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miércoles, 7 diciembre, 2022
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Agenda para la democracia rumbo al 2016

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Por: MARCO ANTONIO TORRES DEL MESÓN •

La agenda de la democracia en la actualidad está pasando de observar los retos en relación a los procesos electorales, a fijar las metas al interior del acto mismo de gobernar. Es decir, el tema de la democracia transita del ámbito electoral al gubernativo. La cosa es que se mejoraron los esquemas de imparcialidad en los procesos de elección respecto a la situación que guardaban antes del 77, y los resultados de los gobiernos que provienen de esas reformas no son para nada óptimos: su forma de hacer gobierno sigue sin resolver los problemas públicos. Si hacemos una comparación de los cambios en la organización de las elecciones y los cambios en los principales problemas públicos del país en el mismo periodo, encontramos que en la primera ocurren importantes modificaciones y en la segunda sólo observamos persistencia. Es decir, mejorar los procesos de elección no generó mejoría de los actos de gobierno. Y una así, la democracia electoral es de muy mala calidad: la última medición de Latinobarómetro dice que sólo el 19% de los mexicanos está satisfecho con la democracia en el país, en Uruguay la satisfacción es del 70%, y la media de toda la región es de una satisfacción del 37%. Muy por debajo de todos, porque de 18 países medidos México es el último lugar. Lugar que se corresponde con la pésima vida interna de los partidos, gobernados por cacicazgos que fundan su poder en el dinero, clientelas y nexos con los gobiernos locales, y que son dueños de las prerrogativas y el manejo ilegítimo de los presupuestos a los que tienen acceso. Eso produce una clase política separada de los intereses sociales y que se constituye en casta de políticos profesionales. Los procesos electorales se mantienen en niveles de participación del 40%, lo cual expresa la reunión de los votos duros de los diferentes partidos, y queda sin expresarse el voto libre. Es notorio que ahí donde ganaron las candidaturas independientes los niveles de votación rebasaron el 60%, y por tanto, participó un número mayor de voto libre. En suma, ante el fracaso de las llamadas reformas políticas de los últimos años, que han producido una democracia de malísima calidad, que sólo deja contentos a las élites partidarias, debemos pensar en rebasar la agenda de la democracia y orientarla hacia dos objetivos: (a) conectar los procesos de elección con determinantes de buen gobierno, es decir, conectar elecciones con requisitos que mejoren la solución de los problemas públicos; y (b) centrar las exigencias de la democracia en el ámbito del acto de gobierno: construir gobiernos abiertos y esquemas de gobernanza, que hagan posible la participación ciudadana en el diseño, implementación y control social de las políticas.

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Para conectar a los procesos de elección con la calidad de los gobiernos, se deberán proponer algunas modificaciones en la ley electoral, para obligar que los partidos cuenten con definición de los problemas que pretenden resolver, sus estrategias de atención y la forma concreta como piensan resolver esos problemas. Con características rigurosas y visibles para todos, que haga muy difícil la simulación. Obligar a los partidos a invertir en el estudio serio de los problemas y en la formación sistemática de sus cuadros. Y diseñar un esquema comunicativo (de campaña) que provoque que dichas propuestas se conviertan en los móviles principales del voto.

Sin embargo, más importante aún es democratizar el ejercicio del gobierno. Y por donde se puede empezar es por los gobiernos locales, los municipios. Sabemos que la causa central del fracaso de los gobiernos municipales es la estructura política sobre la que se operan dichos gobiernos: los grupos de interés del partido en el gobierno (es indiferente de cuál partido se trate) generan un dominio sobre las acciones y presupuestos con el fin de asegurar controles territoriales para garantizar su continuidad en el gobierno. Es un círculo vicioso: gobiernan para continuar en el gobierno. ¿Y los problemas públicos? Convertidos en malos pretextos para ejercer los presupuestos. Si se construye una estructura de diagnóstico, planeación y presupuesto participativo, donde todos los actores del territorio participen y definan acciones, sin esquemas partidarios, entonces podremos modificar la distribución del poder local, y con ello, modificar la estructura política del municipio desde donde se funda el gobierno. En términos prácticos, podemos pensar que desde la facultad reglamentaria del cabildo, se apruebe un reglamento de planeación y presupuesto participativo; y en dicho reglamento se apruebe la constitución de un parlamento municipal que delibere y genere propuestas de desarrollo para que el cabildo las ratifique.

En el proceso electoral que viene, las preguntas serán: ¿qué partidos estarán dispuestos a realizar las acciones que aquí señalamos para elevar la calidad de la democracia gubernativa? Morena ha hecho declaraciones en el sentido de hacer propuestas que generen una mayor distribución social del poder, pero observamos la emergencia de cacicazgos internos que serán obstáculo para que esas declaraciones se lleven a la práctica. El PRD está planteando una alianza con el PAN y se aleja más de estas posibilidades. El PRI es claro que no lo haría. Así que si no hay emergencia social y ciudadana  que lo impulse, desde los puros partidos no ocurrirá. Y la pregunta es, ¿hay una emergencia de este tipo en el horizonte? Pues no. Sin embargo, este tipo de emergencias surgen como explosiones, como los indignados: en semanas brotan desde la nada. Dios lo quiera. ■

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