En el último tramo de su gobierno, el ex gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, ordenó la instalación de un muro formado por contenedores de carga a lo largo de siete de los 600 kilómetros de frontera entre esa entidad y nuestro país. La medida, que supuestamente buscaba abatir el ingreso de migrantes indocumentados, recibió críticas desde múltiples frentes: en primera instancia, se evidenció que no tenía utilidad alguna, toda vez que el paraje donde se ubicaba era tan inaccesible que los traficantes de personas nunca lo han frecuentado –y si lo hicieran, no les representaría ningún obstáculo, ya que las irregularidades del terreno y una deficiente colocación dejaron tantos espacios entre caja y caja que cualquiera podía pasar por ahí–; además, se denunció la afectación al medio ambiente de una importante área de conservación, como se puede constatar en imágenes que muestran una franja defoliada que divide al Bosque Nacional Coronado. Por último, el presunto intento de detener a los migrantes ilegales era en sí mismo ilegal por localizarse en suelo federal sin la autorización requerida, por lo que Washington buscó y obtuvo una orden judicial para su desmantelamiento, efectuado el viernes.
Pese a este esfuerzo de última hora por agradar a las bases más reaccionarias de su partido, Ducey fracasó en su pretensión de relegirse, y hoy, tanto su gobierno como el muro de contenedores, han desaparecido de Arizona, pero su gesto demagógico costó 100 millones de dólares a las arcas estatales (más lo que haya costado el retiro de las cajas metálicas), un daño ecológico incuantificable y una pérdida de tiempo que pudo usarse para abordar la crisis migratoria de manera seria, realista, apegada a las normas y guiada por los derechos humanos.
La fallida barrera de Ducey es una pequeña muestra del derroche presupuestal desatado por la fijación del ex presidente Donald Trump de erigir un muro a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera que comparten Estados Unidos y México. En sus cuatro años en la Casa Blanca, el magnate dilapidó alrededor de 15 mil millones de dólares (unos 285 mil millones de pesos al cambio actual) en edificar apenas 76 kilómetros de barreras totalmente nuevas, otros 53 de vallas secundarias (colocadas detrás de otras ya existentes) y sustituir o reparar estructuras previas en otros 600 kilómetros. Un dispendio colosal que no alcanzó a cubrir ni la tercera parte de su promesa de campaña y que, para colmo, no sirvió absolutamente para nada, toda vez que los migrantes siguen ingresando a territorio estadunidense a tal ritmo que el año pasado las autoridades arrestaron a casi 2 millones y medio en la frontera sur. La evidente futilidad de estas barreras no tiene ningún efecto en disuadir a los políticos conservadores de impulsarlas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien, a diferencia de Ducey y Trump, sí consiguió relegirse, ha prometido continuar la edificación del muro en esa entidad, y sólo en 2021 y la primera mitad de 2022 gastó 3 mil millones de dólares para poner en marcha la Operación Lone Star (Estrella Solitaria, sobrenombre de su estado), enorme dispositivo con el que policías y guardias nacionales estatales se convirtieron en cazadores de migrantes.
Sólo puede especularse acerca de cuál sería el escenario actual si los dirigentes de la superpotencia hubieran empleado todos esos recursos en fomentar el desarrollo económico de las principales naciones expulsoras de migrantes, en vez de gastarlos sin otro sentido que el de azuzar los instintos xenofóbicos y racistas de los sectores más retrógrados de su propia sociedad. De lo que no cabe duda es de que el camino seguido ha tenido un enorme costo financiero para los contribuyentes, sin entregar resultado alguno en la consecución de sus propósitos declarados.
