La paridad de género en el Congreso de Zacatecas no se ha traducido en una agenda legislativa sustantiva para las mujeres, advirtió la investigadora Reyna Marisol Hernández Herrera al presentar avances de su investigación, basada en la revisión de 355 gacetas parlamentarias de la 64 Legislatura (2021-2024).
De acuerdo con la doctorante de la Unidad Académica de Ciencia Política (BUAZ), la primera legislatura local integrada bajo el principio constitucional de paridad avanzó poco en materia de derechos sexuales y reproductivos, políticas de cuidado, salud y derechos laborales, pese a que se trata de rubros centrales de inequidad para las mujeres.
Hernández Herrera explicó que la subordinación de diputados y diputadas a intereses partidarios, la inequidad en los roles y en el reparto de comisiones, inciden en que “las necesidades, intereses y exigencias de las zacatecanas en el ámbito legislativo” tengan poca materialización en leyes o políticas públicas.
La producción legislativa durante el periodo analizado se concentró en los ejes de representación política y toma de decisiones, así como en violencia contra las mujeres, rubros en los que se aprobaron iniciativas orientadas principalmente a la armonización normativa y a la tipificación de conductas penales, como la violencia vicaria, la violencia ácida y la violencia mediática, además de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.
En contraste, son escasas las propuestas orientadas a revertir desiguales estructurales, señaló la ponente.
Advirtió incluso que algunas iniciativas aprobadas no solo no están orientadas a la defensa de los derechos de las mujeres, sino que resultan regresivas u hostiles, como aquellas relacionadas con la maternidad subrogada, que, explicó, inciden en la cosificación y mercantilización del cuerpo de la mujer, con efectos especialmente adversos para mujeres en condiciones de mayor pobreza.
En el eje de derechos sexuales y reproductivos, se presentaron siete iniciativas, pero solo fue aprobada la concerniente a la objeción de conciencia del personal médico, dentro de la Ley de Salud del Estado. Las propuestas relacionadas con la despenalización del aborto no avanzaron en el proceso legislativo.
Una sola iniciativa en materia de derechos laborales fue aprobada, de tres propuestas. “No estamos hablando de legislaciones que de manera directa inciden para que las mujeres puedan revertir la precarización”, señaló la investigadora al precisar que la iniciativa tenía por tema el empoderamiento empresarial de mujeres y programas para mujeres en el campo.
Reyna Marisol Hernández señaló que incluso en ejes que concentran números elevados de iniciativas, como niñez y desarrollo, y derechos sociales, el énfasis se mantuvo en el aumento de sanciones o en pretender implementar cambios culturales de mediano y largo plazo, como licencias de paternidad o políticas de menstruación digna, sin traducirse en mecanismos efectivos para garantizar el acceso real a derechos o a políticas públicas de alcance estructural.
