■ Videos íntimos de Internet dañan integridad de las partes, dijo
El legislador perredista, Rafael Flores Mendoza, presentará una iniciativa para tipificar en el código penal el delito de ataques a la intimidad de las personas, ya que cada vez es más recurrente que se suban a Internet videos íntimos con contenidos explícitos, sin el consentimiento de alguna de las partes, con lo cual se daña su integridad.
Aunque la semana pasada ya leyó ante el pleno del Congreso una propuesta para proteger a las personas de ataques con motivo de su vida personal, el próximo jueves la matizará para evitar que se confunda con querer coartar la libertad de expresión, dijo en una conferencia de prensa.
El diputado del PRD comentó que, actualmente, no hay manera de sancionar cuando hay ataques a la vida íntima de las personas, pese a que ya se han dado intentos de denuncias, de ahí la necesidad de imponer penas de tres meses a cinco años de cárcel para quien no salvaguarde el derecho de respeto a la intimidad de los servidores públicos y, en general, de la población, aunque, dijo, los primeros son más susceptibles por tener una vida pública.
Flores aseguró que la intención no es coartar la libertad de expresión que ya está consagrada en la Constitución, pero se deben establecer límites, y el derecho a la intimidad está protegido por varios tratados internacionales.
Ya que de lo contrario, de no preservar el derecho a la intimidad, se obligaría a los particulares a que busquen sanciones por su propia mano. Refirió que hay casos de padres de familia que sus hijos han sido objeto de esa intromisión a su vida íntima porque sus parejas suben a la red videos, y aunque acuden al Ministerio Público a denunciar, la respuesta es que no hay delito a perseguir, pese a la arbitrariedad y abuso de quien violenta los derechos de terceros.
En ese caso, sólo se podría perseguir el delito si le condicionó dinero a cambio de no difundir el video; se tipificaría con el delito de extorsión, de lo contrario no hay otras posibilidades legales y muchos de los agraviados no ven otra alternativa que por hacerse justicia por su propia mano. Es así que la función de un legislador es llenar esos vacíos legales, finalizó.
