El indiscriminado saqueo de materia prima (hidrocarburos, minerales, maderas, monocultivos) para exportarla con bajo procesamiento desde las periferias a los centros de la economía mundial es denominado extractivismo.
En el ámbito de la minería el fenómeno resurge con la “nueva fiebre del oro” merced a la tendencia alcista de las cotizaciones internacionales de los metales preciosos. No obstante, el agotamiento de las vetas subterráneas de gran calidad propicia la aparición de megaproyectos basados en nuevas tecnologías para extraer minerales dispersos en grandes extensiones de tierra.
El método más avanzado es la minería a cielo abierto por lixiviación con cianuro. La particularidad del tajo abierto es que las mineras cavan enormes cráteres que alcanzan a medir 150 hectáreas de extensión y 500 metros de profundidad. Para encontrar partículas dispersas de minerales y tierras raras en yacimientos de baja calidad, cuentan con la capacidad de pulverizar vastas extensiones de tierra. Emplean modernos equipos de excavación, grandes maquinarias, cintas transportadoras, nuevos insumos y tuberías de distribución. Tienen la capacidad de remover montañas en unas cuantas horas. Incluso puede ser rentable extraer menos de un gramo de oro por cada tonelada de material removido. Para recuperar el oro del material removido se aplican grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente tóxica. Además se requiere el consumo de enormes volúmenes de agua y energía. Si la minería subterránea parecía un hormiguero donde el trabajo humano se ofrenda para sustraer riqueza bruta, ahora la megaminería además pulveriza y envenena el territorio.
El prefijo mega también hace alusión a la ancha cobertura espacial de extensas telarañas de capital que atan los centros financieros e industriales del Norte global con enclaves mineros apostados en el Sur global, entre ellos México y el resto de América Latina, además de África y Asia. En estas redes de capital global gravitan instrumentos financieros, nuevas tecnologías, insumos, proveedores, contratistas y obreros.
En la formación inicial aparece el capital ficticio (hacer con dinero más dinero). En las bolsas de valores, sobre todo la de Toronto, confluyen fondos de inversión y de pensiones impelidos por los atractivos rendimientos de títulos, valores y acciones de las compañías mineras. Tomando como referente los altos precios de los metales preciosos, pueden apalancarse proyectos extractivos en diversos países periféricos. Bajo ese mecanismo fueron integradas corporaciones multinacionales como Goldcorp. No obstante, la volatilidad de los precios y las burbujas especulativas tornan inestable la base financista del extractivismo. De un lado al otro salta el capital ficticio buscando altos márgenes de rentabilidad en el corto plazo; no tiene fijación territorial ni apego a proyecto de desarrollo nacional alguno.
El rostro productivo lo muestra el capital extractivo, el cual se encarga de destruir territorios para extraer y exportar los minerales. Los enclaves mineros, como Zacatecas, son el eslabón más débil del capital global que sólo se especializa en saquear materia bruta para alimentar procesos de transformación en centros industriales de las economías centrales que, a su vez, están vinculados a mercados de artículos de lujo, como la joyería. Arriba, el glamur de los estratos de consumo medio y alto contrasta con las comunidades de abajo, despojadas de sus tierras, y los obreros sobreexplotados.
Luego de tomar por asalto, el territorio el capital originario (ficticio-extractivista) puede diversificar los riesgos de inversión y transferirlos en proveedores nacionales que se incrustaran como agentes productivos en los proyectos de exploración y explotación. Los proveedores se apiñan a la estructura productiva aportando maquinaria, equipo, dispositivos tecnológicos, insumos y trabajadores subcontratados. En Zacatecas los proveedores están integrados en el clúster minero (Clusmin).
El Estado también se suma a la cadena de proveeduría del capital extractivo cuando proporciona la infraestructura, financiamiento, energía eléctrica y agua reclamada por las mineras. Tan sólo en Zacatecas, la minería consume la mayor cantidad de energía eléctrica (70.2% del uso industrial en la entidad) y absorbe 35.6% del agua. Otros de los servicios estatales es controlar a los trabajadores y, si es necesario, contener o reprimir a opositores de los megaproyectos.
El papel del Estado es fundamental para articular el andamiaje institucional del modelo extractivista. El Estado del país donde tiene su base el capital ficticio-extractivo —p.ej., Canadá— y los cabilderos (lobbies) mineros entablan negociaciones con gobiernos y legisladores de los países periféricos donde se asientan los enclaves mineros para que aprueben los marcos institucionales y legales que favorezcan la apropiación de la renta minera por el capital global y sus proveedores. Condescendiente, el Estado mexicano adopta el despojo como política. Las reformas al artículo 27 constitucional permiten el acaparamiento de tierras ejidales por capitales agroindustriales, mineros, turísticos e inmobiliarios. Y la Ley Minera concede un uso preferente del territorio para la exploración y explotación minera por encima de la preservación del medio ambiente, el patrimonio cultural o el derecho de los pueblos. Ahora la quinta parte del territorio nacional y un tercio del zacatecano están concesionados a las compañías mineras. Pese a los argumentos de los cabilderos y legisladores afines, persiste una baja tasa impositiva que refuerza la transferencia neta de valor al capital ficticio-extractivo. La participación estatal en la renta minera vía fiscal, el llamado neoextractivismo, no es más que una ficción desarrollista que sigue favoreciendo a las corporaciones: en la práctica pagan exiguos impuestos bajo esquemas fiscales autoregulados.
