El Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), aprobó el proyecto de presupuesto de 3 mil 794 millones de pesos presentado por la Rectoría para el próximo año; se prevé un déficit de 828 millones de pesos para el 2025.
De acuerdo con el proyecto que expuso Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la universidad, del total de ese presupuesto 425 millones de pesos corresponden al subsidio del gobierno del estado y el resto federal.
Al respecto, algunos docentes cuestionaron que el presupuesto que otorga el Gobierno del Estado a la universidad es muy bajo, pues equivale a apenas el 20 por ciento del total del subsidio, mientras que en la mayoría de las universidades del país alcanza un 50 por ciento.
También se refirieron a la deuda con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y señalaron que la Legislatura del estado no ha autorizado que el gobierno sea aval solidario de la universidad, según lo exige el instituto para firmar un nuevo convenio de pago de la deuda.
Jenny González Arenas, secretaria general del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), lamentó que el análisis del presupuesto se realizase de manera apresurada, ya que la norma establece tiempos y periodos para elaborarlo.
Además, manifestó que la elaboración de un presupuesto debe realizarse de manera desglosada, y aunque el gobierno no lo solicita, sería importante para que la comunidad universitaria conozca todo con detalle, pero contrario a ello “hacen el presupuesto con base en una expectativa que no se va a cumplir”.
Entonces, hizo un llamado a la responsabilidad y a no avalar ese proyecto de presupuesto, pues no cuenta con una proyección real respecto a los rubros en donde la institución debe destinar recursos.
González Arenas refirió que, en cada emplazamiento a huelga, a diversas demandas la Rectoría responde que no se hizo una proyección para esos rubros, por lo que es precisamente lo que se debió trabajar en el presupuesto para el próximo año y no se hizo.
Asimismo, la administración central de la universidad reconoció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha retenido más de 70 millones de pesos a la universidad por el incumplimiento de pago de la deuda correspondiente a la seguridad social de octubre y noviembre del 2012, según se estableció en el convenio de pago firmado por el entonces rector Armando Silva.