Uno de los efectos perversos más complejos de la corrupción como sistema, es que no solo utiliza el poder para beneficio de quienes lo ostentan, también lo usa para perpetuarse en él y ganar impunidad. Con ello no solo se diezma la confianza ciudadana en las instituciones, sino también en la esperanza de que las circunstancias puedan cambiar. Tanto el Instituto Nacional Electoral, como diversas investigaciones de carácter periodístico, han logrado desentrañar este círculo perverso. Destaca la investigación hecha por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, apoyados por los investigadores Leonardo Núñez y Ximena Mata “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”. Como ahí se afirma: “la deshonestidad en el fondeo y en el gasto ilegal de campañas es sólo la manifestación de un problema sistémico de corrupción política y gubernamental”.
Sin duda, el trabajo de cada vez más periodistas y medios de comunicación han permitido desentrañar los casos en que la corrupción rompe con los esperados beneficios de un sistema democrático, y con ello socaba también la posibilidad de alcanzar los objetivos de nuestro pacto social. Investigaciones recientes como La casa gris, de Raúl Olmos, o La estafa maestra, de Nayeli Roldán y Manuel Ureste, son ejemplos de cómo el llamado “cuarto poder” permite dar con circunstancias que ameritan la atención pública y su investigación formal. Sin embargo, esta tarea es apenas el inicio. Se requiere que nuestra inercia institucional reaccione de la manera en que lo exigen las circunstancias. A seis años del nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y los propios sistemas locales, el proceso de conformación de los mismos es un asunto siempre pendiente. Pero no sólo ello, aún no terminamos de armar este complejo instrumento anticorrupción, y aparece la necesidad de una reforma integral al mismo. El inmediato resultado de las investigaciones que aquí hemos citado y la citada la semana pasada (El caso de la viuda negra), permiten conceder la razón a quienes se han pronunciado por integrar a este sistema de siete instituciones (el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la Secretaría de la Función Pública; el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación; la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción; el Tribunal de Justicia Administrativa, y el Comité de Participación Ciudadana) a dos más: el Instituto Nacional Electoral, cuya área de fiscalización luce por su profesionalismo, capacidad e instrumentos a la hora de identificar un alto porcentaje de los recursos utilizados en campañas políticas (claro está que aún queda mucho pendiente), así como el Sistema de Administración Tributaria, en la lógica de que seguir el dinero es un proceso vital para entender, identificar y castigar la corrupción, así como para dar con los “beneficiarios finales”, que al final son quienes ostentan el poder y lo utilizan en su beneficio político, personal o de grupo, económico, familiar o de redes de complicidad. Sí entendemos al Sistema Nacional Anticorrupción como un esfuerzo de articulación de todos los entes del Estado mexicano para la prevención, identificación, investigación y sanción de actos de corrupción, ambas instituciones pueden desempeñar un rol estratégico en dichas labores. Pero claro, primero se debe terminar lo que se empezó y esto es armar e implementar debidamente el Sistema Nacional Anticorrupción, los locales y sus instancias coadyuvantes (Secretarías Ejecutivas, Órganos Internos de Control, incluso, los Comités de Participación Ciudadana) y consolidar, defender y mantener a los entes que forman parte de este entramado institucional, desde los órganos garantes del derecho de acceso a la información, hasta los órganos superiores de fiscalización locales, pasando por el resto.
@CarlosETorres_
