Si el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, exhibió al gobierno de Peña Nieto refutando las tesis esenciales de la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el nuevo informe que ha dado a conocer el Grupo de Trabajo (GT) del comité contra la desaparición forzada de la ONU, es devastador de lo que queda de este gobierno. Subraya la profunda crisis de derechos humanos que vive el país y la debilidad de los compromisos internacionales que el gobierno adquiere en esa materia.
En su conclusión, “el GT reitera su pesar por los pocos avances registrados en la implementación de sus recomendaciones. Los grandes desafíos detectados por el GT durante su visita y plasmados en su informe de misión aún perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación. Esta realidad puede y debe ser transformada… Al Estado, el GT le reitera las recomendaciones que siguen sin cumplirse, le invita a proveer información actualizada sobre la implementación de todas sus recomendaciones, pero sobre todo, le manifiesta su plena disponibilidad para continuar con el diálogo constructivo y brindar su apoyo y cooperación para garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada de personas. Asimismo alienta al Estado a implementar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada y del GIEI”.
Ningún otro episodio criminal en México ha exhibido mejor que el caso Ayotzinapa el fracaso del Estado y de los gobiernos ante la inseguridad y la violencia: en la policía municipal, capturada y al servicio de las bandas delincuenciales; en las corporaciones estatales que se mostraron sin voluntad ni capacidad para acudir, ni siquiera interesarse en los hechos de extrema violencia conocidos y denunciados en la Ciudad de Iguala; en el Ejército, que tampoco se hizo cargo de la seguridad de la población ni de los jóvenes normalistas colocados en una situación límite, y evidenciado en los casos de Tlatlaya y Calera, Zacatecas; en la procuración de justicia estatal y federal, indiferentes e indolentes ante las denuncias previas por homicidio y otros delitos contra el Presidente Municipal; en la reacción errática del Gobierno Federal, que tardó diez días en atraer un caso de lesa humanidad y en la investigación incompetente, deliberadamente lenta y orientada sólo a salir del paso, no a conocer la verdad; en los servicios de inteligencia, incapaces de alertar ni prevenir las consecuencias del dominio de un grupo criminal sobre varios municipios; y, sobre todo, de un gobierno reacio a asumir con rigor sus compromisos internacionales en derechos humanos.
Desde mi punto de vista, la enorme indignación prevaleciente expresada en la gran movilización nacional del sábado pasado debe encontrar un cauce institucional y una agenda amplia de cambios en siete temas para el acuerdo político y social urgente: los derechos humanos, la atención a las víctimas, la rehabilitación del poder municipal y del federalismo, la impartición de justicia, la pobreza y la desigualdad, el combate de la corrupción y la superación de la impunidad.
Ante el hecho evidente de que la reciente reunión de los padres de los desaparecidos con el presidente Peña Nieto fue un diálogo de sordos, el gobierno debe mostrar su voluntad política para empezar a superar la desconfianza de la ciudadanía con sus autoridades, solicitando a la ONU la creación de una instancia similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo primer director, Carlos Castresana, en entrevista para Aristegui CNN, detalló su experiencia en ese país, donde fue precisamente esa comisión la que junto con el Ministerio Público acusó al ex presidente Otto Pérez Molina, como la cabeza de una red de fraude aduanal que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Refirió que actualmente la ONU tiene unas peticiones concretas de países que están solicitando un mecanismo como ese, “Guatemala tiene uno así porque lo pidió al secretario general de la ONU, México tendría que hacer lo mismo”, indicó. Aunque reconoció que la “creación de una fiscalía en sí misma no es la solución, no resuelve el problema, lo que resuelve el problema es abordarlo y solucionarlo, eliminar las interferencias políticas, darles la independencia para que puedan hacer su trabajo sin directrices del poder política”. Lo que hace una comisión como la CICIG es crear “capacidad que dejas ahí instalada y al final son los fiscales y los policías de ese país quienes hacen la tarea”. Tras la creación de la CICIG, se pudo meter “a los malos a la cárcel que es para lo que se supone que están ideadas y pagadas” las instituciones de justicia.
“Hace falta poner en marcha el mecanismo, entrenar a los funcionarios, seleccionarlos muy bien, implementar controles de confianza, y caminar con ellos hasta que son capaces por sí solos”, aseguró. En Guatemala, “tuvimos que crear esa contraparte, no encontramos policías ni jueces confiables porque el sistema estaba muy infiltrado por estructuras que provenían del conflicto armado, era ineficiente, corrupto o peor, trabajaba para los malos”. Ante ello, “elegimos a policías, les enseñamos nosotros, los formamos, con los fiscales lo mismo”. En nuestro México la situación no es muy distinta.
