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viernes, 27 mayo, 2022
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Señalan responsabilidades resarcitorias por cerca de 63.5 mdp para nueve municipios

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

■ Piden denunciar por administración fraudulenta a ex funcionarios de García de la Cadena

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■ Es la primera vez que un ayuntamiento no presenta su cuenta pública; archivan 22 demandas

Un total de 63 millones 484 mil 113.69 pesos fue el monto de responsabilidades resarcitorias que se derivó de la lectura de los dictámenes de las cuentas públicas 2014 de nueve municipios, la cual tuvo lugar este martes en la sesión ordinaria del congreso local.

Se trata de las conclusiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en torno al análisis de las cuentas públicas de Atolinga, Cuauhtémoc, Luis Moya, Loreto, Melchor Ocampo, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Pinos y Susticacán.

El mayor monto de recursos que no fueron aclarados en un primer momento por las autoridades municipales corresponde al ayuntamiento de Loreto, por la cantidad de 31 millones 107 mil 946.16 pesos.

Algunos de los señalamientos que hizo la ASE se refieren a “erogaciones realizada en exceso en las percepciones otorgadas al presidente y síndico municipales, así como a los regidores”, por un monto cercano al millón de pesos; y otra cantidad de más de 2.5 millones por gastos de suministro de combustible que no fueron justificados.

En segundo lugar se encuentra Pinos, con una cantidad de sanciones resarcitorios que ascenderían a 11 millones 4 mil 877.06 pesos, de no solventarse las observaciones en el procedimiento que aún está pendiente.

Melchor Ocampo es el tercer municipio con más irregularidades detectadas, teniendo un monto en este concepto de casi 7 millones de pesos; después está Ojocaliente, con más de 5 millones; seguido de Noria de Ángeles con un monto superior de los 3 millones 391 mil pesos.

Los ayuntamientos de Luis Moya y Cuauhtémoc tuvieron señalamientos resarcitorios por poco menos de 2 millones 400 mil pesos; el municipio de Susticacán está en penúltimo lugar con 859 mil 254 pesos y, por último, se encuentra Atolinga con 338 mil pesos de posibles sanciones resarcitorias.

 

Gestión fraudulenta en Trinidad

García de la Cadena

Es la primera vez en la historia de la Legislatura que un municipio no presenta su cuenta pública, aseguró el diputado Arturo López de Lara al referirse al hecho de que el ayuntamiento de Trinidad García de la Cadena no envió para su análisis el documento correspondiente al año fiscal 2014.

Por ello, en el dictamen de la comisión de Vigilancia y la de Presupuesto y Cuenta pública, se propuso no aprobar la cuenta pública de ese año del municipio mencionado, además de que se pidió a la ASE que interponga las denuncias correspondientes por administración fraudulenta y “por la presunta comisión de uno o varios delitos en el manejo de los recursos públicos”.

En este sentido, se estaría solicitando a la Auditoría que inicie procedimientos de responsabilidades administrativas a cada uno de los integrantes del cabildo 2013-2016 de Trinidad García de la Cadena, por no entregar la cuenta pública 2014.

Asimismo, por considerarse esta omisión como una falta grave se propone que la sanción sea la inhabilitación de estos ex funcionarios, lo cual debería ser aprobado por el pleno de la 62 Legislatura local.

De igual manera, de ser aprobado el dictamen, se le instruiría a la ASE a iniciar el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por un monto de 11 millones 868 mil 176.50 pesos.

También, derivado de las “denuncias de hecho” se solicitaría a la Auditoría que interponga las denuncias que correspondan ante la autoridad competente “por la presunta comisión de uno o varios delitos en el manejo de los recursos públicos”.

En el mismo sentido, se pediría al organismo fiscalizador que presente ante las autoridades de impartición de justicia una “denuncia de hechos por administración fraudulenta”.

 

Archivan 22 denuncias contra ex servidores públicos municipales

La falta de resolución en tiempo de 22 denuncias interpuestas durante la pasada Legislatura local en contra de servidores públicos municipales ha provocado que este total de expedientes, que debieron ser analizados y dictaminados por parte de los ahora ex diputados locales, haya quedado archivado y sin posibilidad de emitirse resolución alguna al respecto.

El diputado Luis Medina Lizalde aseguró, al leer el dictamen de la Comisión de Gobernación, que “las conductas en que incurrieron los servidores públicos denunciados en los distintos expedientes pudieron constituir, sin duda, irregularidades que afectaron sensiblemente las administraciones municipales y el entorno social en los municipios”.

Sin embargo, agregó que, debido a que ya entraron en funciones las nuevas administraciones públicas municipales y a que los servidores públicos denunciados concluyeron por tanto su periodo, los efectos de estas demandas han quedado sin efecto “lo que significa que ni los denunciantes ni los denunciados les es posible obtener resolución en algún sentido”.

De ahí, concluyó, que se solicite el archivo definitivo de estos casos, ya que cualquier determinación al respecto “carecería de efectos prácticos”.

Tres de los expedientes se refieren a denuncias por inconformidades en la designación del Contralor Municipal, ya que los promoventes consideraron que se violó la legislación que establece que este nombramiento debe hacerse a propuesta de la primera minoría.

Otros seis exponían violaciones a disposiciones legales por parte del ayuntamiento a la hora de emitir sus acuerdos y, por ello, se solicitaba la nulidad de lo aprobado.

Cinco demandas más hacían referencia a casos de nepotismo al interior de las administraciones municipales; otros tres casos apuntaban a la omisión de los alcaldes de citar a las sesiones de cabildo y en los cinco expedientes restantes se solicitaba la intervención de la Legislatura en relación a gastos y designación de funcionarios municipales.

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