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martes, 19 marzo, 2024
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Nahle rinde su tercer informe como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado

■ Puntualiza que la Ley no puede y “no debe seguir siendo simple texto aspiracional y menos letra muerta, y es responsabilidad de todos respetarla y responsabilidad de la autoridad hacerla respetar”

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La Ley no puede y no debe seguir siendo “simple texto aspiracional y menos letra muerta”, y es responsabilidad de todos respetarla y responsabilidad de la autoridad hacerla respetar y sancionar a quien la infringe, pero en esa dualidad democrática -sociedad y gobierno- todos han fallado. Así lo consideró el magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Arturo Nahle García, en su tercer informe de labores, en el que reconoció que será difícil salir de la crisis que se atraviesa si no se reconoce y dimensiona el origen de los problemas y se actúa frente al deterioro de la legalidad. 

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Desde sala de Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y frente a representantes de los tres Poderes, así como autoridades universitarias y organismos descentralizados, Nahle García informó que, durante 2022, para emitir los acuerdos generales correspondientes y atender los asuntos que mandata la Ley Orgánica, el Pleno sesionó en 15 ocasiones de manera ordinaria, en tres de forma extraordinaria y cuatro más con el carácter de solemnes.

Como uno de los acuerdos relevantes tomados por el pleno, el magistrado presidente destacó la determinación de que sólo los juicios por Secuestro y Feminicidio sean resueltos por tribunales colegiados de enjuiciamiento. Esta medida, explicó, fue para agilizar la calendarización de audiencias de juicio oral sin necesidad de contratar mayor número de jueces.

Asimismo, expuso que del primero de enero al 31 de diciembre de 2022, los Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles y Mixtos recibieron 19 mil 694 nuevos juicios; los 18 Juzgados de Control y los dos Juzgados Penales del Sistema Tradicional que se ubican en Zacatecas y Fresnillo, recibieron otros 4 mil 707 nuevos juicios; el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 154 nuevos procesos; el Juzgado de Ejecución de la Capital y el resto de los Juzgados que conocen de esta materia 589 nuevas carpetas; y los dos Tribunales Laborales con competencia regional, 901 nuevos asuntos.

Por su parte, las dos Salas Civiles, las dos Salas Penales y el Tribunal de Adolescentes en ese mismo periodo recibieron mil 473 nuevos tocas de apelación. Mientras que hay 27 mil 518 nuevos asuntos y miles de litigios de años anteriores que continúan en trámite. De ese tamaño, dijo, son las cargas de trabajo del Poder Judicial en la post pandemia y en el marco de una crisis de violencia y estancamiento económico que ha incrementado la conflictiva familiar, el incumplimiento de obligaciones económicas, los despidos laborales y evidentemente los delitos.

En el periodo que se informa, continuó el magistrado, se emitieron 10 mil 283 sentencias definitivas, 8 mil 810 de Primera Instancia y mil 473 resoluciones de Segunda Instancia. En materia Familiar, el 49 por ciento de los Juicios son Divorcios; en materia Civil el 60 por ciento son Sucesorios; en materia Laboral 64 por ciento son juicios Ordinarios; y en materia Mercantil, 98 por ciento son juicios Ejecutivos.

En materia Penal, 90 por ciento de las sentencias definitivas que se han emitido han sido condenatorias, más de la mitad a través de procedimientos abreviados. Destaca el incremento de las causas por los delitos de violencia familiar y delitos sexuales; y 79 por ciento de las causas penales concluidas han sido producto de salidas alternas tales como acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales del proceso.

Poder Judicial se incorpora al SIARA

En 2022, se gestionó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el Poder Judicial del Estado de Zacatecas fuera incorporado al Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), una plataforma tecnológica para uso exclusivo de las autoridades que permite el envío de solicitudes de información a las entidades financieras, de manera segura, estructurada y en línea, con ahorro de tiempo, recursos y de forma confidencial.

Este sistema, explicó, es utilizado por el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, entre otras instituciones y con esta incorporación, las juezas y jueces ya pueden solicitar información vía electrónica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre diversas personas, por ejemplo “deudores alimentarios”. 

