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miércoles, 19 junio, 2024
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■ El ex funcionario de Sedesol suma dos procesos por contrato ilegales en Hidalgo

Enjuiciarán a Ramón Sosamontes por el desvío de $203 millones

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Por: La Jornada •

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Ramón Sosamontes, ex jefe de la oficina de Comunicación Social en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sea enjuiciado por el desvío de más de 203 millones de pesos mediante contratos ilegales por servicios que no se realizaron y que se habían acordado con Radio y Televisión del estado de Hidalgo, lo anterior durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.

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El Ministerio Público Federal logró revertir la decisión inicial de un juez federal que había decretado la no vinculación a proceso y mediante un recurso de apelación se determinó que existen elementos iniciales de la presunta responsabilidad de Sosamontes en el delito de uso de atribuciones y facultades.

Sosamontes suma con esto dos procesos penales en contra por desvío de recursos públicos que debían ser ejercidos por la Sedesol en programas de combate a la pobreza.

Esta resolución la obtuvo personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), mediante un recurso de apelación contra el auto de no vinculación que se le decretó a Sosamontes en en febrero de 2023.

Lo anterior, por hechos consistentes en que el citado imputado presuntamente contrató indebidamente servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), ocasionando un detrimento a la Hacienda Pública Federal por 203 millones 477 mil 367.63 pesos, ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación, indicó la FGR.

En octubre se dictó el otro auto de vinculación contra el exfuncionario al considerar que existen elementos para procesarlo por un desvío de 353 millones de pesos, al otorgar un contrato con Radio y Televisión del estado de Hidalgo, como pago por servicios que no se realizaron.

Un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México dictó la determinación judicial “por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, contemplado en el artículo 217 del Código Penal Federal, en la llamada estafa maestra.

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