Bárbara Tuchman escribió en 1984 La marcha de la locura, en la que describe como el llamado “arte de gobernar” es el que menos ha logrado sentar base sustancial entre todas las ciencias u oficios que ha desarrollado el hombre. En el texto hace un recorrido por cuatro ejemplos históricos de ello: la ingenuidad de los troyanos al aceptar el mítico Caballo de Troya de parte de sus adversarios, pese a las advertencias de algunos de sus propios conciudadanos; el cisma de la Iglesia católica, provocado por la cerrazón y vicios de los papas a los que les correspondió atender la crisis de reclamos derivados de abusos y privilegios que distinguieron a la institución religiosa previa la aparición de Lutero y los protestantes; la falta de astucia, inestabilidad política y carencia de estadistas que llevó a Inglaterra a una confrontación con las colonias inglesas, lo que derivó en la independencia de éstas y la pérdida de oportunidad para constituir una confederación que pudo haber sido el imperio más poderoso durante los siguientes tres siglos; finalmente, la serie de errores que llevaron a los Estados Unidos a la guerra de Vietnam, cuyos resultados forman parte de la historia reciente del mundo, por la derrota desastrosa y las consecuencias políticas que tuvo para este país, tal conflicto en Asia. En todos los casos lo que tenemos es una cerrazón a quiénes tomaron las decisiones a escuchar las advertencias; una ambición, sea de poder o material, que ignora toda llamada a la prudencia y una apuesta por el éxito que sobrepasa todo análisis racional.
Creo que, en relación a lo que se ha venido conociendo respecto a la propuesta conocida como Reforma Judicial, podemos encontrarnos en una situación similar. No han sido pocos los que, incluso afines al proyecto ganador en las urnas el pasado junio, han advertido que la propuesta de reforma no parece ser la solución necesaria ni aconsejable para realizar una transformación en el ámbito de la justicia. Me remito, por ejemplo, a Gerardo Esquivel, quien, en su última columna en el diario Milenio, expresa sus dudas respecto a la solución e incluso la advertencia de que la solución de elección abierta de jueces, magistrados y ministros, agravar los problemas en ese frente. Viridiana Ríos, también en el mismo medio, incluso ha llegado a advertir que sí la reforma no mejora el acceso a la justicia, será el proyecto que la está proponiendo quien pague las consecuencias políticas y electorales, pues, “el electorado podrá trazar una línea directa a quien es el culpable”.
Aún hay oportunidad para hacer cambios a la propuesta; de hecho, hay avances. El que el dictamen plantee que serán los ministros y magistrados los que se sometan a elección y solo las vacantes de jueces, además de que la realización de dichas elecciones lo serán en dos momentos distintos, de forma tal que dicha implementación sea gradual, permite aspirar a que aún puedan hacerse modificaciones. Aun cuando está en duda que la elección popular para dichos funcionarios judiciales sea un mandato popular expreso y mayoritario (puede verse la encuesta publicada por El Financiero el pasado lunes 19 de agosto), es viable que tal propuesta se realice en ámbitos de la justicia local, que es, como se ha dicho, la instancia donde más asuntos se resuelven; e inclusive puede darse, como lo hizo la reforma en materia penal y laboral, por entidades, de tal forma que la implementación tenga oportunidad de ser evaluada y en su caso replanteada. No debiera causar escándalo que un proyecto político que se define como transformador, pretenda reformas de este calado. Al fin, esa ha sido su oferta política desde que surgió; ello sin embargo no quita que se actúe con responsabilidad, seriedad y generosidad, atendiendo al propio resultado en el que se basa su optimismo: las urnas. Éstas dijeron el pasado junio que hay un contundente respaldo para el proyecto que habrá de encabezar Claudia Sheinbaum, pero también que, para el caso del Congreso de la Unión, hay un mandato de compartir el poder y equilibrar las decisiones. Más allá de lo que se defina estas semanas en relación al reparto de curules y escaños en las Cámaras federales, lo cierto es que, tanto en la independencia, como en la reforma, la revolución y el cardenismo (del general Lázaro, desde luego), siempre hubo contención, deliberación y equilibrio. Aún hay oportunidad para optar por una reforma que escuche a los expertos, atienda las críticas y, sin ceder su esencia ni sustancia, realice ajustes que permitan ir midiendo sus resultados, pero aún más, sus impactos. Estamos a tiempo y nos incumbe a todos.
@CarlosETorres_
