La terna para sustituir a Raúl Brito Berumen al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Zacatecas quedó integrada por un ingeniero civil con doctorado en administración pública que ya había aspirado al cargo en 2019, un abogado corporativo especializado en defender empresas ante auditorías fiscales, y una exfuncionaria del gabinete estatal cuya eventual designación concentra los mayores cuestionamientos.
Javier Alberto Díaz Martínez es ingeniero civil con doctorado en administración pública y docente investigador de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Es el único integrante de la terna con experiencia directa dentro de la institución que aspira a encabezar: actualmente labora en la ASE, donde aparece en el directorio como Auditor Especial “A”. Ha desarrollado expertise en normatividad de la construcción, el desarrollo urbano y la fiscalización de obra pública, con dominio del Código Territorial y Urbano de Zacatecas. No es la primera vez que busca el cargo: en 2019 ya integró la terna que finalmente favoreció a Raúl Brito Berumen, el titular al que ahora busca suceder.
Alejandro Nicolás González de Luna es licenciado en Derecho y socio fundador de G de L Consultores, firma establecida en 2016 en Guadalupe, Zacatecas. Se describe como estratega legal enfocado en litigio y derecho corporativo, y en sus redes sociales precisa que su trabajo consiste en ayudar a empresas auditadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Finanzas, a “evitar ser destruidas”. Ha trabajado en la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo del Estado. Su perfil llama la atención porque su práctica profesional se ubica en el lado opuesto al de quien encabeza un órgano fiscalizador: su especialidad es defender a los auditados, no auditar.
Verónica Yvette Hernández López de Lara es licenciada en Derecho y cursó un doctorado en Administración en la UAZ; ocupó la Secretaría de Administración del gobierno estatal del 2 de febrero de 2022 al 15 de abril de 2025. Actualmente se desempeña como asesora de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, con una remuneración mensual bruta de 182 mil 709 pesos, dato verificable en plataformas de transparencia. Su salida de la Secretaría de Administración estuvo marcada por la difusión de documentos que revelaban una liquidación de 1 millón 831 mil 643 pesos; el gobierno estatal rechazó esa cifra y sostuvo que el pago se realizó conforme a la ley, sin precisar el monto. El medio Agenda Política reiteró que la cifra es verídica y la puso en contraste con lo que la propia Secretaría de Administración ofrecía a burócratas con cerca de 30 años de servicio en programas de retiro voluntario: menos de 500 mil pesos, monto que se reducía conforme al tiempo laborado.
