Ciudad de México. Aunque la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) reconoció que la propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no es de censura, advirtió que “hay temas que preocupan”.
Después de que fue presentado ayer el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, el organismo que concentra a las empresas que mantienen un título de concesión para operar y explotar comercialmente estaciones de radio y televisión señaló que entiende y apoya el mandato regulatorio para avanzar en el tema de la protección de las audiencias, por lo que ha emitido opiniones constructivas al órgano regulador.
La CIRT indicó en una comunicación que buscará un consenso con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para presentar una posición unificada en la consulta pública que durará 20 días. No obstante, expresó su preocupación sobre los lineamientos presentados en días recientes por la CRT (https://shorturl.at/C5ZWa).
Anotó que “los lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por parte del gobierno”. Explicó que “el proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad”.
Destacó que las sanciones propuestas, que pueden alcanzar uno por ciento de los ingresos anuales de cada concesionario o programador, “son en exceso elevadas”, ya que la ley actual sólo impone multas por no designar defensor de audiencias o no emitir códigos de ética.
La CIRT indicó que la creación de un “recurso de inconformidad” que permita al gobierno revisar las decisiones de los defensores de las audiencias se percibe como una amenaza a la libertad de expresión, al posibilitar al gobierno decidir qué contenidos, incluidos los informativos, se pueden transmitir.
Pese a ello, la CIRT considera acertado el proceso de consulta pública abierto por la CRT para corregir errores y excesos que puedan poner en riesgo la libertad de expresión y la decisión de las audiencias de consumir la programación que deseen.
