Poder Legislativo.
La propuesta hacendaria es sólo un primer paso en la dirección correcta y por eso debe respaldarse. Pero como sólo es un primer paso, consideramos que tras la aprobación de las leyes de ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación para 2014, el Congreso debe convocar e impulsar un amplio proceso de deliberación para avanzar a un cambio hacendario más significativo y más progresivo, en un nuevo pacto social en el que las capas más acomodadas reconozcan su responsabilidad: que el país no puede seguir profundizando su brecha social, su injusticia y su desigualdad.
Nuestra sociedad debe escapar del círculo vicioso en el cual unos impuestos mediocres nos condenan a bienes y servicios públicos mediocres. Es esta discusión, la equidad social, el fortalecimiento fiscal del Estado y su capacidad redistributiva, el tema de la agenda pública más importante de México. Nuestra convivencia social y nuestra vida democrática, dependen decisivamente de ella.
*Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia
