Ecuador: estallido social, votos y balas. Una lectura de derrotas y futuras victorias

Ecuador vive un momento agónico, una confrontación cuerpo a cuerpo entre el amplio bloque popular convocado a las calles de todo el país y el capital financiero, personalizado en su banquero-presidente que, con lógica militar y utilizando de manera brutal la violencia de Estado, exacerba una deriva racista, pero también de clase y aporófoba, contra el movimiento indígena y el conjunto de la oposición política. Un discurso, sostenido además por la internacional reaccionaria, que ha prendido en una parte de la sociedad civil, extendiendo el conflicto mucho más allá del plano político, con un desgaste brutal del tejido social.
Sin lugar a duda, en estos 16 días de Paro Nacional convocado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) el tiempo en Ecuador ha trascurrido a una velocidad enorme. Lo que comenzó como una protesta popular, con un claro decálogo de demandas para contener las políticas que provocan el empobrecimiento acelerado de la población y que permiten la depredación sin control de la naturaleza, ha ido tomando tintes destituyentes al tiempo que escala la confrontación tanto en el ámbito social como político-institucional.
Desde el día 13 de julio hasta el momento se han producido numerosos giros de guion. La detención del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en un proceso plagado de irregularidades, marcó un punto de inflexión que exacerbó la protesta. A partir de ese momento, la represión subió de tono con el gobierno lanzado a la aprobación de decretos de excepción (hasta tres textos firmó el presidente) y con un ministro del interior que ha apelado sin cesar al «uso progresivo de la fuerza». Distintas misiones de derechos humanos, así como organizaciones supranacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana o el Comité de Derechos del Niño de la ONU han mostrado su preocupación, señalando la existencia de seis víctimas mortales, centenares de personas heridas y detenidas. En paralelo, una pequeña parte de la ciudadanía ecuatoriana se convocaba a través de redes sociales para manifestarse contra las protestas. Bajo la autodenominación de «quiteños de bien», las clases altas festejaban con la policía en lugares pudientes de la capital exigiendo al movimiento indígena que abandonara «su ciudad» (al grito de «indios hijos de puta, fuera de Quito»). Mientras, la policía nacional bombardeaba con gases lacrimógenos las universidades, convertidas en centros de descanso y cuidado y otros lugares considerados «zonas de paz». Con el belicismo en escalada, el gobierno de Lasso mantenía su llamada a un diálogo sin las condiciones necesarias y la protesta prendía en los barrios, desbordándose con la suma de sindicatos, gremios y distintos movimientos sociales.
En paralelo, desde el plano político-institucional, la Revolución Ciudadana activó con sus 47 asambleístas el proceso de «muerte cruzada». Se trata de un mecanismo previsto en el artículo 130.2 de la Constitución Ecuatoriana que permite la destitución del presidente por «grave crisis política y conmoción interna». Es un mecanismo puede utilizarse una sola vez, en los primeros tres años de mandato y de prosperar supone la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales (de ahí que lo denominen muerte cruzada).
Entre la activación de este mecanismo, el día 24 de junio, hasta la votación de la destitución del presidente Lasso, que se saldó en la noche del día 28 con 80 votos afirmativos, 48 negativos y 9 abstenciones (para destituir son necesarios los votos a favor de 92 asambleístas), el escenario ha dado varios giros trascendentales.
En primer lugar, se instauró la teoría del «golpe de estado» impulsado por el correísmo (evidentemente, tildar de golpismo a la utilización del mecanismo de destitución constitucional carece de sentido). Tras la activación de la muerte cruzada, el gobierno, que no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, ha maniobrado sin cesar para conseguir apenas 48 votos de sustento. Este resultado evidencia la debilidad política de Lasso que en cambio goza del sólido sustento que le ofrece un bloque de poder compuesto por el ejército y la policía; las burocracias tradicionales; la omnipresente embajada de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.
La actuación de este último actor amerita una digresión en el relato. El FMI, anunció, en pleno proceso de Paro Nacional en Ecuador, el día 27 de junio, el desembolso a las arcas del país de la nada desdeñable suma de 1000 millones de dólares y expresó su satisfacción por el comportamiento del gobierno de Ecuador. La satisfacción del FMI se puede valorar con algunos datos que han provocado la aplicación de las medidas derivadas del acuerdo firmado en 2019 con el gobierno de Lenín Moreno: el presente año podría terminar con al menos 189.806 pobres más en el país, en total más de 5,1 millones de personas. En la zona rural, el 41.7% gana menos de 84.71 dólares mensuales, es decir, el 21% del salario básico. En este momento, la compra de alimentos representa el 47% del presupuesto mensual de una familia de clase media ecuatoriana. El trabajo ya no garantiza la salida de la pobreza, han caído en picado las condiciones laborales, escala la informalidad y el trabajo infantil asciende al 8.2%. El cumplimiento de las medidas fondomonetaristas le está costando al Ecuador la vida. Con estos detonantes, la pregunta no era si se iba a producir o no un levantamiento popular sino cuando se daría el estallido.
En paralelo, el gobierno ha continuado preparando el escenario del Lawfare, ampliando la construcción del enemigo político, personalizado claramente en Leónidas Iza pero también en líderes progresistas de oposición como Paola Pabón (que además es Prefecta) o Virgilio Hernández (que es asambleísta del Parlamento Andino). Debe tenerse en cuenta que el Lawfare en Ecuador ha dado un giro argumental fundamental, ya no se utiliza la corrupción como explicación, ni siquiera el de delito de rebelión, que protagonizó la represión política en el Paro de 2019, el nuevo relato construido para aniquilar a la oposición política en el país (el movimiento indígena y el correísmo) se basa en unos supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Sin una sola prueba, portavoces del gobierno y medios de comunicación junto con voceros de la sociedad civil que se enmarcan en posiciones fuertemente marcadas por el discurso del odio, se han ocupado de instaurar este escenario como medida de presión para aniquilar la protesta.