Recientemente, la Presidenta de la República ha anunciado que próximamente enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para iniciar la discusión rumbo a una reforma electoral. Nuestro país tiene una historia, que, a la luz del transcurrir de las décadas, parece interminable en materia de reformas en esta materia. Ojalá que este proceso de revisión constitucional, venga acompañado de la voluntad y disposición necesarias para el diálogo, y sobre todo la deliberación amplia, con el objetivo de construir lo más cercano a un consenso, que se advierte, de partida, complejo en tiempos de polarización y desinformación.
Ojalá que, a diferencia de lo que ha sucedido con las iniciativas que se han sucedido como parte del llamado Plan C, existan propuestas y contrapropuestas, pues, la oposición hizo gala de incapacidad para presentar cualquier alternativa a reformas como la judicial. Fue evidente y lamentable la falta de cualquier planteamiento distinto al vago rechazo de la propuesta formulada por el oficialismo. En este contexto, por ejemplo, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, ya hizo público su posicionamiento, del que rescato su llamado al consenso y su propuesta para modificar el sistema de representación en el Congreso federal, a razón de, incrementar en cincuenta el número de diputadas y diputados por representación proporcional y reducir el mismo número en lo que respecta al principio de mayoría relativa; así como de elegir a cuatro senadores por estado (hoy se eligen tres), a través de un “sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales. De este modo, se elegirían a cuatro senadores en cada entidad federativa de manera proporcional a los votos recibidos por cada partido o coalición…”. También proponen “garantizar la autonomía de las autoridades electorales”, esto a través de cambiar el método de designación de los consejeros electorales, pasándolo de la Cámara de los Diputados a la de los Senadores y requiriendo tres cuartas partes de ésta para tales designaciones. La propuesta firmada por destacados especialistas en el tema, y destacadamente por Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Woldenberg, es respetable y seria.
Me parece particularmente atinada la fórmula que refiere a la elección de los integrantes del senado; en relación a la llamada Cámara Baja, siempre he sido de la opinión que debería tener una composición totalmente proveniente de un sistema de representación proporcional y que sí esto no es posible o deseable por que se suponga que se diluye la representatividad, entonces, debería aumentarse el número de sus integrantes con la condición de que no se eleve el presupuesto de dicho órgano legislativo, es decir, que sean más y que ganen menos. México es un país tan extenso como diverso, cuya población se estima ya superior a los ciento treinta millones, trescientos diputados por mayoría parecen pocos sí a lo que se apuesta es a una representación más directa e inmediata.
Ahora bien, hay dos puntos que me parecen que siguen ausentes en el debate: el primero es la relativa al fortalecimiento de las funciones de fiscalización de las autoridades electorales y a la articulación de dicha labor con las del Sistema Nacional Anticorrupción (otro sistema con urgencia de reforma), para que se combata el “dinero bajo la mesa”, en los procesos electorales, y que se ha demostrado como una de las manifestaciones más perversas y complejas de la corrupción política en nuestros días. Finalmente, también considero que ninguna reforma electoral estará completa ni será definitiva en tanto que no se reformen la piedra angular de nuestra democracia: los partidos políticos. Modernizarlos en términos de mecanismos de apertura, rendición de cuentas, y procesos de selección de sus candidaturas, de forma transparente y, valga la redundancia, democrática, es una tarea que se tiene aún pendiente y cuya falta nos seguirá anclando al inacabable ciclo de reformas para mejorar nuestro sistema de elección, representatividad y legitimidad de nuestros gobiernos.
@CarlosETorres_
