Luego de publicarse el engrose de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad parcial de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), se espera que persista el incumplimiento de pago de los 60 días de aguinaldo a pensionados y jubilados.
Así lo expresó Jorge Eduardo Dávila Rangel, integrante del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, quien advirtió que la dirección del instituto sigue con el discurso de falta de recursos para cumplir con esa disposición, por lo que realizarán la presión que sea necesaria para que ello ocurra.
Con la publicación del engrose de parte de la SCJN, expuso que ahora falta que la sentencia se publique en el Diario Oficial de la Federación y que se haga la notificación al juzgado federal y a Gobierno del Estado, y con ello ya no habrá pretexto para atender el pago de 60 días de aguinaldo a los pensiona dos y jubilados.
Un gobierno decente, dijo, atendería el dictamen de la SCJN del pasado 12 de enero, “pero desafortunadamente no estamos en ese gobierno, sino que estamos en un gobierno indolente que no tienen consideración con ningún sector de la población”.
Dávila Rangel refirió que, en la Legislatura del estado, el gobierno estatal y la Junta Directiva del Issstezac se argumentaba que no se podía aplicar la ley hasta que saliera el engrose de la sentencia, por lo cual era necesario que ello sucediera.
Ahora que ello se ha logrado, detalló que los pensionados y jubilados estarán en condiciones de avanzar al siguiente paso que es hacer presión para que se cumpla con la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de varios apartados, uno de ellos el referente a recortar el aguinaldo de 60 a 30 días para este sector de derechohabientes.
Cuando los ministros dictaminaron que la reforma era inconstitucional, recordó que ellos argumentaron que el Issstezac no podía declararse en quiebra porque no era un organismo privado, de forma que el Gobierno del Estado debe responsabilizarse con el pago de todos los compromisos.
De acuerdo con Dávila Rangel, “esto quiere decir que, le guste o no le guste al Gobierno del Estado, debe hacerse cargo de nosotros y entonces deben buscar la manera de cómo hacerlo, contrario a su respuesta de que se debe liquidar al instituto”.
