“El secretario general mantiene la representación formal del proceso, más debe siempre supeditarse a lo que las delegaciones le mandaten a través del comité de huelga”. ¿De qué proceso mantiene la representación legal el secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ)? En particular del proceso de huelga. Pero no decide por sí mismo, pues el Estatuto no le concede esos atributos. Debe consultar al comité de huelga, donde están representadas las delegaciones sindicales. Y en última instancia debe convocar a la Asamblea General para decidir respecto del destino del estallamiento de huelga. Al menos esa era la postura del denominado Grupo Plural en 2022. ¿Qué aconteció durante el desarrollo del emplazamiento a huelga en 2023, ahora conducido por la Dra. Jenny González Arenas, en su momento férrea crítica del Ing. José Juan Martínez Pardo? En palabras fatales: un desastre. A continuación, se argumenta este punto de vista. Para esto se debe tener una visión profunda del acontecimiento, situarlo en una narrativa histórica. Se debe recordar que existe una reforma estatutaria en suspenso y un padrón anulado por el Tribunal Laboral de la Región Centro Sur. Este órgano jurisdiccional acordó una medida precautoria contra el SPAUAZ debido a que la Dra. González construyó un padrón “político” en el que excluía sindicalizados -hasta 600 agremiados con derecho a voto-para lograr aprobar un estatuto autoritario y violatorio de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aquí queda el indicio del talante antidemocrático de la alianza de intereses corporativos que manipula al sindicato. No paró ahí, pues instauró una política de “desconocimiento” de delegaciones sindicales cuando los delegados electos no eran afines al “pensamiento único” de la dirigencia sindical. De la misma manera aisló, en el comité ejecutivo, a los secretarios y coordinadores ajenos a la visión de sindicato vertical propuesta por sus asesores. También volvió “opaco” el proceder del sindicato respecto de los recursos de los agremiados, pues dejó de presentar informes financieros tal cual lo mandata la LFT. No citó con la periodicidad estatutaria a la Asamblea General y durante el proceso de emplazamiento a huelga 2023-2024 volvió a construir un padrón excluyente, así como anuló la participación del Comité de huelga y, por ende, canceló las instancias colectivas de decisión sindical. Resulta claro, pues, que se apropió de la conducción del plebiscito y desató una campaña en favor de la huelga, en la que gastó una ingente cantidad de recursos de todos los miembros del SPAUAZ. Cualquiera de estas acciones amerita una sanción de acuerdo al Estatuto, ya que se tomó atribuciones que no le corresponden, dejó de representar al gremio en su conjunto, dilapidó recursos del SPAUAZ sin anuencia de las instancias correspondientes y, al negarse por nueve meses a integrar la representación sindical de la Comisión Mixta de Admisión, Adscripción y Promoción causó daño patrimonial a todos aquellos que no pudieron promoverse de nivel por su irresponsabilidad. Peor aún, a pesar de que sus acciones fueron denunciadas por el grupo de “Delegaciones sindicales democráticas” continuó con los engaños a los agremiados en los medios masivos de comunicación. Ninguna de estas atrocidades es un “error”, son definiciones políticas cuyo fin es tratar de acrecentar su base de adictos con vistas al proceso sucesorio de 2025 en la rectoría. Todas las acciones anteriores fueron combatidas en las instancias estatutarias y en los tribunales jurisdiccionales. Perdió en todas, pero nunca dejó de intentar arrebatar. La situación para la Dra. González y su grupo parecía clara frente al emplazamiento a huelga: una reforma estatutaria parada, una serie de demandas en curso, padrón anulado. ¿Qué movimiento político le quedaba?, intentar estallar una huelga para recomponer las cosas, para extorsionar con fuerza. No contaba con la participación decidida del grupo de “Delegaciones sindicales democráticas” que se apersonó el día del plebiscito (14 de febrero de 2024) para cuidar el voto pues el fraude estaba anunciado con un padrón pletórico de exclusiones. Tanta fue la presión que se logró que 20 personas con derecho a voto, pero excluidas, pudieran votar. Al final no se impuso la huelga. Y ante esa situación, que colocaba en graves aprietos a quienes apostaron por paralizar la universidad y obtener dividendos políticos, cometieron un grave error que equivale a un despojo contra los agremiados. La Dra. Jenny González Arenas no acudió a la hora señalada (las 12 del mediodía del viernes 15 de febrero de 2024) a negociar la última propuesta de rectoría, a ver si podía rescatar algo. Dejó que pasaran los tiempos y el actuario declaró la inexistencia de la huelga. Con eso concluyó el proceso de emplazamiento: con nada para los docentes debido a la irresponsabilidad de la Dra. González y sus asesores, pues la firma de un convenio con la rectoría carecía de todo sentido ya que la ausencia de banderas al culminar el plazo fatal liquidaba el proceso. Cuando se dio cuenta del error, volvió a la mentira descarada y a la propaganda tenaz: es acción abominable de la rectoría negarse a firmar un convenio. La dra. González y sus secuaces fustigaron al Ing. José Juan Martínez Pardo por firmar un convenio con la rectoría, ahora ni eso existe.
El SPAUAZ en su laberinto: los errores Alberto Vélez Rodríguez