La arenga neoliberal bendice la llegada del capital extractivo con el socorrido argumento de que generan los empleos requeridos por la población. Pero los empleos generados son insuficientes, precarios y riesgosos. La composición orgánica del capital extractivo, la proporción entre capital constante (medios de producción) y capital variable (fuerza de trabajo) es desfavorable al segundo componente debido al gran tamaño y potencia de la parte constante. La nueva tecnología implementada no requiere mucha fuerza de trabajo, o, dicho de otro modo, una masa relativamente pequeña de trabajo vivo puede mover una mayor proporción de capital constante para, en este caso, remover grandes cantidades de tierra y extraer la codiciada materia prima. Por ejemplo, se emplea una maquinaria diseñada como si fuese hormiga: liviana, pequeña y con capacidad de cargar una gran cantidad de material; una gran cantidad de obreros resulta redundante. Zacatecas se distingue como uno de los principales productores y exportadores de oro y plata, sin embargo presenta una brecha entre productividad y empleo en la minería: aporta el mayor volumen del PIB estatal (38%), pero registra el nivel más bajo en la ocupación (2%).
El trabajo precario predomina en las minas bajo el régimen de subcontratación. Las reformas laborales permiten que los obreros estén sujetos a trabajo temporal, bajos salarios, menores prestaciones y riesgo de despido. Por ejemplo, obreros con elevada presencia de mercurio en la sangre, en lugar de ser atendidos, son despedidos. La mayoría de los trabajadores mineros en Zacatecas está subcontratada: siete de cada 10, muy arriba del promedio estatal de 13.8%; se trata de 9,660 obreros que representan 38% de los trabajadores subcontratados en la economía de la entidad. Paradójicamente, los campesinos despojados de sus tierras pueden terminar supeditados al régimen de subcontratación en la demarcación de lo que fuera su propio espacio de reproducción social.
Un segmento menor de mandos medios proviene de los técnicos y profesionistas formados localmente. Algunos egresados de la UAZ ocupan cargos gerenciales en determinadas unidades mineras o se desempeñan como superintendentes y supervisores. Otras instituciones educativas como UTZAC, UPIIZ e ITS también forman personal técnico para las minas. El mercado laboral es inestable al estar sujeto a la volatilidad de los mercados globales, sólo en épocas de auge encuentran empleo y buenas remuneraciones.
Ante todo, la vida útil de los megaproyectos depende de la rentabilidad expresada en las cotizaciones de los metales preciosos y los papeles financieros de las bolsas de valores. Como los capitales extractivos son conglomerados de diversos capitales —corporaciones multinacionales y un racimo de proveedores nacionales—, ante la eventual caída de la rentabilidad pueden separarse con facilidad. La maquinaria y equipo pronto se relocaliza en otros emplazamientos mineros u otras ramas industriales; sin embargo la tierra inamovible queda contaminada y devastada, al igual que los obreros desempleados y los comuneros despojados.
Los procesos de formación del capital extractivista implican la destrucción de los modos de vida y trabajo de las comunidades. Se trata de un despojo de bienes comunes con carácter residual y terminal en cuanto los campesinos y pobladores son separados de las últimas posesiones además de que se envenena y aniquila el sustrato de la cultura material de los pueblos afectados. La legalización del despojo territorial significa tanto como firmar el acta de defunción de la economía popular.
Amparado en el discurso del progreso, el saqueo de los bienes comunes a favor de los megaproyectos en realidad profundiza el papel dependiente de la economía mexicana y reedita la transferencia de valor, y con ello de trabajo vivo y recursos naturales, para sostener la irracional lógica del capital especulativo, rentista y depredador. La concesión de la renta minera a las multinacionales obstruye la posibilidad de generar ciclos autónomos de acumulación y distribución social del excedente. En tanto que el saldo ecológico es la destrucción del paisaje y la biodiversidad, junto a la contaminación del agua, el aire y la tierra.
En México persisten alrededor de 36 conflictos derivados de proyectos mineros. Las víctimas del despojo afrontan el dilema existencial de la supervivencia. Las respuestas sociales van desde resignarse y negociar un precio mínimo por la venta o renta del territorio, incluyendo la posibilidad de emplearse en las minas o recibir dádivas gubernamentales, hasta oponerse a la imposición de megaproyectos e intentar reconstruir las comunidades desde un espacio de autonomía. ■
