A estas alturas ya es evidente que la política de permitir la privatización de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en buena parte de los países fue un grave error que ha perjudicado a los respectivos pueblos. La crisis de principios de siglo en California por los apagones concertados por las compañías para obligar al gobierno a elevar las tarifas, la crisis propiciada por Enron, el apagón del invierno del año pasado en Texas, así como la crisis energética en Europa por la confrontación de la OTAN con Rusia, y la conducta egoísta de buena parte de las empresas privadas, ha dejado claro que en esa materia los diferentes estados están obligados a recuperar su rectoría del desarrollo nacional e impedir que se sigan imponiendo los intereses particulares mediante la dictadura de las empresas oligopólicas. En México ya tenemos la experiencia de que la electrificación del país no avanzó mientras el Estado no contaba con los instrumentos para intervenir. Fue hasta que se fundó la Comisión Federal de Electricidad y se nacionalizó la industria eléctrica, cuando se aceleró el proceso de electrificación regional y, con ello, la industrialización del país. La gigantesca e integral red eléctrica de México sólo es una muestra de los logros de ese proceso, lo mismo que las plantas geotérmicas, hidroeléctricas, nucleares, de ciclo combinado, etcétera, operadas por la CFE son una muestra de su capacidad para transitar hacia una producción eléctrica cada vez más limpia.
Pues bien, ya está mas que demostrado que la reforma eléctrica neoliberal aprobada durante el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, tiende a debilitar gradual pero sistemáticamente a la CFE, obligándola a entregar subsidios a las empresas privadas, quitándole de su cartera de clientes a decenas de miles de grandes consumidores y, lo que es más grave, permitiendoles utilizar la red electrica nacional sin pagar un centavo para su ampliación, modernización y mantenimiento, de manera que en pocos años estará completamente a su servicio, dejando a CFE el triste papel de cobrador a los consumidores, que en poco tiempo sufrirán lo que hoy les ocurre a los españoles.
Para evitar ese desenlace, el presidente AMLO envió una iniciativa de reforma constitucional para que el Estado mexicano recupere la rectoría en materia eléctrica, esto es, que asuma de nueva cuenta las principales decisiones en la materia, poniendo un límite de 46% del mercado eléctrico para las empresas privadas, de manera que la CFE tenga posibilidades de garantizar el abasto suficiente de electricidad de calidad y, lo que es fundamental, manteniendo tarifas que no afecten la economía popular. Algo parecido pasa hoy en el mercado de gasolinas, en el que el Estado mexicano ha venido garantizando un precio estable desde hace tres años. Para eso sirven los ingresos por concepto de exportación de petróleo de Pemex.
El asunto de la reforma eléctrica es de la mayor importancia para quienes deseamos que el Estado mexicano recupere una parte fundamental de la soberanía, y el reto principal es lograr que 2/3 de los legisladores de cada Cámara del Congreso de la Unión voten por su aprobación. Si nos atenemos a lo que reportan las diferentes encuestas de opinión, una mayoría clara de los mexicanos estamos a favor, pero si recordamos que la reforma neoliberal fue aprobada sobornando legisladores, nada asegura que los legisladores voten en consecuencia con la voluntad popular. Muchos de ellos no tienen presente que son representantes de la nación y que de acuerdo al artículo 41 constitucional: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos…”, y que, en consecuencia, su voto afirmativo no debía estar en duda. Estamos claramente frente a una debilidad de la democracia representativa, que permite que, en ocasiones importantes y cuando hay intereses muy poderosos de por medio, la voluntad de los legisladores se opone a la voluntad popular.
En esta circunstancia, y ante el hecho de que hoy no es legalmente posible la realización de una consulta popular con voto directo y universal, lo que se requiere es la movilización callejera y de opinión publica para que a todos los legisladores les quede claro que pagarán un alto costo político, si votan para impedir que la transformación eléctrica integral sea conducida poniendo en primer lugar el interés nacional, prefiriendo que ello quede en manos de las empresas privadas en vías de convertirse en oligopólicas. El voto que emitirá cada legislador, presumiblemente en mayo, debe ser vigilado con lupa por la población en su conjunto. La soberanía nacional está en juego. La voz de la nación debe hacerse oír.
