■ Poderes se otorgan presupuestos pero no rinden cuentas de ello, sostienen
Teniendo como dato proporcionado por el Laboratorio de Estudios en Matemática Aplicada (LEMA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la caída sensible de todos los índices de transparencia de los sujetos obligados a informar a la ciudadanía sobre el uso de recursos y bienes públicos, cuyo promedio se situó en septiembre de 2012 en 52 por ciento en el cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, y señaladamente como “talón de Aquiles” en este registro la opacidad en el rubro financiero, se ofrece una visión en el estado de una estructura de rendición de cuentas deficiente, sin autonomía e imparcialidad, y poderes autoreferentes como el legislativo y el municipal que se autoasignan presupuestos pero no rinden cuentas de ello.
A esto se suma una sociedad civil poco interesada y capacitada para solicitar información y por tanto, también poco activa en el reclamo del ejercicio de su derecho a la misma. Estas fueron las conclusiones obtenidas en el programa de La Jornada Zacatecas TV, Synergia, dedicado al análisis de los temas corrupción y rendición de cuentas.
De inicio, la corrupción fue definida por Marco Antonio Torres Inguanzo, conductor de esta emisión, como el uso privado del recurso público para conseguir enriquecimiento o poder.
Y señaló como evidencia de la problemática de la estructura institucional que debe evitarla, el que “nos enteramos de los casos de corrupción por filtraciones a la prensa“, y no por el efecto de dictámenes emitidos por las instancias correspondientes, lo que habla “de que algo no funciona ahí”.
Leopoldo Trueba Vázquez, docente de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), e integrante del Laboratorio de Estudios en Matemática Aplicada (LEMA) de la misma, ofreció las experiencias que este gabinete ha tenido en la realización de cinco evaluaciones bajo los criterios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su versión de 2005 y dos más, referidas a febrero y septiembre de 2012, con las modificaciones que se hicieron a esta legislación .
En el contexto de ésta última se evaluaron 117 portales de Internet correspondientes a 49 dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, dos entidades del Legislativo, tres tribunales del Poder Judicial, los 58 municipios, cuatro organismos autónomos y siete partidos políticos, todos “sujetos obligados” por ley para informar a la ciudadanía en los rubros financiero, marco regulatorio, reuniones, informes y avances de gestión y estructura interna y relación ciudadana; puntualizó así los rubros que se registraron para ello.
Como antecedentes citó que en 1997 se elevó a rango constitucional el derecho al acceso a la información, y en 2005 se creó en Zacatecas la ley correspondiente, y a la par, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP).
Desde su inicio y hasta 2008, este organismo generaba por sí mismo sus instrumentos de evaluación para medir si los sujetos obligados cumplían o no con la normatividad, hasta que para dejar de ser “juez y parte”, se solicitó el apoyo del LEMA para hacer evaluación de los mismos.
Los resultados de lo ocurrido entre febrero y septiembre de 2012, arrojaron entre otros datos para el caso del Poder Legislativo, un decremento de su cumplimiento que pasó de 69 a 59 por ciento; el Judicial, que tenía altos índices de cumplimiento con 91 por ciento, descendió a 62 por ciento. Los municipios que subrayó “siempre han sido muy opacos”, mostraron una baja de 55 a 36 por ciento, lo que el especialista calificó como una “caída vertiginosa”.
Y el propio Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas tuvo un descenso en el cumplimiento de su responsabilidad en este rubro de 68 a 50 por ciento. Todos ellos y otros sujetos obligados en promedio registraron un 52 por ciento en cumplimiento de lo que la ley les obliga, dijo.
Los resultados exhibidos por el LEMA, comentó, molestaron al Poder Ejecutivo, en especial a la Contraloría, ahora Secretaría de la Función Pública, que insistía en su cumplimiento con la Ley y por lo que mandó hacer otro estudio, que agregó el académico, no puede compararse con el universitario porque maneja variables diferentes.
Sin embargo, afirmó el estudioso, los niveles sí han venido disminuyendo con relación a años atrás. En sustento de su dicho comentó que sus resultados fueron comparados con un estudio elaborado también en septiembre de 2012 por AR Regional, que evaluó a los gobiernos de los estados de la República y obtuvo resultados similares al LEMA para el caso de Zacatecas.
Pero Trueba Vázquez advirtió además, tras subrayar ese 52 por ciento de apego a la ley como una “calificación reprobatoria”, el hecho de que la información que pudo encontrarse en estos portales no necesariamente es verídica, pues tendría que comprobarse mediante auditorías.
Sobre este tema Juan Manuel Valadez Rodríguez, catedrático en la Maestría en Docencia e Investigaciones Jurídicas de la UAZ, señaló que falta construir ciudadanía informada para que pueda solicitar la información de su interés pero además, participar en la toma de decisiones de gobierno, pues dijo, “esta democracia de transparencia es tan sólo decirte: te doy la ilusión de que te digo en qué gasto, métete hasta dentro y escárbame, si es que puedes…”.
La información debería emitirse de oficio y completa agregó, y cuestionó el que en algunos municipios como Joaquín Amaro, ejemplificó, haya condiciones para que la gente pueda acceder a la misma por falta de capacitación para ello y aún medios materiales.
Sobre la impunidad, dijo acabará cuando un ciudadano pueda demandar a cualquier servidor público, y agregó en el caso del reciente escándalo que protagonizaron diputados de la 60 Legislatura, que se podrían someter a juicio político pero, añadió, existe el problema de que es un procedimiento que no está radicado en el Poder Judicial, sino que tendrían que iniciar ante ellos mismos, cosa que desechó pudiera ser así.
Los panelistas coincidieron en que es necesaria una ciudadanía que conozca sus derechos y participe en el quehacer público. Las estructuras están dadas se dijo, hace falta que la sociedad sea un elemento activo en el proceso de la democracia.
