Históricamente los municipios del estado han sido poco observados por la Auditoría Superior de la Federación, mencionó Humbelina López, titular de la Secretaría de la Función Pública del estado, porque en la última cuenta pública fueron cinco los observados.
“Recordemos que con antelación, prácticamente todos los municipios eran observados, hoy la Auditoría Superior de la Federación me dice que va a supervisar a todos los municipios para comenzar auditorías colmena, es decir, una supervisión integral”, explicó la funcionaria.
Sin embargo, destacó que los esfuerzos se han centrado en instancias estatales, porque la secretaría ha emitido 59 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra de servidores públicos de la anterior administración estatal, de los cuales ninguno ha recibido, como sanción, la privación de su libertad.
Aclaró que a la secretaría sólo le toca sancionar las faltas no graves aplicando sanciones como la inhabilitación, por lo que no es la instancia a la que “por competencia legal” le toque meter a la cárcel a funcionarios corruptos, sólo le toca emitir la denuncia.
No obstante, aseveró que “una política pública de esta nueva gobernanza es el combate frontal a la corrupción, sin miramientos”.
En la mayoría de las denuncias ante la Fiscalía, están involucrados funcionarios por gastos injustificados en insumos como combustible, contratación de asesorías y reparación de vehículos en dependencias como las secretarías de Educación, de Desarrollo Social, del Campo.
Asimismo, calificó como “histórico”, no sólo el haber emitido tantas denuncias ante la Fiscalía, sino el que la SFP haya sancionado con 270 años de inhabilitación a servidores públicos.
Además, se tienen más de 50 años de inhabilitación para ex funcionarios de la Secretaría de Economía por intentar vender predios sin cumplir los procedimientos legales como la elaboración del dictamen de factibilidad.
Humbelina López reconoció que este bloque de sanciones aún está en el proceso de amparo en instancias federales “son sentencias que no tienen todavía su firmeza, el derecho administrativo permite a los presuntos responsables impugnar, irse a juicio, no solamente a instancias locales, sino a instancias federales”.
