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martes, 23 abril, 2024
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■ Arturo Nahle García presentó su Segundo Informe de Labores

En 2021 aumentaron 40% los litigios civiles, familiares, laborales, mercantiles y mixtos

■ “La pandemia ha incrementado la conflictiva familiar, los decesos, el incumplimiento de obligaciones económicas, los despidos laborales y desgraciadamente los delitos”

■ David Monreal afirmó que su administración impulsará el combate a la impunidad, respetando la autonomía de los Poderes del Estado y de los entes garantes e impartición de justicia

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Durante el año 2021, la cantidad de litigios civiles, familiares, laborales, mercantiles y mixtos en Zacatecas registró un aumento de 40 por ciento con relación al año anterior, lo que indica que la pandemia del Covid-19 derivó en más conflictos de toda índole, afirmó Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Zacatecas (TSJEZ), durante la presentación de su Segundo Informe de Labores.

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Por tanto, “la pandemia ha incrementado la conflictiva familiar, los decesos, el incumplimiento de obligaciones económicas, los despidos laborales y desgraciadamente los delitos”, puntualizó.

Al respecto, detalló que durante el 2021 se presentaron 27 mil 165 nuevos juicios, de los cuales los Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles y Mixtos recibieron 20 mil 342; los 18 Juzgados de Control y los 2 Juzgados Penales del Sistema Tradicional que se ubican en Zacatecas y Fresnillo, recibieron otros 3 mil 811 nuevos juicios; el Juzgado Especializado en Justica para Adolescentes 163 nuevos procesos; el Juzgado de Ejecución de la Capital y el resto de los Juzgados que conocen de esta materia 638 nuevas carpetas; y los dos Tribunales Laborales con competencia regional 774 nuevos asuntos. Por su parte, las dos Salas Civiles, las dos Salas Penales y el Tribunal de Adolescentes en ese mismo periodo recibieron mil 437 nuevos tocas de apelación.

“27 mil 165 nuevos asuntos, a esos debemos agregar los miles de litigios de años anteriores que continúan en trámite. La anterior estadística revela un incremento del 40 por ciento con relación al 2020”, indicó.

Por otra parte, expuso que se emitieron 8 mil 240 sentencias definitivas de Primera Instancia y mil 102 resoluciones de Segunda Instancia, y destacó que el 83 por ciento de esas resoluciones que son impugnadas a través de Juicios de Amparo, son confirmadas por la Justicia Federal, “lo que demuestra que están plenamente apegadas a la ley, a la jurisprudencia, a la Constitución y a los Tratados Internacionales suscritos por México”.

En materia Familiar, Nahle García comentó que el 50 por ciento de los Juicios son Divorcios, en materia Civil el 63 por ciento son Sucesorios; en materia Laboral el 80 por ciento son juicios Ordinarios y en materia Mercantil el 98 por ciento son juicios Ejecutivos.

En materia Penal, el 92 por ciento de las sentencias definitivas que se han emitido son condenatorias; de estas, el 14 por ciento por el delito de Robo, el 13.6 por ciento por delitos sexuales, el 11 por ciento por Homicidio en sus diversas modalidades, el 10 por ciento por Secuestro, el 10 por ciento por Violencia Familiar y el 2.5 por ciento por el delito de Feminicidio.

“Es por todo ello que en el Índice de Estado de Derecho 2020-2021 elaborado por World Justice Project, Zacatecas se ubicó, junto con Campeche y Querétaro, en el tercer lugar nacional, sólo superados por Yucatán y Coahuila. En Justicia Penal estamos en segundo lugar nacional, sólo superados por Querétaro y en Justicia Civil en la posición número tres”, expuso.

En ese sentido, refirió que la Organización No Gubernamental “México Evalúa” en su informe anual denominado “Hallazgos 2020” ubicó a Zacatecas como el estado con el menor índice de impunidad a nivel nacional y en el segundo lugar nacional en la Utilización de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

En otro tema, Nahle García informó que iniciando el próximo periodo ordinario de sesiones de la Legislatura del estado, presentará una iniciativa de nueva Ley Orgánica que también “tendrá como uno de sus principales objetivos la recuperación de la confianza ciudadana”.

Recordó que la actual Ley Orgánica está vigente desde hace 21 años, casi la mitad de sus artículos están derogados, y en estas dos décadas la justicia en México ha tenido una transformación histórica que no se ve reflejada en dicha Ley.

“Me refiero por supuesto a las reformas constitucionales del 2008 en materia penal, las reformas del 2011 en materia de Derechos Humanos, las reformas del 2015 en materia de Justicia para Adolescentes, las reformas de 2016 en materia de Responsabilidades y las reformas del 2017 en Materia Laboral, entre otras”, agregó.

Sobre la reforma que se va a proponer, afirmó que “es de una profundidad y trascendencia histórica, en ella se establecen como principios que deben observar, promover y aplicar las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones: El respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación, la autonomía e Independencia, legalidad, imparcialidad, honradez, capacitación y actualización constante, ingreso, permanencia y ascenso por mérito, disciplina, eficiencia, eficacia e integridad”.

Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila afirmó que su administración impulsará el combate a la impunidad, respetando la autonomía de los Poderes del Estado y de los entes garantes e impartición de justicia.

Comentó que la pandemia y la inseguridad son dos de los lastres más complejos y que merecen la atención de las autoridades no sólo de Zacatecas, sino de todo el país, ya que la emergencia sanitaria ha causado estragos en la salud de familias enteras y esto ha limitado la posibilidad de lograr el crecimiento económico.

Dijo que la inseguridad y la violencia lastiman gravemente al entorno e impactan en la armonía social, lo que ha provocado conductas antisociales, así como que las y los zacatecanos se mantengan en zozobra, con inquietud e incertidumbre, por lo que se requiere la atención urgente y coordinada de las instituciones del Estado.

En ese sentido, destacó que Nahle García se comprometa a promover una gran reforma administrativa en el Poder Judicial, que privilegie el combate a la impunidad, el respeto a los derechos humanos, la protección a las víctimas, el debido proceso, la erradicación del nepotismo, la transparencia, la paridad de género y la carrera judicial.

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