Durante el Foro de Reforma al Poder Judicial, realizado este lunes en el Foyer del Teatro Calderón, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que el 82 por ciento de los mexicanos considera injusto el acceso a la justicia y que México es el país 116 entre 142 países evaluados en funcionamiento de jueces y Ministerios Públicos, por el Proyecto de Justicia Mundial.
El Poder Judicial es fuertemente oneroso e invade funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de demostrar una fuerte insensibilidad a los problemas sociales y personales de la población que acude a su servicio, expuso la ministra, ejemplificando esto con el amparo que interpuso el Poder Judicial de la Federación para evitar la entrega de 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos, a los afectados por el huracán Otis.
Los 78 mil millones de pesos que cuesta la Corte Suprema al erario público significan que la Corte mexicana es más onerosa que la estadounidense, la española, la canadiense y la alemana, entre otras; hoy, 2 mil 556 trabajadores de la Federación violan el artículo constitucional que prohíbe que los servidores públicos tenga una remuneración superior a la del presidente de la república, indicó Batres.
Batres Guadarrama también puntualizó que hay mil 495 tesis de la Corte dirigidas a juicios fiscales, con criterios elaborados para favorecer el no pago de impuestos, lo que implica que ministros que son “remunerados onerosamente” y cuentan con un exceso de prestaciones, evitan también el ingreso de millones de pesos al erario público.
La ministra también expuso datos acerca del clasismo, sexismo y nepotismo en el Poder Judicial del Estado, señalando, entre otros datos, que existen 455 jueces y magistrados que contrataron a algún familiar directo y hasta indirecto, y son al menos 7 mil 184 personas las que comparten espacio laboral con al menos un familiar en el Poder Judicial de la Federación.
Actualmente, se invalidan leyes por conceptos que no están dentro de la Constitución, señaló la ministra e hizo referencia el caso de 18 comunidades indígenas de Michoacán que se manifestaron por verse privadas de recibir recursos públicos, por la negativa de la Corte de validar leyes por una aludida “falta de consulta indígena”.
La sesión estuvo marcada por abucheos e interpelaciones a la ministra por parte de trabajadores del Poder Judicial, que se manifestaron adentro y al exterior del Teatro Calderón, en donde fueron acompañados por una banda de guerra que se hizo escuchar desde afuera, durante la intervención de 60 minutos por parte de la ministra.
Arturo Nahle García fue ovacionado por los trabajadores asistentes al recinto, que en algunos casos lanzaban vituperios en contra de la ministra Lenia Batres, llamándola “corrupta” y abucheándola de forma constante, con menos frecuencia conforme avanzaba en su discurso.
El ex magistrado zacatecano expuso que la debilidad del Poder Judicial en el estado es de tipo presupuestal y ejemplificó la anterior interpelando a jueces y magistrados que se encontraban en la audiencia, quienes informaron que un juez gana apenas 40 mil pesos al mes y un magistrado percibe alrededor de 88 mil pesos mensuales; sin tener acceso a seguridad, a vehículos oficiales, secretarios particulares, celulares y otros insumos. Además, en Zacatecas los magistrados hacen doble trabajo al no existir un Consejo de la Judicatura, enfatizó el político.
Casi al terminar la exposición de cerca de 50 minutos de Nahle García, Batres Guadarrama cuestionó “¿en qué afecta la reforma al Poder Judicial a los trabajadores de este órgano estatal?”, a lo que Nahle respondió que desconoce si dicha reforma afectará a los ministros que ya han sido designados.
Los ministros deberían ser evaluados al igual que otros trabajadores de confianza al servicio del estado, respondió Lenia Batres, poco antes de que se diera por concluido el foro en el que se tenían contempladas más participaciones, pero que se vio abruptamente finalizado al retirar uno de los ponentes su intervención expresando que no existían las condiciones para llevar a cabo un intercambio de ideas en un ambiente de tolerancia y escucha.
Este evento, organizado por el senador José Narro Céspedes terminó antes de lo contemplado, después de la intervención de la ministra y del ex magistrado Arturo Nahle, al determinarse que no había condiciones para continuar la sesión que estuvo marcada por abucheos o interpelaciones -en algunos casos ofensivas-, de trabajadores del Poder Judicial local.