También a través de este sistema, las y los jueces pueden solicitar información sobre aseguramientos, bloqueo de cuentas, transferencias o situación de fondos. La información financiera que tardaba meses y hasta años en llegar, ahora se recibe en 20 días hábiles, lo que agiliza considerablemente los procedimientos, dijo. 

Mayor presupuesto para del Poder Judicial y nueva Ley Orgánica 

De igual forma aprovechó para exponer que el presupuesto asignado al Poder Judicial el año pasado ascendió a la cantidad de 550.5 millones de pesos, los que evidentemente no eran suficientes para cerrar el año, por lo que agradeció al Gobernador las ampliaciones que le fueron autorizadas. En ese sentido, manifestó el agradecimiento también a diputados y diputadas de la 64 Legislatura por los 615.1 millones de pesos que autorizaron para este año, más el fondo de hasta 15 millones de pesos para dignificar las casas de justicia. 

Además, recordó que, en un acto sin precedentes recientes, el 16 de mayo los tres Poderes del estado suscribieron la iniciativa de Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Zacatecas, la cual fue aprobada por unanimidad el día 30 de junio y publicada en el Periódico Oficial el 13 de julio y que, entre otras cosas, se establecen los principios que deben observar, promover y aplicar las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones.

Medidas de seguridad para jueces 

Finalmente, Arturo Nahle García recordó que el pasado 3 de diciembre fue “cobardemente asesinado” afuera de su domicilio particular el juez Roberto Elías Martínez, debido a su actividad jurisdiccional, con lo que recalcó que se mata además de una persona, a uno de los encargados de que el pacto social persista y a quien hace valer las reglas del juego de la vida en común. “Lo dijimos en su funeral y hoy lo repetimos, cuando se asesina a un juez no se asesina del todo a la justicia, ésta subsiste mientras subsistan las leyes y las instituciones encargadas de aplicarla”, recalcó. 

Ante estos hechos, informó que el 7 de diciembre el Honorable Pleno emitió un acuerdo general para la implementación de medidas de seguridad para las personas que laboran en el Poder Judicial, sus instalaciones y los usuarios de los servicios que se proporcionan: se determinó la presencia permanente de la policía procesal o de elementos de seguridad de otras corporaciones en todas nuestras instalaciones; la instalación o reparación inmediata de cámaras de video vigilancia y arcos de seguridad; audiencias a puerta cerrada cuando se trate de delitos de alto impacto o en las que intervengan personas imputadas relacionadas con grupos de la delincuencia organizada.

Asimismo, cuando no existan condiciones para garantizar la seguridad de los intervinientes, las audiencias se celebrarán mediante videoconferencia; cuando se estime la existencia de riesgos, se solicitará el apoyo de la fuerza pública para la realización de actos procesales; se harán cambios de adscripción y se adoptarán otras medidas pertinentes cuando las y los servidores públicos del Poder Judicial se encuentren en situación de riesgo; no se excarcelarán a reos de alta peligrosidad para la realización de audiencias fuera del Cereso de Cieneguillas; y las visitas judiciales a los distintos distritos deberán ser previamente ponderadas por las y los magistrados.

“La adopción de estas medidas preventivas son complementarias a las que establece la Ley para la Protección de Personas que intervienen en los Procedimientos Penales, son medidas que evidentemente tienen un impacto presupuestal y que a todas luces resultan insuficientes para garantizar la integridad física de nuestro personal y nuestros usuarios, pero es lo que hasta este momento podemos hacer, no tenemos vehículos blindados, no tenemos guardaespaldas, estamos sumamente expuestos, máxime cuando todos los días dictamos -en su cara- sentencias condenatorias a delincuentes de muy alta peligrosidad”, puntualizó. 

No obstante, concluyó que 2023 deberá ser el año en el que se consolide la transformación del Poder Judicial de Zacatecas, una Institución que a 198 años de su instalación se actualiza, se moderniza y se prepara para los retos que impone un mundo globalizado en el que la tecnología debe ser una herramienta que facilite y mejore el trabajo y la vida de todas y todos.

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