Este jueves, María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presentó su Sexto Informe de labores conforme a la ley, y en el marco del 29 aniversario de la creación del Organismo Defensor de Derechos Humanos en la entidad.
Haciendo un recuento de su liderazgo en los últimos seis años, Domínguez Campos aseguró que la Comisión de Derechos Humanos del Estado se ha consolidado como un organismo autónomo, independiente, imparcial, profesional y con las capacidades técnicas, jurídicas y humanas, para dar respuesta a las exigencias ciudadanas y brindar servicios, y atención oportuna, profesional y de calidad.
Durante su informe de actividades, la presidenta reiteró la urgencia de fortalecer los programas y estrategias en materia de seguridad pública que salvaguarden la vida, integridad, derechos, libertades y patrimonio de la población; la debida prevención del delito, procuración e impartición de justicia, así como una eficaz política penitenciaria que garantice la reinserción social, a efecto de que sea posible que las mujeres y hombres de este estado puedan ejercer plenamente su derecho humano a la paz.
Esto debido a la exigencia de la sociedad de manera generalizada del cese de la crisis de inseguridad, violencia y criminalidad porque ha afectado a todo el estado, en sus 58 municipios de manera directa o indirecta, lo que repercute en graves violaciones a los derechos humanos de las personas en lo individual y de la sociedad en lo colectivo.
Así lo demuestran las cifras oficiales que refieren que, durante el 2021 en Zacatecas, se cometieron 25 mil 111 delitos del fuero común, destacando mil 618 homicidios dolosos, 10 mil 928 delitos contra el patrimonio, 4 mil 189 delitos contra la familia y 10 feminicidios.
También el número de desplazados que registra el estado, por lo que, la ombudsperson solicitó al Poder Ejecutivo que implemente el Plan Integral de Atención a las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno por razones de inseguridad con la participación de los tres Poderes del Estado y de los correspondientes ayuntamientos, para atender, proteger, consolidar y estabilizar socioeconómicamente a la población afectada, hasta en tanto, puedan alcanzar una solución duradera a esta problemática.
En cuanto a las más de mil 465 personas desaparecidas, la lucha incansable y exigencia legítima de los familiares, Domínguez pidió al Poder Ejecutivo que brinde los recursos financieros, materiales y humanos para la búsqueda de personas desaparecidas y se garantice el Fondo Estatal de Búsqueda y una actuación eficiente de los servidores públicos encargados de atender esta problemática.
Del mismo modo, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales, que aunque apenas llevan 4 meses en sus encargos, acepten las recomendaciones emitidas, porque con ello cumplen con la obligación del Estado mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, evitando la impunidad que produce encubrir, solapar o justificar a funcionarios que, extralimitándose en sus atribuciones, se aprovecha del cargo para fines ajenos al Estado de Derecho.
Detallando lo cumplido durante 2021, se precisó que el Organismo Defensor de los Derechos Humanos, durante el 2021 aperturó 3 mil 520 expedientes, de los cuales mil 949 fueron asesorías, 665 quejas y 906 gestiones, los cuales sumados a los aperturados de 2016 al 2020 alcanzan la cifra de 22 mil 853 expedientes en los últimos seis años.
De las quejas destacan 78 quejas penitenciarias, interpuestas por Personas Privadas de la Libertad; 17 quejas relacionadas con casos de Covid-19; 29 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos en agravio de mujeres y niñas por razones de género; 106 quejas interpuestas por presuntas violaciones de derechos humanos en materia laboral, así como 4 quejas en contra del Issstezac, por parte de 76 jubilados por no haber recibido su pensión, queja que está terminando de integrarse y en el momento procesal oportuno se emitirán las recomendaciones correspondientes por las violaciones al derecho a la seguridad social, al no recibir su pensión, a pesar de que en tiempo y forma cumplieron con el plan contributivo estipulado durante su ciclo laboral que les hizo acreedores a la pensión.
En los últimos seis años las quejas que más se han incrementado son en contra de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia como resultado del clima de inseguridad y violencia que vive el estado.
Durante el 2021 se emitieron 804 resoluciones de las cuales destacan 60 Recomendaciones, misma que fueron fundadas y motivadas en una investigación apegada a la legalidad, objetiva, imparcial, exhaustiva y profesional, en las cuales se analizaron los hechos, argumentos y pruebas, recomendando a las autoridades siguientes: Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Educación, Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto de la Defensoría Pública, Issstezac y los ayuntamientos de Zacatecas, Fresnillo, Monte Escobedo, Juchipila, Valparaíso, Jalpa, Villanueva, Jerez, Pánuco, Sombrerete y Saín Alto.
Asimismo, en cuanto a Observancia del Cumplimiento a los Derechos Humanos, se revisaron los Centros Penitenciarios, Casas Asistenciales (Casa Cuna, Casa Hogar de Jóvenes, Albergues Estudiantiles de Seduzac, Casas Estudiantiles de la UAZ) y Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración.
Durante las revisiones a los Centros Penitenciarios se encontraron diversas irregularidades en materia de infraestructura, servicios de alimentación, atención médica, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta de orden y control, lo que ha generado 42 riñas y motines, 317 lesionados, 32 homicidios 18 supuestos suicidios y 20 muertes por enfermedad, incluidos 7 muertes por Covid-19, sumando un total de 71 personas muertas en centros penitenciarios en los últimos seis años, siendo que el sistema penitenciario es el último eslabón del sistema de justicia penal, por lo que su abandono y desatención impide que se cumpla con los principios constitucionales de reinserción social, justicia para las víctimas y seguridad pública.
Asimismo, se revisaron los separos preventivos de los 58 municipios, encontrando que en 13 municipios existen condiciones inadecuada de infraestructura y un déficit de personal médico, jurídico, de psicología, de trabajo social y jueces comunitarios. Además, durante la revisión se detectó un déficit de policías de un 71 por ciento, lo que representa un faltante de 3 mil 291 elementos policiacos, de un total de 4 mil 639 policías que deben existir para brindar seguridad a la población.
Aunado a esto, en materia de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, se precisó que durante el periodo que se informa, se capacitaron a 23 mil 314 personas, destacando entre ellas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes; padres y madres de familia; integrantes de la sociedad civil y servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal con el objetivo de formar una cultura de respeto universal a los derechos humanos, promover el respeto al Estado de Derecho y la erradicación la discriminación, desigualdad y violencia.
Además, se firmaron Convenios de Colaboración con organizaciones de sociedad civil, instituciones educativas, instituciones públicas, cámaras empresariales, colegios y sindicatos, para la promoción y difusión de los derechos humanos en todos los sectores poblacionales.
