El Parlamento Campesino de Zacatecas exigió al Gobierno Federal la regularización de 9 mil pozos cuya autorización ha concluido y, al Gobierno del Estado, le demandó voluntad política para atender el problema de la inseguridad que está afectando a los productores agropecuarios.
Cuauhtémoc Espinosa Jaime, integrante de esta organización, señaló que esta situación “nos pone en un estado muy crítico de indefensión y pone en riesgo a 150 mil hectáreas de riego que representan el 40 por ciento de ingreso económico del estado en materia agropecuaria”.
Además, expuso que está por iniciar el ciclo agrícola y la problemática “nos pone en una situación de incertidumbre”, por lo que se está realizando la gestión junto con la Conagua para que el Presidente expida nuevas autorizaciones para la operación de estos pozos.
Por otra parte, denunció que la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se ha convertido en “el ‘coyote’ más grande que existe en contra de los campesinos”, debido a que no se ha hecho nada para recuperar el recurso de 10 mil millones de pesos que se estafaron ni se ha sancionado a los responsables que, además, ahora ya son funcionarios de gobierno.
“El presidente está hablando de honestidad, de no corrupción, y sucede que no se ha aclarado, no se ha regresado el dinero ni hemos visto gente en el bote, pero esos 10 mil millones sí tuvieron una repercusión en la producción agropecuaria a nivel nacional que hace inoperable el programa de autosuficiencia alimentaria”, dijo.
Espinosa Jaime detalló que el motivo por el que señalan a la Segalmex como “coyote” es porque en el ciclo agrícola no se le entregó “un solo grano de frijol” debido a que han excluido a los campesinos de las políticas públicas y, contrario a ella, establecieron el precio de 16.50 pesos, pero encontramos que en las tiendas de Diconsa ellos están vendiendo a 21 pesos. Entonces las ganancias se la están llevando ellos”.
También se refirió a la llamada “Estafa Legislativa” que se denunció hace un año, cuando diputados recurrieron a facturas falsas para adjudicarse 200 millones de pesos y cuestionó que la Fiscalía Anticorrupción no ha dictaminado nada.
Consideró que este tema es grave porque quienes cometieron ese delito son funcionarios del actual Gobierno del Estado, entre ellos la secretaria general de Gobierno, el secretario del Campo, el secretario de Turismo, entre otros, lo que significa que “tenemos un gobierno con tintes y sospechas de corrupción”.
Por último, denunció que muchos productores del campo han sido objeto de actos de inseguridad y, mientras tanto, el gobernador David Monreal Ávila y su gabinete de seguridad “se reúnen todos los lunes a tomar café y comer galletas”.
Espinosa Jaime afirmó, entonces, que el gobernador no ha demostrado capacidad ni voluntad para atender esta problemática, además de que noesccha a las propuestas de la sociedad.
