La Habana. Representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos coincidieron ayer en que los procesos judiciales contra las personas implicadas en hechos delictivos vinculados a las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en Cuba se realizan con apego a la ley. En las protestas de opositores murió una persona, decenas resultaron heridas y se cometieron actos de vandalismo.
En el Centro de Prensa Internacional, en La Habana, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, aseguró que hasta el viernes se presentaron en los tribunales municipales, en primera estancia, 19 procesos judiciales, causas que involucran a 59 personas, acusadas de cometer “presuntos delitos”.
Precisó ante periodistas que los casos procesados hasta el momento responden, en lo fundamental, a desorden público, instigación a delinquir, desacato a las autoridades, daños físicos y materiales generados por la violencia.
Ferro dijo que los acusados tienen el derecho de iniciar recursos de apelación para los tribunales en segunda instancia, o sea, en los tribunales provinciales, donde podrán presentar materiales probatorios, por lo que “los procesos todavía no tienen sentencia firme”.
Desmintió que se haya sembrado una matriz “que habla de una avalancha de casos judiciales de procedimientos sumarísimos”, debido a que en el argot judicial se establecen como “proceso sumario”, lo equivalente a “procedimiento abreviado”, un modelo que se puede hallar en distintas legislaciones del mundo.
“Los tribunales cubanos constituyen un sistema de órganos y funcionan con total independencia de cualquier institución del país. Los jueces cubanos sólo deben obediencia a la ley. Están circulando falsas noticias y comentarios con la intención de denigrar, cuestionar la legitimidad y transparencia con que los tribunales cubanos están procesando y juzgando los hechos”, agregó.
Aseguró que en estos momentos transcurren los juicios, apegados a lo establecido por la ley, incluyendo el derecho a la defensa, a nombrar abogados, algo que también se ha estado diciendo “que no les permiten a los acusados”.
De acuerdo con la Constitución de la República, los cubanos tienen derecho a disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso penal, a la presunción de inocencia hasta tanto haya una sentencia firme en su contra, y a ser tratados con respeto a su dignidad e integridad física, síquica y moral.
Consultado sobre la cifra precisa de detenidos, heridos y algunos disturbios, Ferro comentó: “Yo también tengo curiosidad, no lo sé. Se habla de una cifra por un lado, de otras por otros, se está investigando, pero yo no conozco ese dato; no es un dato que esté disponible”.
La fiscal general, Yamila Peña Ojeda, aclaró en la sesión que la Ley de Procedimiento Penal señala procesos que se ponen a disposición de los tribunales municipales, como en estos casos, por ser delitos de “escasa magnitud” y “son hechos que por su investigación prevé términos menos largos”. Hizo énfasis en que a pesar de su prontitud, “no quiere decir que no se respeten las garantías de las personas ni se les aperciba de lo que está establecido en la ley procesal vigente”.
Liberados sin cargos
Detalló que ya se entrevistó a un importante grupo, algunos presentados a medida cautelar de prisión provisional y otros con medidas no carcelarias. Agregó que han sido liberados sin cargos varios individuos, “porque se esclareció su situación por los órganos de investigación criminal”.
Confirmó que se registraron hechos de extrema violencia, y a partir de esa connotación continúan las investigaciones en los expedientes de fase preparatoria, en un proceso “que llevará más tiempo para determinar la responsabilidad de cada uno de los participantes”.
De acuerdo con la fiscal, se cometieron hechos violentos contra personas, autoridades y bienes, no sólo estatales, sino de personas, considerados de extrema gravedad, y que ahora la fiscalía determina la participación de las personas que han sido detenidas y de otros involucrados.
“Actuaremos con severidad en los casos más graves, en los que se demuestre que las personas organizaron, promovieron y financiaron los hechos más graves que afectaron la seguridad colectiva y jurídica y la tranquilidad”, señaló.
Peña señaló que, de haber “algún error” en los procesos judiciales, “se aceptará la responsabilidad en los casos concretos”.
La presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Lilia María Hernández, precisó que los profesionales del sector garantizaron la atención de los familiares que fueron en busca de esa representación legal y apuntó que incluso en la propia sede de los tribunales tuvieron lugar consultas y determinadas asesorías.
Según explicó, en estos momentos ocurre el proceso de apelación y hay decenas de contratos, de manera principal en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.
Las protestas de los días 11 y 12 pasados, que congregaron a unos miles, comenzaron pacíficas, pero derivaron en actos de violencia, vandalismo y saqueos, lo que dejó un muerto, varios heridos y daños materiales. Pedían acción del gobierno en la escasez, la pandemia de Covid-19 y los cortes de luz, además de cambios en el modelo político.
El gobierno ha acusado a los grupos organizados de estar financiados desde Estados Unidos y que se han aprovechado de la crisis económica y el rebrote del virus para incentivar sus acciones desestabilizadoras con el pretexto de una intervención humanitaria y con bombardeos en redes sociales con la etiqueta #SOSCuba.
El pasado día 17, cientos de miles de personas salieron a las calles del malecón y otras partes del país para expresar su apoyo al gobierno y rechazar el boqueo aplicado por Estados Unidos contra la isla.
Las expresiones en apoyo al gobierno se han extendido a otras partes del mundo, incluso desde territorio estadunidense. Tan sólo ayer, organizaciones de solidaridad con Cuba y ciudadanos cubanos residentes en Francia se concentraron frente a la torre Eiffel para demandar el fin del bloqueo desde Washington.
Rusia anunció que envió a Cuba dos aviones militares An-124 con 88 toneladas de ayuda humanitaria, que incluye alimentos, equipos de protección personal y un millón de cubrebocas, para ayudar a hacer frente a un fuerte aumento de los casos de Covid-19 y al bloqueo estadunidense.
Cuba, que el año pasado mantuvo un bajo nivel de infecciones por coronavirus, informó a principios de esta semana de la mayor tasa de contagio per cápita de América Latina. Desde el inicio de la pandemia, registró 316 mil 383 casos y 2 mil 203 decesos. La cooperación se da un día después de que la isla recibió el envío de las primeras 1.7 millones de jeringas, de 6 millones que enviarán al país ONG estadunidenses opuestas al bloqueo para enfrentar a la pandemia.
La flotilla de cinco barcos de Miami que viajó para apoyar las movilizaciones opositoras en la isla, regresó ayer a Estados Unidos después de lanzar fuegos artificiales cerca de la costa de La Habana, en aguas internacionales.
