El crimen organizado es transnacional, tiene como centro de operaciones al gobierno de Estados Unidos, especialmente a la DEA; en segundo término, a la CIA. Su objetivo es la acumulación de riqueza, haciendo de la criminalidad una rama de su economía que, aunque ilícita, contribuye al imperio gringo. Está claro que una parte importante de la fortaleza económica de USA se sostiene en el saqueo de riquezas a naciones débiles y con diversas formas de explotación a las mismas.
A ciencia cierta, no es propósito de los gobiernos estadounidense combatir la criminalidad del narcotráfico. Su objetivo real es administrarlo internacionalmente, auditarlo en otras naciones, monopolizarlo y garantizar el suministro de drogas que, en tanto mercancías, habrán de convertirse en acumulación de riqueza. De paso, el tema se usa como propaganda contra los gobiernos de países no alineados para presionarlos a adoptar políticas que le favorezcan, chantajearlos y someterlos.
Como todas las actividades económicas, el narcotráfico está entrelazado con otras ramas de la economía. La exportación constante y creciente de armas figura como uno de los intereses de la oligarquía armamentista gringa. A la oligarquía económica y política que se favorece de estas actividades ilícitas le importa un comino si el acrecentamiento de riqueza se logra con una intensa guerra de cárteles en México o Colombia. Tampoco le interesa que crezca el número de adictos y de muertes por sobredosis en la propia Unión Americana.
Las anteriores razones explican por qué en Estados Unidos no se persigue a ningún narco, el por qué no se define una agresiva política de salud pública hacia los jóvenes. Esto último significaría atentar contra un mercado de consumo que dinamiza parte de su economía y para el gobierno gringo eso está por encima de salvar las vidas que se pierden. El mismo significado tendría dejar de invadir naciones o el forzarlas a trasplantar el modelo de crecimiento económico neoliberal.
Quienes abogan a favor del intervencionismo económico, político o militar del extranjero (independientemente de su condición económica, política o cultural; es decir, de clase social) no hacen otra cosa que claudicar a su autodeterminación, a despojarse de su soberanía. No existe, en ellos, una pisca de autoestima social, prefieren la pérdida de su independencia, de su identidad y toman la ajena como propia aunque como sujetos subordinados, sometidos. En esas condiciones, avizoran que su ser y su futuro depende del exterior. En esas condiciones estamos, sin lugar a dudas, en una forma de enajenación. Si se ve desde la psicología social, bien se puede argumentar un problema de enfermedad psicosocial.
Este tipo de enajenación es la expresión de un vínculo ideológico y político de dependencia externa. Hace de los dirigentes políticos imperiales sus dirigentes. Ya entregados, “en cuerpo y alma” a los extranjeros, luchan por cristalizar y generalizar esas relaciones sociales. Para entonces se puede mostrar que el enajenado se ha pasado a las filas del enemigo, de su opresor, es un apátrida al estilo de María Corina Machado, en el caso de Venezuela; o de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, en el caso de México.
Tratándose de México, la legislación es muy clara de que ningún gobierno, ni agente externo puede ejercer función de autoridad, ni coparticipar en operativos de seguridad. Nuestra constitución también establece que los convenios de seguridad internacionales son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Federal. Los convenios subrepticios del actual gobierno panista de Chihuahua, que ha infiltrado a agentes de la CIA a las actividades de la seguridad nacional, representa la materialización de esa visión enajenada. Pero, a no dudarlo, también se trata de hechos de corrupción, deshonestidad política, involucramiento con el crimen organizado y traición a la patria.
No es creíble que un gobierno estatal, en este caso el de la panista María Eugenia Campos, desconozca las leyes que juró cumplir (aún el desconocimiento de la ley no la disculpa de las responsabilidades en las que incurre). La narrativa de los panistas ha sido de que a la gobernadora se le persigue por ser opositora y/o, porque combate al crimen organizado. Así se siembran las mentiras. El problema en que incurre no es el de combatir, o no, la criminalidad, sino de que violenta las leyes mexicanas, promueve y cristaliza la infiltración de un gobierno extranjero y con ello vulnera la soberanía nacional.
Ejemplos sobran que el gobierno gringo interviene en todos los países del mundo con fines de succionar las riquezas. La CIA, en particular, tiene un largo historial como organismo imperial desestabilizador de los gobiernos no alineados y como gestora de articulaciones golpistas. Por eso, sería muy saludable la aplicación estricta de la ley a la gobernadora como traidora a la patria y lo que resulte y a la embajada norteamericana por injerencista.
