■ Se ha privilegiado el diálogo, pero la libertad de manifestación no debe perjudicar a terceros: MAR
La toma de Ciudad Administrativa por parte de los maestros del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ) ha impedido que se realicen cerca de mil 200 trámites ciudadanos y se procese el pago 30 mil docentes, 9 mil burócratas y la totalidad de proveedores de la administración estatal, informó la administración estatal en un comunicado.
En reunión de gabinete, encabezada por el gobernador Miguel Alonso Reyes, los titulares de las dependencias expusieron las afectaciones que la toma de Ciudad Administrativa ha tenido en sus respectivas áreas, aunque se ha cuidado no afectar a los grupos más vulnerables.
Debido a que la Secretaría de Finanzas (Sefi) no ha podido realizar el proceso para la liberación de recursos, una consecuencia inmediata es la falta de pago de las nóminas, así como de 180 proveedores de los sectores de la construcción y comercio, principalmente.
El primer caso se registra en la Secretaría de Infraestructura, donde 450 empleados de raya, que cobran por semana, no han recibido su salario.
Además, está suspendido el ejercicio de mil 968 millones 238 mil 345 pesos para proyectos y obras, pues no se han emitido los oficios de ejecución y la liberación del recurso.
Uno de los casos más preocupantes expuestos, es el de 45 pacientes que se atienden mediante los Servicios de Salud de Zacatecas que no han recibido el tratamiento de quimoterapia de esta semana, lo que puede poner en riesgo su vida.
Además, la dependencia no ha podido entregar los apoyos de unas 20 personas en promedio que acuden diariamente de comunidades alejadas en condiciones de marginación, quienes son atendidas mediante la beneficencia pública.
Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo manifestó que si bien la administración que encabeza ha privilegiado el diálogo para resolver el conflicto de los maestros disidentes, no es justo que se afecte a terceros.
Como ejemplo se mencionó que en la Sefi están detenidos 800 documentos de inscripción y avalúo catastral, lo que implica que las personas que iniciaron este procedimiento puedan perder los créditos asignados por la tardanza de trámites ante notarios, Infonavit e instituciones bancarias.
También se han dejado de realizar 100 verificaciones por día de vehículos que proceden de otras entidades.
Otra afectación es la falta de trámite de 280 solicitudes de apoyo para vivienda, programa de cemento y atención ciudadana.
“Hemos sido respetuosos y tolerantes ante las manifestaciones de los maestros disidentes, hemos antepuesto el diálogo y la negociación para lograr un acuerdo que beneficie a todas las partes, pero no podemos permitir que los ciudadanos sean los principales afectados”, advirtió Alonso Reyes.
En la reunión se expuso que si bien todas las dependencias continúan su trabajo en sedes alternas, existen áreas de la administración que no pueden utilizar sus sistemas en red para tramitar obras y acciones que involucran recursos federales.
Además, las áreas operativas están en proceso de integración de expedientes de los proyectos para el presupuesto 2014, trámite indispensable para acceder a los recursos del siguiente año.
Ante esta situación el gobernador confió en que se podrá llegar a un acuerdo con el magisterio disidente, pues son conscientes de que la Reforma Educativa no implica la privatización de la educación, la cual seguirá siendo gratuita para la ciudadanía y tampoco se afectan los derechos de los docentes.
El mandatario destacó el respaldo que su administración ha dado al magisterio zacatecano, con quienes ha mantenido una comunicación permanente para atender sus demandas, sin importar el sindicato al que pertenezcan.
De hecho, los propios integrantes del Movimiento Democrático han reconocido la voluntad del gobernador con quien se reunieron apenas la semana pasada.
El secretario de Administración, Le Roy Barragán, dijo que con la toma de Ciudad Administrativa se afectan los servicios de 20 dependencias.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, manifestó que “hay indicios de tintes políticos, y hay intervención de actores y grupos políticos, pero no tengo herramientas para decir que es patrocinado por fulano o sutano o algún partido, pero son actividades que comparten similitud con lo que hacen en una organización a nivel nacional de Andrés Manuel López Obrador, debo decirlo con claridad”.
El uso de la fuerza pública es un recurso que no se descarta, agregó. Sin embargo se quiere agotar la posibilidad del dialogo para no tener reclamos a nivel nacional, ya que este movimiento se efectúa en diferentes estados del país, “aunque toda tolerancia tiene un límite y la fuerza pública sería el último recurso”, expuso el funcionario.
