Ejidatarios de Jiménez del Teul dieron a conocer su inconformidad con la nueva Manifestación de Impacto Ambiental de la presa Milpillas presentada recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que exigieron al Gobierno federal que tome en cuenta las aportaciones académicas que demuestran la inviabilidad de esa obra.
Los ejidos, agrupados en el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, entregaron una carta a la Semarnat en la que señalan que “se trata prácticamente del mismo proyecto promovido por los gobiernos priistas anteriores: una presa con las mismas dimensiones, en el mismo sitio y con el mismo discurso. Más aún, incluye la misma documentación que se presentó en 2015, con cambios mínimos, a pesar de declarar que se destinaría una partida del capital total para los estudios ambientales”.
“Nosotras y nosotros, las personas y comunidades ejidales directamente afectadas por la infraestructura de este proyecto en el municipio de Jiménez del Teul, hemos luchado en contra de esta presa durante 10 años, en defensa de nuestro territorio, del agua y de la vida misma. Lo hacemos no solo por las afectaciones destructivas que esta obra acarrearía en el ámbito local, sino también porque sabemos que se trata de un proyecto técnicamente inviable para resolver la crisis hídrica en la región centro del estado. Por el contrario, responde a una lógica neoliberal perversa, orientada a proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua y a facilitar el enriquecimiento de empresas constructoras, cerveceras, mineras e intermediarios poderosos”, exponen.
Sobre la nueva Manifestación de Impacto Ambiental, afirman que hay una ausencia de justificación técnica y ecológica sólida, y aunque reconoce que los acuíferos del centro de Zacatecas presentan un déficit de 262.4 millones de metros cúbicos por año, el estudio no promete su recuperación, sino únicamente “atender su abatimiento”, sin cuantificar el supuesto beneficio.
Desde su punto de vista, esto equivale a una justificación vaga e insuficiente, que ignora la magnitud de la sobreexplotación regional y lo poco que el proyecto Milpillas pretende atenderlo, con un aumento en la oferta del agua por 41 millones de metros cúbicos anuales, equivalente a menos de una sexta parte del déficit.
Sobre ese documento, exponen que hay simulación y falta de rigor científico porque, de sus 445 páginas, una parte considerable está dedicada a la flora y fauna local, esto es, solo del lugar donde se pretende construir el embalse, dejando fuera las especies de diversos ecosistemas río abajo.
Además, señalan que ese manifiesto ignora el problema central: la remoción de 41 millones de metros cúbicos al año, equivalentes al 92 por ciento del caudal del río Milpillas, lo que provocaría afectación a los ecosistemas y un desequilibrio ecológico grave, de forma que se trata de una simulación técnica que oculta los impactos reales y reproduce los vicios del hidroextractivismo.
Por otra parte, cuestiona que esta nueva manifestación presenta cálculos sobre escurrimientos medios mensuales del río Atenco, ni especifica el caudal ecológico mínimo que debería mantenerse para preservar la vida del ecosistema aguas abajo y tampoco evalúa los impactos sobre las comunidades y actividades productivas que dependen del río.
Además, señala que este Manifiesto de Impacto Ambiental afirma que el área donde se construiría la presa “no tiene un uso actual definido”, lo que significa que ignora completamente los usos agrícolas, ganaderos y culturales de las comunidades locales, así como su vínculo histórico con el territorio.
También expone que hay irregularidades financieras, ya que el costo estimado asciende ahora a 8 mil 899 millones de pesos, casi tres veces más que el presupuesto original (2015), sin incluir los costos de operación, los requerimientos energéticos para bombear el agua ni las fuentes de financiamiento.
Por última, la carta dirigida a la Semarnat refiere que el estudio plantea solo tres escenarios: construir la presa, no construirla o construirla con medidas paliativas mínimas, pero no considera opciones orientadas a reducir la demanda de agua, mejorar la eficiencia en su uso ni priorizar el acceso equitativo al agua de calidad para consumo humano, lo que contraviene los principios de sustentabilidad y gestión integral del recurso hídrico.
Respecto a verdaderas alternativas, se plantean medidas como el ordenamiento y vigilancia del sistema de concesiones; agroecología y reconversión productiva hacia cultivos menos demandantes de agua; recarga de acuíferos y restauración de ecosistemas agrícolas; uso más eficiente del agua y aprovechamiento de fuentes alternativas; priorización del agua subterránea de mejor calidad para satisfacer necesidades humanas básicas; y participación ciudadana y comunitaria en la gestión de los recursos hídricos.
