Una de las primeras iniciativas de reforma constitucionales, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue la que modificó el artículo 4°, párrafo cuatro, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que ahora prescribe: «Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social».
Y por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) del gobierno federal, en su eje rector II, relativo a Política Social, establece como línea de acción, la salud para toda la población, cuyo objetivo es que todas las personas tengan acceso a las instituciones y modalidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), y tengan derecho a recibir atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación.
De acuerdo con la línea de acción referida, en 2019 se creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual apenas tuvo tiempo de establecer convenios con algunos estados, cuando inició la pandemia del Covid-19. A partir de ese momento, el gobierno inició un plan de respuesta rápida para retrasar, lo más posible, el crecimiento del número de personas infectadas, sobre todo las que fueron afectadas de manera grave. Se decretaron medidas de sana distancia y operativos inmediatos para comprar materiales de protección para el personal de salud, medicamentos, ventiladores, y otros equipos, para acondicionar, con premura, salas de terapia intensiva en hospitales en funciones, y en otros que, estando inconclusos, se habilitaron con rapidez, cuyo resultado fue que no padecimos la muerte de enfermos graves a las puertas de las instituciones.
México, y el resto del mundo, se enfrentaron en una ruda competencia para conseguir esos insumos en distintos países, en la cual jugaron un papel sobresaliente nuestro servicio exterior, y el grupo encargado del INSABI. Desde el principio se tuvo conciencia de que no éramos autosuficientes en lo que requeríamos, y que no existía ninguna infraestructura para producir vacunas. Se había apostado todo a los proveedores privados. Lo peor fue cuando conocimos la gran cantidad de enfermos crónicos existentes en México, los que, junto a los adultos mayores, seríamos los más afectados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OPS), México respondió bien ante el reto, sobre todo en la habilitación de los grandes institutos de salud, y cuando fue de los primeros países que consiguieron lotes de vacunas, y desarrolló operativos muy eficaces para el traslado y aplicación de las dosis. Los centros de vacunación de la Ciudad de México desarrollaron procedimientos rápidos y eficaces que se extendieron a las entidades y a distintos países.
Ante el hecho real e imprevisible de que la pandemia detuvo la implementación del INSABI, para cumplir el PED, el gobierno federal decidió aprovechar la existencia, desde 1979, del programa IMSS-BIENESTAR, para extender los servicios de salud a todo el territorio nacional, en beneficio de las personas sin seguridad social, así como de núcleos de población en extrema pobreza y de alta y muy alta marginación, y que, a lo largo de 43 años, ha demostrado su eficacia, eficiencia y calidad, y que ahora se ha consolidado mediante la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), diseñado con la asesoría de la OPS, que brinda atención médica y medicamentos gratuitos, con presencia actual en 19 entidades federativas, con lo que se ha beneficiado a 11.6 millones de personas a nivel nacional.
A partir de un diagnóstico efectuado, en el territorio nacional, sobre la situación de la infraestructura, cobertura, personal y equipamiento, se concluyó que el MAIS del Programa IMSS-BIENESTAR, cuya base es la Atención Primaria a la Salud, actualmente administrado con éxito y madurez institucional por el IMSS, permite transformar los sistemas de salud de los estados de la República y, al mismo tiempo, avanzar en el reto de garantizar que todas las personas sin seguridad social accedan a dicho modelo. Se asumió que el programa IMSS-BIENESTAR requería expandir su capacidad operativa, a fin de otorgar servicios de salud conforme a su modelo de atención, a favor de la población sin seguridad social. Para tales efectos, se consideró pertinente crear un Organismo Público Descentralizado (OPD) dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa y de gestión e integrada con profesionales, técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel, así como con infraestructura y equipamiento suficiente, se denomina IMSS-Bienestar y podrá coordinarse con todas las institucionas de salud federales y estatales, y con las entidades federativas, lo que le permitirá coadyuvar en la construcción del SPS en todo el territorio nacional.
Ese nuevo organismo federal iniciará funciones en Zacatecas el 1 de julio próximo, y los zacatecanos deberemos estar atentos para que pronto tenga resultados parecidos a los obtenidos en las entidades donde ya está en funcionamiento.
