■ Un día antes, en un comunicado, reconoció que llevó maquinaria y derribó dos inmuebles
■ Son violaciones a los derechos humanos; no se nos notificó a tiempo: Roberto de la Rosa
Gobierno del Estado asegura que no dio la orden de derribar las casas en la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil. Así lo informó uno de los habitantes de la localidad, Roberto de la Rosa, tras salir de la reunión que tuvieron este sábado con la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres.
Estas declaraciones fueron publicadas en medios locales, y en la entrevista De la Rosa dijo que, según les informó la funcionaria, el Ejecutivo estatal sólo fue a Salaverna a notificar del desalojo de varios inmuebles.
Agregó que “dicen que no se dieron cuenta de eso, (…) dicen que no sabe ni quién fue” el que llevó a cabo las demoliciones.
Sin embargo, el vecino de la comunidad sostuvo que “nosotros tenemos las versiones de nuestras gentes que al notificar les decían que iban a derrumbar de inmediato y que sacaran lo que pudieran”.
Asimismo el día anterior, a través de un comunicado de prensa, el propio Gobierno del Estado reconoció que se procedió a la demolición de dos inmuebles en Salaverna.
En este texto se expone que las autoridades fueron a la comunidad para notificar del riesgo en el que estaban sus habitantes, de conformidad con las facultades que le otorga al gobierno el artículo 106 y 107 de la Ley de Protección Civil del estado.
Y, contrario a lo que les dijeron a los habitantes de Salaverna en la reunión del sábado, en el último párrafo del boletín se dice, de manera textual: “Con el uso de maquinaria y de conformidad con dicho artículo, hasta el momento se dispuso la demolición inmediata de dos inmuebles que generaban riesgo inminente, uno destinado a la formación y otro donde sólo había dos sillones, que fueron trasladados al nuevo domicilio”.
Roberto de la Rosa se encontraba desde el viernes en la capital del estado, junto con otros dos vecinos de la localidad, para reunirse con Gloria Esparza, de la Secretaría General de Gobierno, a la misma hora en la que las máquinas de demolición y las autoridades de Protección Civil ingresaban a la comunidad, y en el mismo tiempo en que policías estatales y ministeriales sitiaban la comunidad, impidiendo la entrada y salida de cualquier persona.
De la Rosa recordó que ya habían llegado a un acuerdo con el anterior gobierno encabezado por Miguel Alonso Reyes, por el que se debería esperar a la resolución del litigio que tienen con la Minera Frisco, del multimillonario Carlos Slim, para determinar la propiedad de la tierra.
“Nosotros les decimos que ya el año pasado con el gobierno de Miguel Alonso tuvimos un acuerdo y ese acuerdo se violentó; se debió de haber respetado, si ya habíamos quedado de que nosotros no íbamos a salir de ahí hasta tener la certeza jurídica de nuestras tierras”, señaló el habitante de Salaverna.
En este sentido, De la Rosa agregó que en la reunión les expusieron sus inconformidades a la secretaria de Gobierno y al subsecretario Julio César Chávez.
Indicó que “nosotros explicamos nuestros puntos de vista, lo que nos sucedió. (El gobierno actuó) Sin ni siquiera tomar en cuenta que son violaciones a los derechos humanos, sin ni siquiera tomar en cuenta que no se nos notificó a tiempo, sin ni siquiera tomar en cuenta que había un trámite ante la Sedatu por las tierras y también sin tomar en cuenta que el respeto al derecho ajeno es la paz, sin tomar en cuenta que primero están al servicio de las comunidades y no al servicio de las transnacionales ni del capital”.
En la entrevista publicada en este medio digital, Roberto de la Rosa concluye que por cómo ocurrieron los hechos “digo yo que no tienen capacidad de diálogo. (…) Como que viven en otro mundo y no aceptan la realidad”.
Minera insiste en ocupación ilegal de Salaverna
Pese a que hay un proceso legal en curso para determinar la propiedad de la tierra en Salaverna, en una carta aclaratoria enviada por la Minera Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim, y publicada en medios nacionales, la empresa insiste en que la ocupación de esta comunidad es ilegal.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de Marcos Ibarra, confirmó que el resultado del deslinde de terrenos nacionales se conocerá hasta el mes de enero.
No obstante, aunque aún hay un litigio en proceso, la minera que explota el subsuelo de Salaverna da por sentado que las familias que residen en esta localidad están en la ilegalidad.
Tras mencionar, al igual que las autoridades del Gobierno del Estado, el riesgo en el que están estas personas a consecuencia de una falla geológica, sostiene que “Minera Tayahua mantiene su oferta de ayudar a las 17 familias que ilegalmente se mantenían Salaverna, para mudarse al Fraccionamiento Nuevo Salaverna, donde la empresa les entregará una vivienda con Título de Propiedad”.
En la carta, la compañía minera informa que en esta nueva ubicación se han construido escuelas, una biblioteca digital, una clínica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una iglesia y una casa del peregrino.
Desde que se mudaron las primeras personas al fraccionamiento Nuevo Salaverna, ha habido quejas de los habitantes relacionadas con las pérdidas que han sufrido a comparación de sus terrenos en Salaverna.
La mayoría de los vecinos de esta comunidad se dedica a actividades agrícolas y ganaderas. Mientras que en la localidad que buscan vaciar en su totalidad los vecinos contaban con terrenos para sus animales, la nueva ubicación es un complejo habitacional en el que no tienen tierras adicionales para estas actividades.
