■ En 20 casos los servidores públicos aún no presentan su declaración patrimonial
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene 120 procedimientos administrativos contra trabajadores de Gobierno del Estado y la mayoría de los casos se iniciaron mediante el Operativo Centinela, con el cual se sanciona a funcionarios y servidores públicos que fueron sorprendidos utilizando el parque vehicular para uso personal, fuera del horario y/o días laborales.
Del total, alrededor de 20 procedimientos se iniciaron a funcionarios que aún no presentan su declaración de situación patrimonial, mientras que algunas fueron porque se detectaron discrepancias en la presentación de los datos.
“Algunos procedimientos van en contra de funcionarios cuyo nivel salarial es alto, ya sean subdirectores o subsecretarios y no declararon patrimonio alguno, es decir, no tienen carros, no tiene casas, no tienen nada y eso despierta sospechas”, especificó la SFP.
En este sentido, se realiza una investigación a fondo aplicando el procedimiento que se denomina Signos Externos de Riqueza, es decir, se revisa la forma y estilo de vida del funcionario y se compara con las cifras declaradas en su situación patrimonial.
Otros funcionarios reportaron cifras que no coinciden con la información que se recibe de la Secretaría de Administración (antes Oficialía Mayor), lo que apremia una investigación a fondo.
Otras investigaciones iniciadas se deben a las anomalías que resultaron de algunas auditorías hechas a dependencias de gobierno, sin embargo, se brinda la oportunidad de que aclaren su situación, informó la SFP, aunque no especificó cuáles.
Recientemente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una queja para que se investigue el probable maiceo o soborno a ex diputados de la 60 Legislatura, es decir, un presunto pago de 100 mil pesos que recibieron por parte de Francisco Escobedo y Fernando Soto, secretarios general de Gobierno y Finanzas, respectivamente.
Esto después de que se diera a conocer un audio en Internet, en el que se hablaba sobre el supuesto pago de 100 mil pesos a los ex diputados para que aprueben el presupuesto fiscal 2013; dicha queja también se investiga por parte de la SFP.
