Después de las masacres de 1968 en Tlatelolco y del ‘halconazo’ en 1971, inició un ascenso de las luchas en las calles por los derechos laborales, por la vivienda, por la tierra, por la democratización de las universidades, por las libertades políticas y democráticas. El registro electoral logrado por el PCM en 1978 dio un fuerte impulso al desarrollo de una narrativa sobre la transición democratica. Sin embargo, el discurso articulado de derechos humanos en México surge en la década de los ochenta como resultado de una fusión ecléctica de los discursos de la transición a la democracia y la teología de la liberación, que también dio origen a un discurso integral que daba el mismo valor a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales. Al principio fue de dominio casi exclusivamente diplomático y académico hasta mediados de los ochenta, cuando la izquierda social empezó a utilizarlo en el contexto del conflicto armado en Centroamérica, especialmente en El Salvador y Nicaragua, donde la Iglesia progresista creó organizaciones que se encargaban de denunciar abusos como tortura, desaparición forzada, ejecuciones, detenciones arbitrarias, incomunicación, asesinato político, etcétera, cometidos contra la oposición armada.
Es necesario recordar que en el México de los años 60’s y 70’s, fueron las luchas sociales referidas más arriba los espacios de formación de cuadros de la casi totalidad de las organizaciones políticas de izquierda, de manera que los futuros dirigentes políticos y hasta legisladores y gobernantes desarrollaron habilidades para propiciar el nacimiento de nuevos movimientos sociales y para coordinar sus acciones para incrementar su eficacia en la gestión de sus demandas y derechos. Además, las escuelas de cuadros más formalizadas de partidos políticos como el PCM, el PMT y otros, fomentaron la lectura de los clasicos de la teoria política y, en su conjunto, formaron la generación de dirigentes que condujeron la transformación del lenguaje programático incorporando la idea de que el bienestar se incrementa conquistando nuevos derechos. Así fue tomando forma el actual progresismo mexicano.
En aquellos años, la lucha democrática tenía un rol práctico doble: oponerse al autoritarismo, y a la represión oficial, que si bien México no había pasado por la terrible situación de represión generalizada que hizo a los países de Sudamérica elaborar la teoría de la transición a la democracia, la situación política imperante era lo suficientemente mala como para relacionarla con aquel y la consiguiente necesidad de «transitar a la democracia». En México «la transición a la democracia» significaba una alternancia en la Presidencia de la República. Incluía la instauración del Estado de Derecho, elecciones libres, un sistema de partidos fuerte, la rendición de cuentas de los gobernantes, consultas populares, el goce de libertades individuales y derechos políticos, y se veía como la forma de lograr un gobierno verdaderamente electo por el pueblo que estuviera dispuesto a revertir las políticas neoliberales y perseguir los ideales de justicia social.
Sin embargo, el discurso y la lucha por derechos perdió integralidad en la medida que se subordinó a la transición electoral y se postergó el abordaje de los derechos relacionados con la desigualdad socioeconómica. Al agravarse la situación social en México las organizaciones finalmente fueron abordando estos problemas pero hasta ahora no han podido revertir el rezago. Lo mismo ocurrió con la democracia directa (referendum, plebiscito y revocación del mandato) que se incorporó al discurso transicional pero en los hechos no se avanzó gran cosa. Así, se construyó un discurso de derechos humanos que en un principio propugnaba la integralidad de todos los derechos, pero que fue volviéndose solo electoral en la medida en que la izquierda social se sumaba a la lucha por la transición a la democracia, especialmente a traves del PRD, y que los principales dirigentes casi exclusivamente ponían su atención en las sucesivas reformas electorales.
El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tuvo una gran influencia en la ampliación y construcción del discurso de derechos humanos. Para empezar, el Zapatismo amplió el marco conceptual para el que los derechos humanos servían de objetivo estratégico, pues replanteó la definición de democracia usada en los movimientos sociales hasta entonces. Para los zapatistas ésta debía ir más allá de lo electoral: las organizaciones civiles y sociales tenían que ser consideradas como un actor político más cuya función fuera la de reclamar la rendición de cuentas de los gobernantes mediante la participación activa en los procesos políticos y la toma de decisiones.
Con estos antecedentes es fácil valorar la importancia de que la 4ª T haya incluido en su programa de gobierno y en la Constitución mexicana el derecho a la consulta para la revocación del mandato del Presidente de la República y, en poco tiempo, de las autoridades locales. Es fácil entender por qué los presidentes anteriores nunca quisieron dar ese paso, dada la debilidad o inexistencia de sus compromisos hacia los grandes sectores populares. Finalmente la Carta Magna ya contiene ese derecho y ahora nos toca consolidar su vigencia el próximo 10 de abril. Los gobernantes neoliberales no dieron un paso en ese camino y ahora sus partidos critican al Presidente por lograrlo.
