Madrid. El Parlamento de España rechazó este viernes, con los votos de la derecha y la ultraderecha, dos decretos impulsados por el gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez para abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda en el país, lo que fue repudiado con el grito de “vergüenza, vergüenza”, de miles de personas que se congregaron a las afueras del recinto legislativo y en multitudinarias protestas en Sevilla, Bilbao, Vitoria, Pamplona y Oviedo, entre otras ciudades, en medio de llamados a una huelga general.
Tras el revés para el gobierno, en medios de comunicación comenzó a manejarse la versión de que el presidente “analizará este fin de semana” si convoca a elecciones anticipadas, posiblemente para el 29 de noviembre, o si concluye su gestión el próximo año.
Los decretos de emergencia fueron aprobados el martes pasado por el Consejo de Ministros para solucionar el grave problema de la vivienda que aqueja a España y evitar así desahucios de personas o familiares vulnerables, como el sufrido por la octagenaria Maricarmen Abascal, el pasado 23 de septiembre y que detonó la movilización social que se vive en estos días.
La falta de vivienda asequible es, desde hace años, uno de los principales problemas sociales en España, pero las protestas cobraron fuerza tras el desahucio de Abascal, después de que su vivienda fue adquirida por una empresa de inversión que pretendía subirle el alquiler 275 por ciento. La mujer está ahora hospitalizada, pero contenta de saber que el fondo buitre que compró la propiedad la dejará volver, aseguró su abogada.
El derechista Partido Popular (PP), el ultraderechista Vox y los independentistas catalanes conservadores de Junts per Catalunya (JxCat) tumbaron las iniciativas con su amplia mayoría frente al bloque de izquierdas.
El primero de los decretos, que buscaba frenar los desahucios de personas vulnerables, dificultar la especulación inmobiliaria y ofrecer incentivos fiscales para fomentar el alquiler fue rechazado por 178 votos en contra y 172 a favor.
El segundo planteaba que los contratos de alquiler residencial se renovaran automáticamente a petición de los inquilinos, principal reivindicación del movimiento de los indignados del Sindicato de Inquilinas, fue rechazado por 184 votos en contra y 166 a favor.
En esta votación se sumaron al PP, Vox y JxCat, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).
La izquierda, liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, logró convencer al resto fuerzas progresistas, como EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Podemos, entre otros, pero fue insuficiente.
El plan del gobierno incluía un amplío escudo social a los inquilinos y la protección a las personas o familias vulnerables, con la prohibición de los desahucios hasta el año 2030.
Pero el plan sucumbió ante la alianza de la derecha y la extrema derecha con los catalanes de la misma ideología.
Defensa sin éxito
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pronunció un breve discurso antes de la votación para “rogar” al “PP y JxCat” que apoyaran las iniciativas por el bien de los ciudadanos y del país.
“Si no lo hacen –advirtió– les juzgará la historia antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.”
Tampoco fueron escuchados los ministros de Vivienda y Derechos Sociales, Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy, que defendieron los decretos al exponer que eran la solución necesaria para el grave problema vivienda del país, y no lograron convencer a los siete diputados que integran la bancada de JxCat, que se ha aliado al gobierno en momentos puntuales de la legislatura, entre ellos el de la sesión de investidura que permitió la primera relección de Sánchez en el cargo.
Tras la derrota parlamentaria, todas las miradas están puestas ahora en el presidente Sánchez, quien tiene la prerrogativa de un adelanto de las elecciones generales, que en teoría deberían celebrarse en julio de 2027.
Pero aumenta la presión, tanto desde los sectores políticos como mediáticos, que hablan de un escenario inminente de elecciones, incluso a finales de noviembre.
Sánchez, aunque es un popular líder progresista a escala internacional, se ha visto rodeado por una serie de casos judiciales contra su Partido Socialista e incluso su familia, que todos niegan haber cometido irregularidades. Su gobierno también ha sido duramente criticado por una crisis migratoria en Ceuta, recordó la agencia Ap.
Tras la votación en el Congreso de los Diputados varios ciudadanos invitados a la tribuna estallaron en cólera. Una mujer llamó “sin vergüenzas” a los diputados que votaron en contra y señaló: “ojalá no tengan que buscar casa a los 53 años y sin trabajo”.
Otros gritaron sin cesar: “los fondos buitre gobiernan el Congreso”, mientras arrojaron al hemiciclo octavillas en las que se denunciaba esa supuesta complicidad.
En la calle, la protesta estaba a las puertas del Congreso, en donde miles de personas abuchearon a los congresistas y gritaron: “vergüenza, vergüenza”, cuando se difundió el resultado de la votación. Hubo pancartas con imágenes de buitres, denunciando a los especuladores inmobiliarios, a los que culpan de disparar los precios.
Desde el Sindicato de Inquilinas, la plataforma que comenzó la movilización social, se advirtió que “hoy es un día de profunda esperanza, hoy es un día que no tiene nada que ver con la derrota, sino con la constatación de que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo, desde el sindicalismo. Y el siguiente paso en la lucha por la vivienda es la huelga general. Es el tiempo de la política de la gente, de hacer la política valiente desde la calle y de conseguirla. Ahora empieza la verdadera legislatura de la vivienda que ha fracasado en este Congreso. Pero no continúa sólo en la Puerta del Sol, continúa en cada barrio”.
“Hay una desconexión irreparable entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos en un Congreso secuestrado”, afirmó el Sindicato de Inquilinas, que convocó a nuevas protestas este sábado en Madrid y decenas de otras ciudades en España, refirió Afp.
En asamblea, el Sindicato de Inquilinas decidió mantener la acampada en la emblemática Puerta del Sol hasta que se lleve a cabo una huelga general, mientras en varias ciudades inconformes exigieron el fin a la especulación inmobiliaria.
Según el Banco de España, el país, de unos 50 millones de habitantes, arrastra un déficit de unas 700 mil viviendas. El alquiler medio casi se ha duplicado en los pasados 10 años. El precio medio por metro cuadrado ha subido de 8.20 euros en 2016 a 15.1 (17.15 dólares) este año, según el portal inmobiliario Idealista.
