La prevención de las desapariciones, advierten organismos internacionales, debe atender determinantes estructurales como la violencia derivada de la disputa entre grupos criminales que ejercen control territorial mediante “gobernanza criminal”, la falta de sanción a los perpetradores y la vulnerabilidad de jóvenes en contextos de precariedad; en lugar de reducirse a medidas de autocuidado.
El libro Morir es un alivio, que reúne testimonios de ex sicarios para mostrar desde dentro las dinámicas de la violencia en México, plantea que la violencia del narcotráfico no puede entenderse sin la participación del Estado, responsable también de desapariciones y muertes de civiles encubiertas como “daños colaterales”, según la académica Karina García Reyes.
Por su parte, el estudio Redes de macrocriminalidad, publicado por la Fundación Heinrich Böll, documenta que la desaparición de personas forma parte de entramados donde confluyen grupos criminales, políticos y empresariales bajo un régimen de impunidad, por lo que la principal medida de prevención es el desmantelamiento de esas redes.
A la par de estos diagnósticos académicos e institucionales, los colectivos de familiares han jugado un papel central en el que además de buscar a sus seres queridos, realizan labores de prevención al visibilizar la magnitud del problema y presionar cambios legales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido este papel: “Las familias de personas desaparecidas son actores indispensables en el diseño e implementación de políticas públicas para la búsqueda y la prevención”. Gracias a esa presión social se eliminó la práctica de esperar 72 horas para recibir denuncias, se han creado registros nacionales y locales y se han impulsado protocolos de búsqueda más eficaces.
Por otra parte, algunas de las principales recomendaciones que emiten organismos como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) consisten en medidas de prevención dirigidas a menores de edad y otros grupos vulnerables.
La cartilla publicada por la FGR en 2019 aconseja que niñas y niños memoricen su nombre completo, domicilio y teléfonos de contacto; que nunca den información personal por teléfono o internet; que no se vayan con desconocidos, aunque digan que van en nombre de sus padres; y que griten pidiendo ayuda si alguien intenta llevárselos. También recomienda no poner nombres visibles en la ropa y acordar un punto de encuentro en lugares públicos.
La CNB, en materiales audiovisuales recientes, ha difundido estrategias para prevenir la desaparición vinculada con riesgos en medios digitales. Entre ellas: no compartir ubicación ni datos personales, evitar subir fotos o videos íntimos, no agregar contactos desconocidos y no acudir solo a citas con personas conocidas en internet.
Además, insiste en fomentar la confianza con adultos de referencia para reportar perfiles sospechosos en redes sociales, y advierte que muchos casos de trata de menores inician a través de plataformas digitales, con 2000 víctimas registradas entre 2015 y 2022.
A nivel local, la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) ha difundido en primarias y secundarias un tríptico con recomendaciones de autocuidado. El material pide a las y los estudiantes informar a su familia los lugares que frecuentan, el nombre y contacto de sus amistades y las redes sociales que utilizan; no aceptar dinero de extraños ni agregar contactos desconocidos; y acudir con un adulto de confianza si algún compañero se siente en riesgo.
También explica los distintos tipos de búsqueda que coordina la institución (inmediata, individualizada, por patrones y generalizada), incluye teléfonos de emergencia y detalla los documentos necesarios para levantar un reporte, entre ellos acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, fotografía reciente, señas particulares y antecedentes odontológicos.
