■ Sólo se garantizó “de manera acomedida y pacífica el acceso a la mina”: Francisco Escobedo
Las policías Ministerial y Estatal arrestaron este viernes a Mónico Morquecho y otro hombre del mismo apellido, dos de los ejidatarios que mantenían tomada desde hace una semana la mina Peñasquito, ubicada en Mazapil, misma que fue desalojada de las decenas de personas que exigen un pago justo por sus ejidos y que como medida de presión cerraron las entradas y salidas a la empresa canadiense.
El procurador general de Justicia, Arturo Nahle García, detalló que la orden de aprehensión era en contra de seis ejidatarios acusados de los delitos de despojo, daños y extorsión, resultados de la denuncia que interpusieron los representantes legales de la mina Peñasquito.
Sin embargo ayer sólo se detuvo en flagrancia a dos de los denunciados, mismos que ya rindieron su declaración ante el agente del Ministerio Público de Concepción del Oro.
Los otros cuatro, de apellido Morquecho, decidieron retirarse “pacíficamente” de las puertas de la mina para no ser detenidos. Aunque en los más de ocho días del bloqueo hubo 37 personas en una puerta, 10 en otra y dos más en una tercera, lo que dio un total de 49.
Los ahora detenidos están a la disposición del Ministerio Público, quien tendrá 48 horas después de la detención para determinar su libertad o la consignación ante el juez del Distrito Judicial por los delitos de daños, despojo y extorsión; este último delito es considerado grave.
Ambos detenidos son originarios de La Mesa, un anexo del ejido Cedros, ubicado en Mazapil, con el cual la mina tiene un convenio. De modo que los ejidatarios de La Mesa le han pedido a la mina que también a ellos les dé dinero, sin embargo la empresa canadiense ya le pagó al ejido Cedros.
El procurador aseguró que los manifestantes habían sido azuzados por alguien que les dijo que podían sacar una buena cantidad de dólares a la empresa.
Nahle García explicó que los hechos concretamente imputados por la empresa, es que los inconformes les exigían cantidades fuertes de dinero a cambio de desbloquear los accesos de la empresa. “Sin prejuzgar, pero desde mi muy personal punto de vista, creo que eso se llama extorsión aquí y en China, por lo que nosotros hacemos lo que
nos corresponde en términos de la ley”, expuso.
El funcionario señaló que a partir de ayer la mina realiza de manera normal sus actividades y ya pueden entrar los proveedores y salir los trabajadores. “Está funcionando sin problemas la fuente de empleo que da alrededor de 4 mil trabajos directos, mismos que se tienen que cuidar”.
A partir de lo sucedido, el procurador informó que elementos de la Policía Estatal vigilarán cuando se requiera para evitar que la empresa sea tomada de nuevo.
Mientras que en entrevista separada, el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, aseguró que no fue un desalojo, sólo se garantizó “de manera acomedida y pacífica el acceso a la mina”.
El funcionario comentó que el compromiso de gobierno es con todos los zacatecanos, incluidos los empresarios entre quienes están los mineros, lo que no significa que las mineras tengan seguridad exclusiva del gobierno, pero a petición de Peñasquito fue que la policía acudió ayer a “resguardar y garantizar el libre acceso”.
Aseguró que los trabajadores de la mina y los transportistas también acudieron en auxilio de la empresa y, por ende, de forma “acomedida y responsable” se garantizó el acceso de toda la gente que requiere entrar y salir de la minera.
Escobedo comentó que gobierno pidió a Peñasquito hacer un ofrecimiento a los inconformes, sin embargo, éstos nunca presentaron un pliego petitorio.
Policía Ministerial reprime y detiene sin orden judicial a dos campesinos de Mazapil: abogado
Alfonso Herrera, abogado de los ejidatarios de Mazapil, informó en un comunicado que bajo el amparo de la ilegalidad, la Policía Ministerial del estado de Zacatecas detuvo y puso a disposición del Ministerio Público, con sede en Concepción del Oro, a dos ejidatarios encabezados por Mónico Morquecho Aguilar.
Alfonso Herrera, ex magistrado del Tribunal de Justicia del Estado (TJE), informó que la empresa canadiense Goldcorp de la minera Peñasquito, ha incumplido con los acuerdos firmados con los ejidatarios de las comunidades de Cedros, Charcos, Mesas, Nuevo Peñasco y Palmas Grandes.
Lo anterior, mientras sostenían bloqueada la entrada de la mina ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, acudieron elementos de de la Policía Ministerial, encabezados por la ex diputada federal por Chiapas, Patricia Aguilar, subsecretaria del Gobierno del estado y detuvieron, sin alguna orden judicial a dos de los líderes del movimiento.
El abogado dijo que entre los compromisos incumplidos de la empresa y que motivaron a la movilización, fue que no les han pagado el Procampo, al provocar que las minas hoy sean tierras improductivas.
La compañía minera Peñasquito no generó los empleos a que se comprometió, ni invirtió para que se regeneraran los ecosistemas del ejido y sus anexos. Aunado a ello, no pagó financieramente lo establecido en el “Contrato de ocupación temporal”, expuso.
Alfonso Herrera dijo que la mañana de este viernes, mediante un operativo absolutamente ilegal, sin citatorio ni orden de presentación ni aprehensión, son retenidos y violentados sus derechos humanos y consignados al Ministerio Público con sede en Concepción del Oro.
Acusó que con lujo de prepotencia la funcionaria estatal Patricia Aguilar amenazó a los ejidatarios que sostenían el movimiento.
“Denunciamos al secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, de ser quien giró instrucciones precisas sobre la represión a la manifestación y favorecer a la ilegalidad de la que la empresa hace gala” sostuvo.
“Hacemos responsable a Patricia Agilar y al secretario general de Gobierno de atentar contra la integridad y la vida de los dos detenidos ilegalmente, así como posibles actos de represión y amenaza contra los habitantes de las comunidades de Cedros, Charcos, Mesas, Nuevo Peñasco y Palmas Grandes”, afirmó el defensor de los ejidatarios en el documento.
Subrayó que el Ejército Mexicano acudió al lugar y tomó nota de que no estaban en peligro el polvorín y se les permitió el acceso a los explosivos del área de la mina, al confirmar que no se estaba en la ilegalidad federal.
Una vez que fueron detenidos, la agente del Ministerio Público, informó que “el delito grave” por el cual son acusados los detenidos, es el de extorsión y otros delitos menores.
La secretaría de Gobernación (Gobierno Federal) ya tiene información de todos los acontecimientos e incluso ya está asentada una reunión de trabajo en dicha dependencia para el jueves 30 de enero del año en curso.
En la reunión a la que convoca Gobierno Federal y solicitada por los ejidatarios, contará con la presencia de representantes ejidales del municipio de Mazapil.
La problemática provocada por la conducta e incumplimiento constante y reiterado de la compañía minera Peñasquito SA de CV deja ver que es una empresa “socialmente irresponsable”, afirmó Alfonso Herrera.
