La posibilidad de que Zacatecas impulse una empresa estatal minera ha cobrado relevancia, especialmente ante la persistente contradicción entre la riqueza mineral del subsuelo y el limitado desarrollo regional. Sin embargo, detrás del atractivo político y simbólico que esta propuesta despierta, especialistas advierten que la viabilidad real del proyecto exige rigor y una reflexión mucho más profunda. Dos voces académicas Arturo Burnes Ortiz y Rubén del Pozo Mendoza ofrecieron un análisis detallado que, desde distintos ángulos, matizan la idea y colocan sobre la mesa los retos estructurales que enfrenta la entidad.
Se ha dado a conocer por este mismo medio, la propuesta de que Zacatecas impulse una empresa estatal minera capaz de aprovechar directamente la riqueza de su subsuelo, ante la contradicción histórica de ser un estado productor de minerales sin beneficios locales duraderos. Inspirado en el modelo sueco de LKAB, el planteamiento sugiere que una compañía pública podría recuperar la renta minera, integrar la cadena de valor, impulsar la innovación tecnológica y asumir responsabilidades sociales que hoy las empresas privadas no cumplen. En esencia, se propone que Zacatecas deje de ser solo un territorio extractivo y avance hacia un proyecto industrial propio que transforme la riqueza mineral en desarrollo regional.
Durante un diálogo con el medio, el Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y docente de la Unidad Académica de Economía, Arturo Burnes Ortiz comentó que efectivamente Zacatecas ha sido presentado durante décadas como un estado minero, pero sin los beneficios que caracterizan a una economía basada en este sector. Señaló que, aunque la minería ha incrementado su peso dentro del PIB estatal, ello “no se traduce en bienestar duradero ni en desarrollo humano”. Para ilustrar la magnitud del desequilibrio, compartió un dato revelador al advertir que “por cada mil dólares de ventas, la empresa deja a las comunidades aledañas únicamente 18 centavos de dólar”. Para él, esta cifra sintetiza la enorme distancia entre la riqueza generada y los beneficios tangibles para la población.
El académico explicó que Zacatecas continúa operando bajo un esquema eminentemente extractivo que no logra consolidar encadenamientos productivos ni generar una base industrial propia. Comentó que “seguimos exportando minerales sin valor agregado, porque no hemos construido capacidades científicas ni tecnológicas propias”. Señaló que la estructura productiva estatal se encuentra desarticulada y que esa fragmentación impide que la minería se convierta en un verdadero motor industrial.
Uno de los señalamientos centrales de Burnes Ortiz fue la ausencia de un ecosistema de desarrollo basado en la articulación entre academia, gobierno y sector productivo. Explicó que la llamada triple hélice prácticamente no existe en Zacatecas y añadió que “la vinculación va más allá de buenas intenciones; no basta la retórica para suplantar la realidad”. Consideró que, sin una estrategia institucional sólida, inversión sostenida y proyectos de largo plazo, cualquier esfuerzo estatal nacería con limitaciones severas.
Advirtió también que Zacatecas depende casi por completo de la importación de tecnología, maquinaria y procesos metalúrgicos. Recordó que “hasta 90 por ciento de los insumos que utiliza la minería se importan”, y explicó que esto coloca a la región en una situación de vulnerabilidad. Subrayó que una empresa estatal sin base tecnológica propia sería dependiente desde el primer día y se enfrentaría a sobrecostos, retrasos y dificultades operativas que comprometerían su viabilidad económica. Recalcó que la minería moderna es intensiva en conocimiento y tecnología, por lo que el estado requeriría décadas de inversión para construir capacidades propias.
Sobre el caso sueco de la empresa LKAB, tanto Burnes Ortiz como Rubén del Pozo Mendoza, actual Presidente del Consejo Directivo Nacional de la AIMMGM y Director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra UAZ, coincidieron en que ofrece lecciones valiosas, pero insistieron en que no puede tomarse como un modelo a copiar de manera literal. Burnes Ortiz señaló que Suecia cuenta con instituciones robustas, un sistema educativo de alta calidad y una política industrial consolidada. “No partimos del mismo punto de partida”, afirmó. “Suecia es un ecosistema de innovación; Zacatecas no lo es todavía”. Del Pozo Mendoza añadió que la complejidad técnica del modelo sueco es resultado de décadas de inversión. Recordó que LKAB controla toda la cadena de valor, opera infraestructura logística propia y participa en proyectos de transición energética. “Pensar que algo así se monta en poco tiempo es irreal; estos modelos se construyen en treinta o cuarenta años”, comentó.
Se enfocó también en el riesgo financiero inherente a la actividad minera. Explicó que se trata de una industria de alto riesgo que requiere grandes capitales y largos periodos de maduración. Al ser cuestionado sobre si sería viable financiar un proyecto de este tipo con recursos públicos, respondió con franqueza: “¿Usted estaría de acuerdo en que sus impuestos se pongan en riesgo? Yo creo que no”. Señaló que, aunque el estado cuenta con mano de obra calificada, la falta de experiencia gubernamental en la operación de minas a gran escala representa un obstáculo significativo, sobre todo en un sector donde compiten empresas con tecnología y capacidades acumuladas durante generaciones.
Burnes Ortiz insistió en que la discusión debe comenzar por un tema más fundamental: la falta de un plan maestro de desarrollo regional. Señaló que “en Zacatecas se actúa desde la coyuntura; no hay una visión estratégica de largo plazo”. Explicó que cualquier intento por crear una empresa estatal minera tendría que estar respaldado por reformas profundas, entre ellas una mayor captación de la renta minera, inversión sostenida en educación superior e investigación aplicada, fortalecimiento de proveedores locales y una política industrial clara. Consideró que sin esos pilares, el proyecto no solo sería inviable, sino que podría reproducir los mismos problemas del modelo extractivo actual.
Otro eje crítico señalado por Burnes Ortiz fue la estructura fiscal. Explicó que el marco tributario mexicano permite deducciones amplias y una baja captación de renta minera, lo que impide que los territorios donde ocurre la extracción reciban recursos proporcionales a la riqueza generada. Dijo que “mientras no exista una reforma que capture la renta minera, no habrá recursos para invertir en ciencia, tecnología o bienestar social”. Para él, la discusión sobre la empresa estatal solo puede darse seriamente si se garantiza que el estado podrá reinvertir de manera estratégica la riqueza mineral, algo que hoy no ocurre.
En materia socioambiental, ambos especialistas señalaron la deuda histórica que existe con comunidades afectadas por contaminación de suelos y cuerpos de agua, presas de jales y falta de restauración. Burnes Ortiz advirtió que estos pasivos requieren inversiones significativas y que una empresa estatal tendría que asumir responsabilidades profundas. Del Pozo Mendoza añadió que “la minería responsable cuesta”, y que cualquier empresa estatal tendría que operar con altos estándares ambientales y sociales, lo cual implica costos elevados y una planificación rigurosa.
Las reflexiones de ambos convergen en una conclusión clara: una empresa estatal minera en Zacatecas no es imposible, pero hoy no existen las condiciones materiales, institucionales ni financieras para concretarla. Burnes Ortiz afirmó que “la idea requiere transformaciones estructurales profundas; no se puede improvisar”. Del Pozo Mendoza, por su parte, resumió su postura con realismo al señalar que “no es imposible, pero sí complicadísimo”.
