La política fiscal es el principal instrumento del gobierno para influenciar el gasto para alcanzar los objetivos económicos y sociales, situación que no lo está haciendo.
Los Paquetes Económicos en las últimas décadas, han privilegiado los objetivos de austeridad fiscal y reducción de la deuda pública, a costa de relegar los propósitos de desarrollo económico y de empleo.
La política fiscal y monetaria se han dirigido a disminuir la inflación y estabilizar la paridad cambiaria, y a alcanzar la llamada estabilidad macroeconómica, lo que supuestamente configura las bases para el crecimiento. Sin embargo, ello no se ha logrado, por el contrario, la reducción de la inflación, la austeridad fiscal y la estabilidad del tipo de cambio, han sido a costa de reducir la participación del Estado en la actividad económica, así como de tener menos crecimiento económico, mayor desempleo y economía informal, mayores presiones sobre el sector externo, sobre las finanzas públicas y mayor endeudamiento interno y externo.
Los que se han favorecido de dichas políticas, han sido el capital financiero y las empresas transnacionales que se ubican en el país, así como los países que nos venden productos aprovechando el abaratamiento del dólar y los aranceles cero con que trabaja la economía.
El gobierno se opone a trabajar con gasto deficitario por considerar que sería inflacionario e incrementaría la deuda. El problema es que la austeridad fiscal y la consecuente reducción del gasto público, está disminuyendo el ingreso de empresas e individuos, así como del gobierno federal y de los gobiernos estatales, pues terminan recaudando menos. Al tratar el gobierno de disminuir su deuda, gastando menos, sobre-endeuda a las empresas y familias, así como a los gobiernos de los estados y municipios, y del propio gobierno federal.
La drástica caída de la actividad económica, así como la continuación de la pandemia y el alto desempleo reflejan la mala política instrumentada por el gobierno para encarar dichos problemas.
Se insiste en el equilibrio de las finanzas públicas, sin considerar los estragos que está ocasionando, de quiebre y cierre de empresas, creciente desempleo, destrucción de capacidad productiva que restringe el crecimiento presente y futuro. Se está atentando sobre las bases reales del crecimiento. Éste lo configura el desarrollo de la tecnología y de las fuerzas productivas y no la austeridad fiscal.
Dicha política disminuye a su vez la participación del gobierno en la economía y atenta sobre la estabilidad económica y financiera y el sistema de pagos, debido a los problemas de insolvencia que genera, al disminuir el ingreso de empresas e individuos y de los Estados y Municipios.
Ante la contracción de la economía mundial, no se presentan expectativas de crecimiento de exportaciones, ni tampoco hay perspectivas de que crezca el mercado interno, ante la caída del consumo e inversión privada, por lo que el gobierno no debe proseguir con la austeridad fiscal, debido a que profundiza la quiebra de empresas e incrementa el desempleo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha cambiado sus posiciones y recomendaciones respecto a la política fiscal. Después de defender por siempre la austeridad fiscal, ahora en su Informe de Perspectivas de la Economía Mundial de octubre del presente año, se pronuncia por que se trabaje con gasto deficitario por varios años, hasta que se retome el crecimiento de los países.
Si el mayor gasto público se canaliza a impulsar el desarrollo tecnológico, como la producción manufacturera y agrícola, así como el empleo, no sería inflacionario. Se incrementaría así el ingreso de empresas e individuos, así como la recaudación tributaria, lo que mejoraría las finanzas del gobierno federal y de los Estados. Ello mejoraría las finanzas de todos, por lo que podrían encarar sus deudas y evitar caer en crisis de deuda.
Así como el FMI ha cambiado su postura frente a la crisis, lo mismo debe hacer el Banco de México. Debe bajar la tasa de interés a niveles cercanos a cero y comprarle deuda al gobierno, para que éste pueda gastar para frenar el quiebre de empresas y el mayor desempleo, como para el combate a la pandemia y evitar la profundización de la crisis. La baja tasa de interés no provocaría salida de capitales, debido a que pasarían a invertir en el sector productivo, ante la mayor expansión del gasto público.
