En sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura del estado de este lunes, que ahora sí completó quórum legal, el diputado local por Morena, Ernesto González Romo, propuso una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Zacatecas para garantizar “la muerte civil de los corruptos”, esto mediante el impedimento de que servidores públicos puedan ejercer un cargo de elección popular en caso de haber incurrido en actos de corrupción.
“Hablar de corrupción no significa hablar de un tema de moda, sino que se trata de un mal que ha venido dañando a la sociedad, ya que de ésta derivan males tan lamentables como la pobreza, la injusticia, desigualdad y de oportunidades que debieran ser las mismas para todas las personas, ello obedece a la falta de atención que dejan de prestar los servidores públicos cuando dejan de resolver las necesidades de la mayor parte de la población y deciden privilegiar a unos cuantos. Ante tal circunstancia, el sistema gubernamental se envilece y deja de funcionar como debiera hacerlo y, por ende, la democracia se ve afectada”.
La corrupción, señaló el legislador en su exposición de motivos, lamentablemente se encuentra a la vista de todos, desde las deficiencias en la prestación del servicio público hasta falta de mantenimiento a los servicios públicos, de ahí que es necesario analizar el actuar de los servidores públicos más a detalle y ser sancionados de una manera ejemplar en caso de ser responsables o verse involucrados de algún acto ilegal.
A decir de González Romo, las consecuencias que dejan las prácticas corruptas no sólo se mide en el aspecto económico, pues no hay que soslayar que el Inegi ha señalado que para 2019 la corrupción costó 3 mil 822 pesos a cada ciudadano mexicano; sin embargo, pero no sólo es el aspecto económico el que sufre afectaciones, sino también derechos humanos como educación, salud, alimentación, entre otros que al no proporcionar el servicio de manera adecuada, se genera un foco de corrupción que trasciende al actuar de los funcionarios públicos, de ahí que continua presente la necesidad de establecer estrategias, herramientas y mecanismos de sanción a aquellos servidores públicos que intervengan en actos corruptos.
Por su parte, el actuar del servidor público debe estar apegado a los principios de honestidad, servicio y legalidad; sin embargo, ante un actuar desapegado a la normatividad que le es aplicable se debe castigar de manera ejemplar las malas actuaciones, precisó, porque un hecho de corrupción va desde sobornos hasta manejos inadecuados de recursos públicos para el enriquecimiento de unos pocos, de tal suerte se involucra a particulares y servidores públicos, pues requiere de la persona que ofrece y la que acepta tal conducta.
“Si bien existe en la Ley General la sanción a funcionarios públicos que incurran en responsabilidad por faltas graves y no graves, existen otros mecanismos que se deben implementar para prevenir, castigar y erradicar la corrupción. Por ello se propone la presente iniciativa, a fin de atender un tema tan preocupante que se ha venido agravando en el servicio público y debe ser combatido de raíz”, enfatizó el legislador.
Por ello, el morenista estimó prudente y pertinente establecer en la Constitución Política del Estado de Zacatecas penas ejemplares a los servidores públicos sancionados para que no puedan ejercer un cargo de elección popular o designación.
“Estoy convencido de que la actuación de todo servidor público debe regirse por los principios de transparencia, legalidad, imparcialidad, honestidad y servicio, de ahí que al incurrir en conductas u omisiones catalogadas como faltas administrativas graves, deben ser sancionadas de manera ejemplar pues el grado de reprochabilidad al servidor público es mayor a la de cualquier otro ciudadano”.
En tal contexto, la propuesta que se sometió al pleno tiene como objetivo fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, por ello, la pertinencia de establecer en la legislación local, el impedimento para que los servidores públicos puedan ejercer un cargo de elección popular o por designación, en caso de haber incurrido en actos de corrupción y hubieren sido inhabilitados o condenados por delitos en la materia.
